El crimen del militante XXVIII

Al finalizar el alegato de la Fiscalía, comenzaron a exponer los defensores, el primero de ellos, Froment, abogado de Pedraza, quien reclamó la absolución del acusado por considerar que “no se ha aportado prueba contundente alguna” contra el ex líder del gremio de los ferroviarios y que “todas las acusaciones contra él fueron basadas en suposiciones”.[1]

Para el defensor, Pedraza fue “un objetivo político y económico” del PO ya que el acusado “es un viejo dirigente sindical” y “la única forma de sacarlo era con una situación como ésta”.

Froment sostuvo que se trató de una “causa armada” por la Justicia en al etapa de Instrucción, al tiempo que defendió las cooperativas al señalar que éstas “fueron creadas para emplear a ferroviarios desempleados durante la etapa de privatizaciones”.

Y, por último, el abogado aseguró que “el poder político de la UF no estaba sostenido por la exclusión de los tercerizados”. [2]

A su turno, el martes 5 de marzo, alegaron los defensores de Fernández y Sánchez, que solicitaron la absolución de ambos imputados.

Alejandro Freeland, abogado de Fernández, consideró que la acusación de su defendido se trata de “un relato desmesurado, infundado y ficcional”, dijo que no se sabe quién mató a Ferreyra y baleó a los otros tres militantes y también describió al grupo que se manifestó a favor de los mercerizados como “agresivo” y decidido a “confrontar”.[3]

Sobre los llamados entre Fernández y el acusado Díaz, en tanto, Freeland explicó que “hablaban de fútbol, porque uno es de Independiente y el otro de Racing”.[4]

Por su parte, Gustavo D´Elia, defensor de Sánchez, sostuvo que se “desmorona” la hipótesis de que hubo “un plan criminal” que planteó al Ministerio Público Fiscal cuando la Fiscalía decidió no acusar a Uño y Pérez, y afirmó que el testigo protegido Carlos Díaz que complicó a su defendido era, en realidad, “un arrepentido”. [5]

Mientras que en la audiencia del viernes 8, Mario Frenzel y Claudio Armando, los defensores de los acusados Díaz y Pipitó, respectivamente, también pidieron que ambos sean absueltos.

Frenzel señaló que la movilización a favor de los mercerizados, “acompañada de una militancia constante” y el “activismo periodístico” hicieron que “la hipótesis del complot de la burocracia sindical fuera receptada sin ninguna oposición”, y que “la omisión del Estado” fue “la causa principal” del crimen de Ferreyra.[6]

Sobre cómo ocurrieron los hechos, este defensor también sostuvo, al igual que los abogados del resto de los acusados, la versión de la “riña”.

A su turno, Armando negó todos los cargos que pesaban sobre Pipitó y dijo que el equipo periodístico de C5N tenía "problemas emocionales" y buscó "quince minutos de fama”.[7]

El martes 12, realizó su alegato la defensora de Favale, María Florencia Hegglin, quien pidió la absolución del imputado al asegurar “toda la acusación se basa en prueba testimonial”.[8]

“No hay imágenes de Favale disparando”, afirmó la letrada que cuestionó los testigos que complicaron a su defendido ya que consideró que “desde el comienzo de la causa se instaló a Favale como el tirador”. [9]

El jueves de la misma semana alegaron los defensores de los acusados Alcorcel, González y Pérez que, al igual que los abogados de los otros imputados, pidieron la absolución.

Las letradas Sandra Arce y Ana Piñones dijeron que no existían pruebas en contra de Alcorcel, que ninguno de los imputados era el asesino de Ferreyra y que la causa se trataba de un "plan ideado luego de cometido el crimen porque "necesitaban un pez gordo, pero para eso antes tenían que pasar por un cardúmen de pececitos". [10]

Por su parte, Daniela Grisetti, defensora de González, negó que el acusado haya amenazado a los periodistas de C5N para que dejaran de filmar los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010.

Mientras que el abogado de Pérez, Mario Laporta, trató de refutar los dichos del testigo, José Sotelo, quien comprometió a su defendido.

El viernes 15, alegaron los abogados Oscar Igounet y Cintia Maio, defensores de Uño, quienes sostuvieron la inocencia del acusado; y los letrados Raúl Bednarz y Pablo Karklins, representantes del imputado Mansilla, que señalaron que no hubo abandono de persona y que la policía "hizo lo que tenía que hacer".

Luego, en la jornada del martes 19, Carlos Ignacio Ríos y Alexia Federica Dimiropoulos, defensores del policía Ferreyra, dijeron compartir con la acusación del PO que el hecho ventilado en el debate se trató de "un crimen político" pero sostuvieron que el lineamiento del supuesto "plan criminal" fue "oscuro" y que debió ser mejor precisado.

También señalaron que ambos acusados "ignoraban los intereses laborales y económicos que estaban detrás de este conflicto" y negaron que hayan cometido abandono de persona ya que los manifestantes eran "jóvenes", tenían "palos y gomeras" y, por ende, no se hallaban en un "estado de indefensión". [11]

En base a lo expuesto, los letrados solicitaron la absolución del acusado.

Por su parte, el letrado Hilario Lagos, defensor del subcomisario Echavarría, también reclamó la absolución, habló del "desconocimiento" que había en la DGO sobre lo que realmente ocurría en Barracas y se quejó de que la "política" entró al caso. [12]

El jueves de la misma semana comenzó su alegato la defensa de Garay, a cargo del abogado Mariano Maciel, quien culminó al día siguiente junto a las de los letrados Jorge Luis Del Valle Alvarez Berlanda y Valeria Corbacho, letrados de los acusados Conti y Villaba, y todos solicitaron la absolución.

Por último, el martes 26 de marzo concluyó la etapa de alegatos con la exposición de la defensa del policía Lompizano que sostuvo que el acusado no tuvo ninguna relación con los hechos y que "nada hacía suponer" lo que ocurriría minutos después de las 13.30 de aquel el 20 de octubre de 2010, "ni la presencia de ferroviarios, ni el primer enfrentamiento".[13]

El crimen del militante XXVII

El martes 26 de febrero comenzó el alegato de la fiscal María Luz Jalbert, quien, por decisión de la Procuración General, estuvo acompañada por sus colegas Carlos Gamallo y Mariano Domínguez.

Según Jalbert, quedó “plenamente acreditado” que el acusado “Pedraza como secretario general de la UF ordenó y consecuentemente determinó a Juan Carlos Fernández, secretario administrativo, para que el 20 de octubre de 2010 se convocara a trabajadores de la línea Roca a la estación Avellaneda y echaran con todo lo necesario, incluso el uso de armas de fuego, a los empleados mercerizados”.[1]

Y continuó: “En función de lo ordenado por Pedraza, Fernández ordenó y destinó a Pablo Díaz, secretario de la comisión reclamos de la UF, para que cumpliera la orden, quedando a su cargo los detalles del plan. Esa orden se cumplió”.[2]

“En Luján y las vías (en el barrio porteño de Barracas), Díaz ordenó el avance de todos para que con la cobertura del grupo a su mando los imputados Favale y Sánchez y otro dispararan contra los manifestantes. Cumpliendo lo acordado con Díaz, concluyeron el plan disparando conjunta y simultáneamente”, agregó la fiscal.[3]

De acuerdo a la reconstrucción de Jalbert, “el imputado Favale desde el medio de la calzada y Sánchez, parapetado entre un árbol y un automóvil, y al menos un tercer individuo que no ha podido ser individualizado comenzaron a realizar disparos de armas de fuego hacia los manifestantes, un disparo alcanzó y se llevó la vida de Mariano Ferreyra”.[4]

La fiscal concluyó que, además, los imputados Pedraza y Fernández “mantuvieron contacto permanente con Díaz en el lugar de los hechos” y fueron informados “en todo momento de lo que estaba ocurriendo” mientras se encontraban en la sede de la Unión Ferroviaria.

En tanto, Jalbert consideró que los acusados Uño y Pérez habían recibido el arma supuestamente utilizada por Favale, en lo que consideró un hecho de “encubrimiento” y no de participación en el “homicidio agravado” de Ferreyra, por lo sostuvo que la fiscalía no tenía interés punitorio en ambos casos.

Ante esa situación, los defensores de los dos acusados reclamaron la inmediata liberación de ambos, a lo que el Tribunal accedió.

Finalmente, en la audiencia del viernes 1 de marzo, la fiscal Jalbert pidió que Pedraza y Fernández fueran condenados a prisión perpetua como “instigadores” del “homicidio agravado” del militante del PO y de las tentativas en perjuicio de los otros tres compañeros del joven asesinado.

Por el mismo delito, pero en calidad de “coautores”, la fiscalía reclamó la misma pena para Díaz, Sánchez y Favale; en tanto que solicitó 10 años de prisión para Alcorcel al considerarlo un “partícipe secundario”.

En el caso de los ferroviarios González y Pipito, Jalbert pidió 9 años de prisión al entender que actuaron como “partícipes primarios” del homicidio pero en grado simple, no agravado.

Respecto de los policías acusados, la fiscalía entendió que Lompizano, Mansilla, Echavarría, Ferreyra, Garay y Conti “no hicieron nada” a pesar de que conocían “la existencia y el tenor del conflicto entre los ferroviarios y los mercerizados” y que tuvieron la posibilidad de “tomar medidas que evitaran la exposición al peligro de la vida e integridad física de las personas indefensas”.[5]

El Ministerio Público Fiscal acusó a los efectivos del delito de “abandono de persona” y requirió una pena de 10 años para Lompizano y Mansilla; nueve para Ferreyra; ocho para Echavarría y siete para Conti y Garay; mientras que decidió no imputar a Villalba.

El crimen del militante XXVI

Los alegatos en el juicio por el crimen de Ferreyra debieron haber empezado el viernes 15 de febrero, sin embargo, la audiencia se pospuso porque el comisario Lompizano, uno de los policías acusados, no se presentó ante el tribunal que, ante esa situación ordenó su detención.

El TOC 21 dispuso que los alegatos comenzaran el martes 19 a instancias de la fiscal María Luz Jalbert quien justificó el aplazamiento ya que la ausencia de alguno de los acusados podía atentar contra las garantías procesales del debate.

Según la abogada Norma Bouyssou, defensora de Lompizano, éste había viajado el fin de semana anterior a San Martín de los Andes y no pudo conseguir pasaje para regresar a tiempo. La fiscalía sostuvo que el acusado no había pedido autorización ni notificado al tribunal sobre ese viaje, a lo que la letrada indicó que no debía hacerlo porque no pesaba sobre él ninguna medida restrictiva de su libertad.

El contrapunto también se generó porque desde el lado acusador señalaron que Lompizano se había ido de vacaciones, mientras que la defensora argumentó que había viajado por un problema familiar.

Finalmente, el comisario imputado se presentó al día siguiente del aplazamiento del inicio de los alegatos en el Departamento Central de la Policía Federal donde quedó detenido hasta la audiencia del martes.

Ese día fue el turno del alegato de los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de la familia de Ferreyra.

Los letrado señalaron a los acusados Pedraza y Fernández como los “instigadores” del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Bajo esa misma calificación, Bovina y Medina acusaron a los delegados Díaz y González, a los ferroviarios Pipito y Sánchez, y a Favale como “coautores”; y al delegado Alcorcel y los policías Lompizano, Mansilla, Ferreyra, Echavarría, Garay y Conti como “partícipes necesarios”.

Para todos estos imputados, los abogados pidieron la pena de prisión perpetua, en tanto que solicitaron cuatro años de cárcel para Pérez y el picaboletos Uño por el “encubrimiento agravado” del crimen; y de un año en suspenso para el efectivo Villalba, acusado de “omisión de deberes de funcionario público”.

“En nombre del CELS, del movimiento de derechos humanos de Argentina y de esta mujer (en referencia a Beatriz Rial, madre del joven militante del PO asesinado) que hace dos años espera en silencio, una sentencia que otorgue justicia completa y abarcativa para poder dar vuelta la página y volver a empezar”, señaló el letrado Medina. [1]

Para los abogados del CELS, el crimen de Ferreyra fue la “máxima exposición de cómo se ejercía el poder en la Unión Ferroviaria (UF) bajo el mandato de Pedraza, un mecanismo que le permitía hacer grandes negocios con el sudor y la sangre de los trabajadores”. [2]

Según expresó Medina, los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 formaron parte de “un plan criminal ejecutado fría y cobardemente para amedrentar a quienes reclamaban por sus derechos”, y que los agresores “participaron de la cacería humana”.[3]

Bovino, por su parte, explicó que Pedraza y Fernández “armaron el plan para matar y generaron dolo en los autores” materiales del hecho y “evitar futuros reclamos de otros tercerizados, mantener la hegemonía política de la UF y conservar poder económico”. [4]

En ese sentido, los querellantes indicaron que el acusado Díaz fue el “encargado de coordinar al grupo de choque” y quien “traspasaba las órdenes de Fernández y Pedraza”, además de mantener una “relación de confianza” con Favale.

Para los abogados, el sindicado barra brava “llegó al lugar con un grupo de 20 personas, se encontró con aquél (por el imputado Alcorcel), se unió a los ferroviarios, se reunió con Díaz para ultimar detalles del ataque, comenzaron las corridas y disparó”. [5]

Respecto de la actuación de los policías acusados, los querellantes señalaron que “no hicieron nada. Todos, a excepción de Villalba, estaban en condiciones de haber cumplido las órdenes del día que incluía medidas de prevención de los hechos, de negociación con los líderes de cada bando...”, concluyó Medina. [6]

Los alegatos continuaron el viernes 22 de febrero con la exposición de las abogadas Claudia Ferrero del PO y María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en representación de los militantes heridos en los mismos hechos, Rodríguez y Aguirre.

Esta querella pidió que todos los acusados sean condenados a 25 años de prisión por el delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa”.

Las letradas consideraron a Pedraza y Fernández como “los instigadores” del crimen, a Favale, Sánchez y Díaz como los “coautores” materiales y al resto de los acusados de “partícipes necesarios”.

Y a diferencia del alegato del CELS, esta querella pidió que se investigue la presunta participación de funcionarios públicos de aquel entonces en lo que denominó un "plan criminal" del que "la UF, UGOFE y el Estado son los tres pilares".[7]

En ese sentido, señalaron que el asesinato del joven militante del PO “se trató de un crimen político contra la clase obrera” para "defender los negocios de la burocracia sindical en los que la patronal empresaria y el Estado son socios". [8]

Además, pidieron que en caso de ser condenados, los policías acusados que se encuentran en libertad queden inmediatamente detenidos.

El crimen del militante XXV

El lunes 4 de febrero de 2013, el juicio por el asesinato de Ferreyra continuó con una inspección ocular en la escena del crimen. El tribunal, los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados de las distintas partes del proceso arribaron a Avellaneda cerca del mediodía bajo un operativo de seguridad a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional. Mientras ninguno de los imputados concurrió al lugar, militantes del PO acompañaron la diligencia.

El primer lugar visto fue el Puente Bosch y donde los manifestantes subieron a las vías ferroviarias y se iniciaron las agresiones. Luego, los funcionarios transitaron por Luján, hasta Santa Elena, en Barracas, donde el grupo que marchaba a favor de los tercerizados realizó una asamblea en la que decidió retirarse. Después se trasladaron hasta la esquina Perdriel, donde Ferreyra fue baleado y finalmente la calle Limay, donde Rodríguez cayó herida. Ya de regreso al punto de partido, pasaron por el playón de Chevallier, donde el equipo periodístico de C5N fue amenazado. Desde allí, volvieron por Luján, subieron el terraplén, cruzaron el puente hacia el lado de provincia, caminaron por las vías hasta la estación Yrigoyen, pasaron por un viejo local del PO y concluyeron el recorrido en la estación Avellaneda.

Al día siguiente, el debate continuó con la reproducción de escuchas telefónicas incorporadas en el expediente durante la etapa de instrucción de la causa. En una de ellas, se escuchó un diálogo que mantuvieron el 14 de enero de 2011 el imputado Pedraza y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

También se reprodujo una comunicación telefónica entre Pedraza y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que ambos mantuvieron el 11 de enero tras los primeros allanamientos a los acusados de la Unión Ferroviaria.

La etapa de incorporación de pruebas en debate oral concluyó el viernes 8 de febrero, con las últimas dos declaraciones, primero la de uno de los policías acusados, Lompizano, y luego la del imputado como autor material del homicidio, Favale.

Lompizano, quien el 4 de marzo cumpliría 39 años de servicio en la Policía Federal, dijo: “Nunca imaginé que mi carrera iba a terminar así, abruptamente, imputado en un caso tan doloroso e importante como este”. (3)

Y luego intentó desligarse al responsabilizar a la División Roca que le envió reportes que los llevaron a pensar que “no pasaba nada” en el corte de vías en favor de los tercerizados.

Cerca del mediodía, el acusado Favale hizo una breve declaración en la que se remitió a sus tres indagatorias prestadas durante la etapa de instrucción y en la que no aceptó responder preguntas.

“Antes que nada, quiero dejarles algo claro, volver a decirles que no cometí el hecho que se me atribuye, que es cierto que estuve en el lugar de los hechos, que inclusive llevé un grupo de pibes que se ve junto a mí en los videos, que insultamos, tiramos piedras, alentamos, saltamos, pero jamás llevé armas”, afirmó el imputado. (4)

“Como se sabe, estuve en actos ferroviarios. Era la manera de demostrar el interés en el trabajo que quería conseguir. Por eso, llevé gente, bombos, redoblantes, me puse la gorra y la pechera en los distintos actos. Era la forma de apoyar a los ferroviarios. Pero nunca hubo armas o disparos. Sí insultos, empujones, pero jamás hubo disparos, y me pregunto por qué en este sí. Y no lo entiendo. Ni lo voy a entender aún después de este juicio. No lo voy a entender”, continuó. (5)

Luego, Favale se refirió al testigo Alejandro Benítez: “El testigo encubierto, el testigo protegido… el testigo protegido me acusó de algo que no cometí. (…) Él fue la primera persona que me acusó el 21 de octubre de 2010; me acusó falsamente, instaló mi imagen en todos los medios de comunicación, desvió y corrió la mirada hacia otra persona y evitó ser investigado él mismo”. (6)

El acusado dijo que fue en el juicio que él se enteró que “Benítez era uno de los que corría armado en primera línea y muchas veces lo vieron en los videos al lado de quiénes corría”. (7)

“Él (por Benítez) tendría que estar acá con nosotros, señores, sentado acá con los imputados y no como testigo”, concluyó Favale. (8).

El crimen del militante XXIV

En 2013, el juicio por el crimen de Ferreyra se reanudó el martes 15 de enero, cuando declaró el imputado Alcorcel, delegado de los talleres de Remedios de Escalada.

El acusado contó que el día del crimen pidió permiso para salir de su lugar de trabajo para ir a encontrarse con su ex novia pero que al enterarse del corte de vías en Avellaneda, se quedó allí. Y dijo que había conocido a Favale días antes del homicidio en el acto convocado por Hugo Moyano en el estadio de River Plate donde le dio su número de teléfono.

Respecto de las comunicaciones que mantuvo con el principal imputado el día del hecho, Alcorcel indicó que Favale quería sumarse al grupo de los ferroviarios que habían ido a Avellaneda a evitar el corte de vías y admitió que se apoyó esa movilización pero sin intenciones de “pelear”.

Al igual que otros de los acusados y ferroviarios que declararon como testigos, Alcorcel contó que él “caminó” detrás del grupo de ferroviarios que cruzaba el Puente Bosch, que luego hubo “un intercambio de piedrazos”, tras lo cual, escuchó cinco estruendos, por lo que regresó a la vías.

Y que estando allí se enteró por un llamado telefónico que “había un muerto del lado del Partido Obrero”. (1)

“Esto no sé cómo pasó ni cómo explicarlo”, dijo el imputado y agregó: “Pido Justicia para Mariano Ferreyra, para la señora Elsa (la madre de la víctima), pero también para nosotros”. (2)

En esta audiencia también se reprodujeron varias escuchas telefónicas, entre ellas, un diálogo el imputado Fernández y el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quien llamó al primero pata solidarizarse con él tras el homicidio del militante del PO.

Para Luna el crimen de Ferreyra “fue obra de un malparido que quiso tirarle un muerto al gobierno nacional que tanto está haciendo por el ferrocarril”. (3)

En la audiencia del día después, declaró el imputado Pérez, portero de los talleres de Remedios de Escalada acusado de haber retirado de Barracas las armas utilizadas en el hecho.

Este acusado contó que el 20 de octubre de 2010 concurrió al lugar del hecho tras ser convocado telefónicamente por el delegado Amuchástegui.

En su indagatoria incorporada al expediente, Pérez había dicho que Favale llegó a Barracas al frente de un grupo que “no eran ferroviarios” y que se reunió con los imputados Díaz y Alcorcel. Y que la orden de bajar de las vías y perseguir a los tercerizados fue de Díaz.

En esa oportunidad también contó que el primer disparo que escuchó partió del lado donde se encontraba su grupo y que luego vio a un tirador del lado de los tercerizados.

Y también señaló que después del crimen se comentaba en los talleres de Remedios de Escalada que Favale al momento de los disparos dijo “le di, le di”.

Sin embargo, durante el debate, Pérez negó que haya existido la reunión entre Favale, Díaz y Alcorcel poco antes de los incidentes, y se negó a responder a las preguntas de las partes.

Luego, se reprodujeron más escuchas telefónicas, entre ellas, unas realizadas a las líneas de Pedraza al momento que se produjo el intento de soborno a los jueces de la Cámara de Casación Penal para excarcelar a los primeros detenidos.

Por último, declaró el subcomisario Echavarría, el primero de los policías acusados en comparecer ante el tribunal y quien al momento del crimen estaba a cargo de la sala de situación de la DGO.

”Primero quiero aclarar que la manera de proceder ante una manifestación o ante un evento deportivo, son completamente distintas (…) Las manifestaciones no dependen sólo de lo que diga o decida el actuar de la policía. Requieren una decisión política. Ante un corte de calle, o una manifestación, siempre recibimos directivas del poder político. Las recibe el jefe de policía y él las retransmite al jefe de la sala de situación”, afirmó. (4)

El acusado contó que se enteró de las primeras agresiones en Avellaneda “por un llamado al 911”, tras lo cual, “el director (por el imputado Lompizano) plantea que la hipótesis de conflicto pasa a ser que los tercerizados se desplazaran a Constitución” y le ordenó “ver en qué puntos se pueden reducir personal para mandarlo a Constitución”. (5)

“De improvisto, bajaron los que estaban en las vías, traspasaron al personal de comisarías y se enfrentaron con la otra manifestación. Nos llamó la atención esa arremetida, no sabemos cómo surgió. Estaban próximos a desconcentrarse”, recordó Echeverría, quien señaló al imputado Mansilla como jefe del operativo en el lugar. (6)

Uno de los jueces le preguntó al acusado quien era el garante de las vidas de las personas al momento en que los ferroviarios bajaron de las vías, a lo que el subcomisario respondió: “Yo no lo vi el peligro desde mi posición. No estoy facultado para saber quién era el garante. Si habían descendido, había otra hipótesis de conflicto. Podía haber un enfrentamiento”. (7)

Por último, Echeverría consideró que los policías no intentaron hacer algo al respecto o, al menos, lo que hicieron “no fue eficaz”.

En tanto, el viernes 18 de enero se reanudó la declaración del imputado Fernández para que éste respondiera a las preguntas de las partes.

“Nosotros pensamos siempre que esa gente (por los que se manifestaban a favor de los tercerizados) era agresiva, que lleva un montón de elementos, hay pruebas de eso y no queríamos que lastimen a los ferroviarios", indicó Fernández (8).

"Estamos seguros que nosotros no mandamos matar a nadie, no mandamos gente armada y no le dijimos a nadie que tenía que ir armado", continuó. (9)

El acusado volvió a negar que la presencia de los ferroviarios en Avellaneda haya sido algo “organizado” a pesar de que sabían desde el día anterior al crimen que iba a haber un corte de vías.

“Es imposible que esto fuera organizado como la teoría que inventó el tribunal de instrucción. Se habla de un tirador del otro lado y nadie lo investigó, se habló de gente que tenía armas en un lugar de Constitución que no tenía nada que ver con ningún ferroviario, si yo me pongo a hilar fino nosotros no fuimos, no somos responsables de esto”, añadió. (10)

Respecto de una escucha posterior al crimen y referente a una marcha a favor de los tercerizados al Ministerio de Trabajo en la que se oyó a Fernández decir que “los delegados se metan y hagan quilombo”, el acusado aclaró: “Quise decir que los delegados hablen con la gente y sumen nombres a la lista (por la nómina para la elecciones gremiales internas)”. (11).

También dijo que sus comunicaciones con el imputado Díaz eran para que los ferroviarios abandonaran el lugar porque los manifestantes se estaban comportando de manera “muy agresiva”.

“Esta es una porquería que nos han hecho; alguien pensó que era más fácil tirarle el fardo a la Unión Ferroviaria”, opinó el imputado y sugirió la presencia de “infiltrados” en la marcha de los tercerizados. (12)

Por último, declaró Daniel González acusado de ser el hombre con cuello ortopédico que amenazó al equipo periodístico de C5N. “Gonzalito” contó que se enteró del corte de vías por Patricia Carabajal, del secretariado de la Unión Ferroviaria y se dirigió directamente a Barracas en defensa de los usuarios y sus compañeros.

Al llegar al lugar, los manifestantes estaban a unos 200 metros de las vías y que empezaron a correr, así que él hizo lo mismo y como estaba “de la mitad del grupo para atrás” no pudo ver nada de lo ocurrido aunque escuchó estruendos. “Pensé que eran cohetes, pero el subconsciente me dijo que no eran cohetes”, recordó y añadió que entonces se escondió detrás de un árbol. (13)

González dijo que luego del crimen, él, Alcorcel y otros delegados, le pidieron a Fernández una reunión porque estaban en “todos loe medios” y ellos tenían “miedo”, y que el encuentro se llevó a cabo en Adrogué en momentos en que la policía se llevó detenido a Díaz.

Finalmente, el acusado negó conocer a Favale, a raíz de los cual, le exhibieron una fotografía en lo que se lo vio detrás del principal imputado en la marcha de los tercerizados ocurrida en septiembre de 2010, en Constitución.

El crimen del militante XXIII

¿Quién mató a Mariano Ferreyra? Ésta era la pregunta central a responder en el juicio por el crimen del joven militante del PO, pero también es el título de un libro que escribió Diego Rojas, quien el martes 18 de diciembre declaró como testigo.

Rojas consideró que el caso Ferreyra fue “un crimen político” y contó que fue miembro del PO y que su libro se contactó con dos de los acusados, Fernández, quien, según él, le cortó el teléfono, y Pedraza, que le dio una entrevista.

“El libro tiene una estructura triásica. Por un lado, traté de reconstruir qué sucedió el 20 de octubre de 2010 por medio de relatos de los hechos. Por otro, intenté hacer una semblanza de Ferreyra, entrevistando a quienes lo conocieron. Por último, indagué en el contexto económico y político para establecer las causas que motivaron el ataque a los tercerizados”. (1)

Sobre su encuentro con Pedraza, el escritor dijo: “Cuando le pregunté por (el imputado) Favale, me mostró una pila de currículums y me dijo que Fernández era el que manejaba los ingresos al ferrocarril, que Fernández los aprobaba y él los veía, que ellos sabían muy bien quien entraba y quién no. Le pregunté por los despidos en la cooperativa Unión del Mercosur. Él decía que no había habido despidos. Yo le insistí, y le pregunté por Pablo Villalba (quien ya delaró como testigo en el debate). Me dijo, ofuscado, ´ese es un delincuente, no quiere trabajar´. Conocía perfectamente el funcionamiento de Unión de Mercosur y tenía caracterizados quiénes eran los despedidos de la cooperativa”. (2)

“Pedraza me dijo que sabían de la movilización de los tercerizados desde el día anterior. Me contó de un diálogo con Fernández, quien le dijo que su gente no se iba a meter, y que ´menos´ iban a convocar barrabravas, porque ´se podían descontrolar y provocar un muerto´”, agregó Rojas. (3)

El testigo declaró que luego de escribir el libro se entrevistó con José “Dinamita” Pérez, un ex boxeado y ferroviario que conocía a Favale del barrio. “Me contó que Favale quería entrar al ferrocarril y él le dio la tarjeta de Pablo Díaz. Más tarde, lo vio barriendo en una estación, trabajando para una tercerizada: Herso. Luego, al tiempo, se lo cruzó por la calle. Ya no trabajaba en Herso, pero le dijo que Díaz lo iba a contratar para cagar a palos a los pibes de las contratistas”, recordó. (4)

Después declaró Germán Aguirre, ferroviario desde 1995 y conocido de los acusados Fernández y Díaz. El testigo contó que en 2010 atravesaba un período de desavenencias gremiales dentro de la Lista Verde y Karina Benemérito y Fernández lo convocaron el 6 de septiembre para impedir que los tercerizados bloquearan las boleterías de Constitución, pero que él y sus compañeros se negaron a ir.

“Para el 20 (de octubre de 2010), no me llamaron porque ya sabían mi posición. Me habían sacado unos volantes que decían: ´Te recordamos, Morsa, que los cadáveres los amontonamos uno a uno´”. (5)

Aguirre dijo que el día del crimen él estaba en el congreso de la revista Latin Rieles, en la sede de la Unión Ferroviaria. “Cuando me enteré de que había gente apedreada, le dije a Karina Benemérito, que es de la directiva, ´ ¿por qué no paran todo esto?` y ella se puso muy nerviosa”. (6)

El juicio continuó el viernes 21 de diciembre, cuando declaró uno de los testigos propuestos por los defensores de los ferroviarios: Adrián González Juárez, un obrero de los talleres de Remedios de Escalada que contó que el día del crimen fue el delegado Toretta quien le propuso “ir a una marcha de presentismo”.

Al reconstruir lo que hizo en el lugar de los hechos, una versión muy similar a la de otros ferroviarios que ya habían declarado en el juicio, el testigo destacó que vio “un objeto” que no supo “si era un fierro o de plástico” en manos de uno de los manifestantes al que describió con ropa clara y una mochila negra.

Pero lo más destacable de esa audiencia fue el descargo del imputado Pipitó, acusado de haber agredido y amenazado al equipo periodístico de C5N.

El imputado declaró que dijo que el 20 de octubre estaba con parte de enfermo pero que fue a Constitución para entregar una carta de un compañero y ver al médico de la empresa. Allí se enteró de que había “un corte de vías” y que al regresar bajó en la estación Avellaneda porque vio muchos “conocidos”.

“Ahí me cuentan que quieren cortar vías y veo que por la calle de abajo hay una multitud, con banderas del Partido Obrero. Entonces empezamos a caminar por el borde… Estaban Pablo Díaz, Amuchástegui y otros que no conozco de nombre. A unos 50 metros, sube gente a las vías, tiran piedras, nosotros les tiramos a ellos… habrá durado cinco o diez minutos… abajo intervino la policía, después vino infantería arriba del puente y ahí quedó”. (7)

Pipitó dijo que bajó del puente para refrescarse y que corrió porque alguien dijo “ahí vienen”. Después paró de correr porque es fumador y se encontró con los periodistas a los que negó haber amenazado. “Hace dos años y medio que estoy detenido y no sé por qué, si yo no amenacé a nadie”, afirmó. (8)

Mientras que en la audiencia del viernes 28 de diciembre, declaró el mencionado “Dinamita” Pérez, quien contó que fue “tercerizado” de la empresa Servicio Express y luego pasó a planta permanente como guardabarrera en el Roca.

El testigo dijo que el imputado Favale vivía "a un par de cuadras” de su casa, en Florencio Varela, y que era un "conocido del barrio”, mientras que a Pipitó dijo conocerlo “de las barreras”. También admitió conocer al acusado Fernández y a Díaz, al que describió como “el jefe”.

Pérez contó que antes de ser entrevistado por Rojas había sido golpeado y amenazado varias veces por otros ferroviarios. “Me pegaron porque decían que me había quedado con plata. A mí me mandaban a comprar dólares y me pagaban quinientos pesos. Cuando otro compañero me explicó que eso era lavado de dinero, fui hablar con el que me había mandado a comprar y casi me matan a golpes”, señaló. (9)

También dijo que en una ocasión se encontró con Favale y éste le dijo que “iba a pasar al Roca, para correr a los tercerizados cuando hacían un corte”. (10)

Respecto de Ferrobaires, sus empleadores, el testigo señaló: “Cuando lo matan a Ferreyra , pasan un día o dos, y Mario Galván me pasa a buscar por la garita para traerme a Plaza Constitución. Entonces, me dice ´che, José, ¿podemos guardar las armas en tu casa? Porque va a haber allanamientos en la casa del gordo (Héctor) Saldaña y en Encomiendas´. Tenían armas de todo tipo, hasta chalecos anti balas. Yo le dije que no, en mi casa no, yo soy humilde, tengo familia, yo no soy de esos. Al día siguiente, me dijeron que no pasaba nada. Cuando empezaron a hacer los allanamientos, ellos sabían todo. Después me cagaron a palos”. (11)

Ante los dichos de Pérez, Favale pidió hacer unas aclaraciones y si bien admitió que fue el testigo el que lo contactó con el acusado Díaz para poder ingresar al ferrocarril negó todo lo demás.

Luego, tomó la palabra el imputado Fernández, quien declaró que los postulantes a entrar al ferrocarril pasaban por el visto del sindicato y si bien admitió que Favale estuvo en la lista de recomendados, negó conocerlo.

Se refirió también a las “tercerizadas”, a Unión del Mercosur, sobre la que dijo que “estaba administrada por trabajadores ferroviarios” y negó que hubiera despidos en la misma, y de las elecciones dentro del gremio.

Sobre lo ocurrido el día del crimen de Ferreyra, Fernández dijo que sabían de la manifestación de los tercerizados y recordó haber hablado del tema con Pedraza, al que le sugirió proponerle al entonces secretario Schiavi “para los trenes”.

E insistió en que la presencia de los ferroviarios en Avellaneda se debió a una “autoconvocatoria espontánea”, al tiempo que negó que hayan existido incidentes anteriores con los tercerizados, como los de septiembre de 2010, en Constitución.

El crimen del militante XXII

Durante la segunda semana de diciembre, el juicio por el crimen de Ferreyra entró en una nueva etapa en la que declararon los peritos citados como testigos.

El martes 11, el primero en testificar fue Edgardo Ríos, perito en balística de la Policía Federal, quien sostuvo que la bala que mató al joven militante “era de un calibre 38 Especial que presentaba una deformación” y que este proyectil, al igual que el que hirió a Rodríguez en la cabeza, fueron disparados por “la misma arma de fuego”. (1)

Este testigo contó que descaró que el proyectil rebotado antes de impactar en Ferreyra porque “si hubiera habido un impacto previo, no hubiera llegado con la energía suficiente para provocar el daño que provocó”. (2)

Matías Romero Ale, otro policía federal experto en balística, declaró que se realizó un estudio de los proyectiles con un método químico en busca de residuos que indicasen si habían tenido contacto con otra superficie y que los resultados dieron negativo.

A su turno, declaró el tercer perito policial, Juan Andrés Leguiza, quien señaló: “En los informes se concluyó que los proyectiles peritados fueron de una misma arma, aunque en un estudio posterior se rectifica respecto del proyectil ´del sobre 24´, el que fue disparado por un arma diferente”. (3).

Consultado de si entonces creía que si hubo o no rebote en el disparo que recibió el militante del PO asesinado. Leguiza respondió: “En el caso de Ferreyra, la bala había impactado contra una costilla antes de hacer estragos en el cuerpo. Por eso supuse que el impacto había sido directo”. (4)

“Luego, con el barrido –un método químico microscópico– se determinó que la bala tenía sílice, elemento propio de la arena o el adoquín”, añadió. (5)

En la audiencia siguiente declararon los peritos María Lastretti, de Gendarmería Nacional, y Silvia Buffarini, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La primera sostuvo que el rebote del proyectil que mató a Ferreyra “fue uno sólo y de manera tangencial, no de punta, ya que en tal caso hubiera quedado incrustado en el suelo”. También señaló que el tirador se encontraba a “entre 30 y 50 metros” de distancia del joven militante asesinado. (6)

Por su parte, Buffarini señaló sobre el rebote del proyectil fue en igual sentido en el que provenía el mismo, por lo que concluyó que el tirador estaba apuntando a esa dirección.

Sin embargo, el perito Carlos Rodríguez Ganduglia, de la defensa del acusado González, intentó sostener la posibilidad de que el tirador había apuntado hacia el suelo y por ello la bala rebotó. También dijo que Ferreyra se encontraba a una distancia mucho más corta y que el plomo extraído de Aguirre podía haber sido disparado por una tumbera.

En la jornada del jueves 13 de diciembre declararon los peritos forenses Silvia Palomero y Oscar Losetti, y otro perito de Gendarmería, Mario Rojas.

Palomero declaró que examinó y diagnosticó a Rodríguez y dijo que la paciente presentaba un “hamotoma sutural” y que debió recibir “asistencia mecánica”, al tiempo que consideró que “es una posibilidad que evolucione con secuelas motores”. (7)

Losetti, en tanto, declaró que fue quien realizó la autopsia al cuerpo de Ferreyra y explicó cómo fue el recorrido del proyectil: “Ingresó por la unión intercostal, luego recorrió abdomen, peritoneo, hígado, pericardio y pulmón izquierdo, que es de donde extraigo el proyectil”. (8)

Luego, Rojas leyó su informe que se incorporó al expediente y en el que planteó la hipótesis de que el proyectil que mató a Ferreyra tuvo un rebote por el denominado “efecto dedazo´”.

“Es un efecto que, por lo general, se observa mucho en gendarmes novatos. Fui instructor de tiro en Tucumán durante cuatro años y lo observaba en los gendarmes con poca instrucción o que, por nerviosismo e inexperiencia, aplican demasiada fuerza en el percutor, entonces el arma tiende a bajar”. (9)

Este perito confirmó el secuestro de tres proyectiles calibre 38, el que mató al joven, el que hirió a Rodríguez y un tercero hallado en Perdriel y Luján que, según Rojas, “era el que más entero estaba”, por lo que se lo utilizó como parámetro para comparar los otros dos, así que aseguró que “no hubo margen de error” en el estudio realizado.