El crimen del militante XXVI

Los alegatos en el juicio por el crimen de Ferreyra debieron haber empezado el viernes 15 de febrero, sin embargo, la audiencia se pospuso porque el comisario Lompizano, uno de los policías acusados, no se presentó ante el tribunal que, ante esa situación ordenó su detención.

El TOC 21 dispuso que los alegatos comenzaran el martes 19 a instancias de la fiscal María Luz Jalbert quien justificó el aplazamiento ya que la ausencia de alguno de los acusados podía atentar contra las garantías procesales del debate.

Según la abogada Norma Bouyssou, defensora de Lompizano, éste había viajado el fin de semana anterior a San Martín de los Andes y no pudo conseguir pasaje para regresar a tiempo. La fiscalía sostuvo que el acusado no había pedido autorización ni notificado al tribunal sobre ese viaje, a lo que la letrada indicó que no debía hacerlo porque no pesaba sobre él ninguna medida restrictiva de su libertad.

El contrapunto también se generó porque desde el lado acusador señalaron que Lompizano se había ido de vacaciones, mientras que la defensora argumentó que había viajado por un problema familiar.

Finalmente, el comisario imputado se presentó al día siguiente del aplazamiento del inicio de los alegatos en el Departamento Central de la Policía Federal donde quedó detenido hasta la audiencia del martes.

Ese día fue el turno del alegato de los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de la familia de Ferreyra.

Los letrado señalaron a los acusados Pedraza y Fernández como los “instigadores” del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Bajo esa misma calificación, Bovina y Medina acusaron a los delegados Díaz y González, a los ferroviarios Pipito y Sánchez, y a Favale como “coautores”; y al delegado Alcorcel y los policías Lompizano, Mansilla, Ferreyra, Echavarría, Garay y Conti como “partícipes necesarios”.

Para todos estos imputados, los abogados pidieron la pena de prisión perpetua, en tanto que solicitaron cuatro años de cárcel para Pérez y el picaboletos Uño por el “encubrimiento agravado” del crimen; y de un año en suspenso para el efectivo Villalba, acusado de “omisión de deberes de funcionario público”.

“En nombre del CELS, del movimiento de derechos humanos de Argentina y de esta mujer (en referencia a Beatriz Rial, madre del joven militante del PO asesinado) que hace dos años espera en silencio, una sentencia que otorgue justicia completa y abarcativa para poder dar vuelta la página y volver a empezar”, señaló el letrado Medina. [1]

Para los abogados del CELS, el crimen de Ferreyra fue la “máxima exposición de cómo se ejercía el poder en la Unión Ferroviaria (UF) bajo el mandato de Pedraza, un mecanismo que le permitía hacer grandes negocios con el sudor y la sangre de los trabajadores”. [2]

Según expresó Medina, los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 formaron parte de “un plan criminal ejecutado fría y cobardemente para amedrentar a quienes reclamaban por sus derechos”, y que los agresores “participaron de la cacería humana”.[3]

Bovino, por su parte, explicó que Pedraza y Fernández “armaron el plan para matar y generaron dolo en los autores” materiales del hecho y “evitar futuros reclamos de otros tercerizados, mantener la hegemonía política de la UF y conservar poder económico”. [4]

En ese sentido, los querellantes indicaron que el acusado Díaz fue el “encargado de coordinar al grupo de choque” y quien “traspasaba las órdenes de Fernández y Pedraza”, además de mantener una “relación de confianza” con Favale.

Para los abogados, el sindicado barra brava “llegó al lugar con un grupo de 20 personas, se encontró con aquél (por el imputado Alcorcel), se unió a los ferroviarios, se reunió con Díaz para ultimar detalles del ataque, comenzaron las corridas y disparó”. [5]

Respecto de la actuación de los policías acusados, los querellantes señalaron que “no hicieron nada. Todos, a excepción de Villalba, estaban en condiciones de haber cumplido las órdenes del día que incluía medidas de prevención de los hechos, de negociación con los líderes de cada bando...”, concluyó Medina. [6]

Los alegatos continuaron el viernes 22 de febrero con la exposición de las abogadas Claudia Ferrero del PO y María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en representación de los militantes heridos en los mismos hechos, Rodríguez y Aguirre.

Esta querella pidió que todos los acusados sean condenados a 25 años de prisión por el delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa”.

Las letradas consideraron a Pedraza y Fernández como “los instigadores” del crimen, a Favale, Sánchez y Díaz como los “coautores” materiales y al resto de los acusados de “partícipes necesarios”.

Y a diferencia del alegato del CELS, esta querella pidió que se investigue la presunta participación de funcionarios públicos de aquel entonces en lo que denominó un "plan criminal" del que "la UF, UGOFE y el Estado son los tres pilares".[7]

En ese sentido, señalaron que el asesinato del joven militante del PO “se trató de un crimen político contra la clase obrera” para "defender los negocios de la burocracia sindical en los que la patronal empresaria y el Estado son socios". [8]

Además, pidieron que en caso de ser condenados, los policías acusados que se encuentran en libertad queden inmediatamente detenidos.

El crimen del militante XXV

El lunes 4 de febrero de 2013, el juicio por el asesinato de Ferreyra continuó con una inspección ocular en la escena del crimen. El tribunal, los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados de las distintas partes del proceso arribaron a Avellaneda cerca del mediodía bajo un operativo de seguridad a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional. Mientras ninguno de los imputados concurrió al lugar, militantes del PO acompañaron la diligencia.

El primer lugar visto fue el Puente Bosch y donde los manifestantes subieron a las vías ferroviarias y se iniciaron las agresiones. Luego, los funcionarios transitaron por Luján, hasta Santa Elena, en Barracas, donde el grupo que marchaba a favor de los tercerizados realizó una asamblea en la que decidió retirarse. Después se trasladaron hasta la esquina Perdriel, donde Ferreyra fue baleado y finalmente la calle Limay, donde Rodríguez cayó herida. Ya de regreso al punto de partido, pasaron por el playón de Chevallier, donde el equipo periodístico de C5N fue amenazado. Desde allí, volvieron por Luján, subieron el terraplén, cruzaron el puente hacia el lado de provincia, caminaron por las vías hasta la estación Yrigoyen, pasaron por un viejo local del PO y concluyeron el recorrido en la estación Avellaneda.

Al día siguiente, el debate continuó con la reproducción de escuchas telefónicas incorporadas en el expediente durante la etapa de instrucción de la causa. En una de ellas, se escuchó un diálogo que mantuvieron el 14 de enero de 2011 el imputado Pedraza y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

También se reprodujo una comunicación telefónica entre Pedraza y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que ambos mantuvieron el 11 de enero tras los primeros allanamientos a los acusados de la Unión Ferroviaria.

La etapa de incorporación de pruebas en debate oral concluyó el viernes 8 de febrero, con las últimas dos declaraciones, primero la de uno de los policías acusados, Lompizano, y luego la del imputado como autor material del homicidio, Favale.

Lompizano, quien el 4 de marzo cumpliría 39 años de servicio en la Policía Federal, dijo: “Nunca imaginé que mi carrera iba a terminar así, abruptamente, imputado en un caso tan doloroso e importante como este”. (3)

Y luego intentó desligarse al responsabilizar a la División Roca que le envió reportes que los llevaron a pensar que “no pasaba nada” en el corte de vías en favor de los tercerizados.

Cerca del mediodía, el acusado Favale hizo una breve declaración en la que se remitió a sus tres indagatorias prestadas durante la etapa de instrucción y en la que no aceptó responder preguntas.

“Antes que nada, quiero dejarles algo claro, volver a decirles que no cometí el hecho que se me atribuye, que es cierto que estuve en el lugar de los hechos, que inclusive llevé un grupo de pibes que se ve junto a mí en los videos, que insultamos, tiramos piedras, alentamos, saltamos, pero jamás llevé armas”, afirmó el imputado. (4)

“Como se sabe, estuve en actos ferroviarios. Era la manera de demostrar el interés en el trabajo que quería conseguir. Por eso, llevé gente, bombos, redoblantes, me puse la gorra y la pechera en los distintos actos. Era la forma de apoyar a los ferroviarios. Pero nunca hubo armas o disparos. Sí insultos, empujones, pero jamás hubo disparos, y me pregunto por qué en este sí. Y no lo entiendo. Ni lo voy a entender aún después de este juicio. No lo voy a entender”, continuó. (5)

Luego, Favale se refirió al testigo Alejandro Benítez: “El testigo encubierto, el testigo protegido… el testigo protegido me acusó de algo que no cometí. (…) Él fue la primera persona que me acusó el 21 de octubre de 2010; me acusó falsamente, instaló mi imagen en todos los medios de comunicación, desvió y corrió la mirada hacia otra persona y evitó ser investigado él mismo”. (6)

El acusado dijo que fue en el juicio que él se enteró que “Benítez era uno de los que corría armado en primera línea y muchas veces lo vieron en los videos al lado de quiénes corría”. (7)

“Él (por Benítez) tendría que estar acá con nosotros, señores, sentado acá con los imputados y no como testigo”, concluyó Favale. (8).

El crimen del militante XXIV

En 2013, el juicio por el crimen de Ferreyra se reanudó el martes 15 de enero, cuando declaró el imputado Alcorcel, delegado de los talleres de Remedios de Escalada.

El acusado contó que el día del crimen pidió permiso para salir de su lugar de trabajo para ir a encontrarse con su ex novia pero que al enterarse del corte de vías en Avellaneda, se quedó allí. Y dijo que había conocido a Favale días antes del homicidio en el acto convocado por Hugo Moyano en el estadio de River Plate donde le dio su número de teléfono.

Respecto de las comunicaciones que mantuvo con el principal imputado el día del hecho, Alcorcel indicó que Favale quería sumarse al grupo de los ferroviarios que habían ido a Avellaneda a evitar el corte de vías y admitió que se apoyó esa movilización pero sin intenciones de “pelear”.

Al igual que otros de los acusados y ferroviarios que declararon como testigos, Alcorcel contó que él “caminó” detrás del grupo de ferroviarios que cruzaba el Puente Bosch, que luego hubo “un intercambio de piedrazos”, tras lo cual, escuchó cinco estruendos, por lo que regresó a la vías.

Y que estando allí se enteró por un llamado telefónico que “había un muerto del lado del Partido Obrero”. (1)

“Esto no sé cómo pasó ni cómo explicarlo”, dijo el imputado y agregó: “Pido Justicia para Mariano Ferreyra, para la señora Elsa (la madre de la víctima), pero también para nosotros”. (2)

En esta audiencia también se reprodujeron varias escuchas telefónicas, entre ellas, un diálogo el imputado Fernández y el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quien llamó al primero pata solidarizarse con él tras el homicidio del militante del PO.

Para Luna el crimen de Ferreyra “fue obra de un malparido que quiso tirarle un muerto al gobierno nacional que tanto está haciendo por el ferrocarril”. (3)

En la audiencia del día después, declaró el imputado Pérez, portero de los talleres de Remedios de Escalada acusado de haber retirado de Barracas las armas utilizadas en el hecho.

Este acusado contó que el 20 de octubre de 2010 concurrió al lugar del hecho tras ser convocado telefónicamente por el delegado Amuchástegui.

En su indagatoria incorporada al expediente, Pérez había dicho que Favale llegó a Barracas al frente de un grupo que “no eran ferroviarios” y que se reunió con los imputados Díaz y Alcorcel. Y que la orden de bajar de las vías y perseguir a los tercerizados fue de Díaz.

En esa oportunidad también contó que el primer disparo que escuchó partió del lado donde se encontraba su grupo y que luego vio a un tirador del lado de los tercerizados.

Y también señaló que después del crimen se comentaba en los talleres de Remedios de Escalada que Favale al momento de los disparos dijo “le di, le di”.

Sin embargo, durante el debate, Pérez negó que haya existido la reunión entre Favale, Díaz y Alcorcel poco antes de los incidentes, y se negó a responder a las preguntas de las partes.

Luego, se reprodujeron más escuchas telefónicas, entre ellas, unas realizadas a las líneas de Pedraza al momento que se produjo el intento de soborno a los jueces de la Cámara de Casación Penal para excarcelar a los primeros detenidos.

Por último, declaró el subcomisario Echavarría, el primero de los policías acusados en comparecer ante el tribunal y quien al momento del crimen estaba a cargo de la sala de situación de la DGO.

”Primero quiero aclarar que la manera de proceder ante una manifestación o ante un evento deportivo, son completamente distintas (…) Las manifestaciones no dependen sólo de lo que diga o decida el actuar de la policía. Requieren una decisión política. Ante un corte de calle, o una manifestación, siempre recibimos directivas del poder político. Las recibe el jefe de policía y él las retransmite al jefe de la sala de situación”, afirmó. (4)

El acusado contó que se enteró de las primeras agresiones en Avellaneda “por un llamado al 911”, tras lo cual, “el director (por el imputado Lompizano) plantea que la hipótesis de conflicto pasa a ser que los tercerizados se desplazaran a Constitución” y le ordenó “ver en qué puntos se pueden reducir personal para mandarlo a Constitución”. (5)

“De improvisto, bajaron los que estaban en las vías, traspasaron al personal de comisarías y se enfrentaron con la otra manifestación. Nos llamó la atención esa arremetida, no sabemos cómo surgió. Estaban próximos a desconcentrarse”, recordó Echeverría, quien señaló al imputado Mansilla como jefe del operativo en el lugar. (6)

Uno de los jueces le preguntó al acusado quien era el garante de las vidas de las personas al momento en que los ferroviarios bajaron de las vías, a lo que el subcomisario respondió: “Yo no lo vi el peligro desde mi posición. No estoy facultado para saber quién era el garante. Si habían descendido, había otra hipótesis de conflicto. Podía haber un enfrentamiento”. (7)

Por último, Echeverría consideró que los policías no intentaron hacer algo al respecto o, al menos, lo que hicieron “no fue eficaz”.

En tanto, el viernes 18 de enero se reanudó la declaración del imputado Fernández para que éste respondiera a las preguntas de las partes.

“Nosotros pensamos siempre que esa gente (por los que se manifestaban a favor de los tercerizados) era agresiva, que lleva un montón de elementos, hay pruebas de eso y no queríamos que lastimen a los ferroviarios", indicó Fernández (8).

"Estamos seguros que nosotros no mandamos matar a nadie, no mandamos gente armada y no le dijimos a nadie que tenía que ir armado", continuó. (9)

El acusado volvió a negar que la presencia de los ferroviarios en Avellaneda haya sido algo “organizado” a pesar de que sabían desde el día anterior al crimen que iba a haber un corte de vías.

“Es imposible que esto fuera organizado como la teoría que inventó el tribunal de instrucción. Se habla de un tirador del otro lado y nadie lo investigó, se habló de gente que tenía armas en un lugar de Constitución que no tenía nada que ver con ningún ferroviario, si yo me pongo a hilar fino nosotros no fuimos, no somos responsables de esto”, añadió. (10)

Respecto de una escucha posterior al crimen y referente a una marcha a favor de los tercerizados al Ministerio de Trabajo en la que se oyó a Fernández decir que “los delegados se metan y hagan quilombo”, el acusado aclaró: “Quise decir que los delegados hablen con la gente y sumen nombres a la lista (por la nómina para la elecciones gremiales internas)”. (11).

También dijo que sus comunicaciones con el imputado Díaz eran para que los ferroviarios abandonaran el lugar porque los manifestantes se estaban comportando de manera “muy agresiva”.

“Esta es una porquería que nos han hecho; alguien pensó que era más fácil tirarle el fardo a la Unión Ferroviaria”, opinó el imputado y sugirió la presencia de “infiltrados” en la marcha de los tercerizados. (12)

Por último, declaró Daniel González acusado de ser el hombre con cuello ortopédico que amenazó al equipo periodístico de C5N. “Gonzalito” contó que se enteró del corte de vías por Patricia Carabajal, del secretariado de la Unión Ferroviaria y se dirigió directamente a Barracas en defensa de los usuarios y sus compañeros.

Al llegar al lugar, los manifestantes estaban a unos 200 metros de las vías y que empezaron a correr, así que él hizo lo mismo y como estaba “de la mitad del grupo para atrás” no pudo ver nada de lo ocurrido aunque escuchó estruendos. “Pensé que eran cohetes, pero el subconsciente me dijo que no eran cohetes”, recordó y añadió que entonces se escondió detrás de un árbol. (13)

González dijo que luego del crimen, él, Alcorcel y otros delegados, le pidieron a Fernández una reunión porque estaban en “todos loe medios” y ellos tenían “miedo”, y que el encuentro se llevó a cabo en Adrogué en momentos en que la policía se llevó detenido a Díaz.

Finalmente, el acusado negó conocer a Favale, a raíz de los cual, le exhibieron una fotografía en lo que se lo vio detrás del principal imputado en la marcha de los tercerizados ocurrida en septiembre de 2010, en Constitución.

El crimen del militante XXIII

¿Quién mató a Mariano Ferreyra? Ésta era la pregunta central a responder en el juicio por el crimen del joven militante del PO, pero también es el título de un libro que escribió Diego Rojas, quien el martes 18 de diciembre declaró como testigo.

Rojas consideró que el caso Ferreyra fue “un crimen político” y contó que fue miembro del PO y que su libro se contactó con dos de los acusados, Fernández, quien, según él, le cortó el teléfono, y Pedraza, que le dio una entrevista.

“El libro tiene una estructura triásica. Por un lado, traté de reconstruir qué sucedió el 20 de octubre de 2010 por medio de relatos de los hechos. Por otro, intenté hacer una semblanza de Ferreyra, entrevistando a quienes lo conocieron. Por último, indagué en el contexto económico y político para establecer las causas que motivaron el ataque a los tercerizados”. (1)

Sobre su encuentro con Pedraza, el escritor dijo: “Cuando le pregunté por (el imputado) Favale, me mostró una pila de currículums y me dijo que Fernández era el que manejaba los ingresos al ferrocarril, que Fernández los aprobaba y él los veía, que ellos sabían muy bien quien entraba y quién no. Le pregunté por los despidos en la cooperativa Unión del Mercosur. Él decía que no había habido despidos. Yo le insistí, y le pregunté por Pablo Villalba (quien ya delaró como testigo en el debate). Me dijo, ofuscado, ´ese es un delincuente, no quiere trabajar´. Conocía perfectamente el funcionamiento de Unión de Mercosur y tenía caracterizados quiénes eran los despedidos de la cooperativa”. (2)

“Pedraza me dijo que sabían de la movilización de los tercerizados desde el día anterior. Me contó de un diálogo con Fernández, quien le dijo que su gente no se iba a meter, y que ´menos´ iban a convocar barrabravas, porque ´se podían descontrolar y provocar un muerto´”, agregó Rojas. (3)

El testigo declaró que luego de escribir el libro se entrevistó con José “Dinamita” Pérez, un ex boxeado y ferroviario que conocía a Favale del barrio. “Me contó que Favale quería entrar al ferrocarril y él le dio la tarjeta de Pablo Díaz. Más tarde, lo vio barriendo en una estación, trabajando para una tercerizada: Herso. Luego, al tiempo, se lo cruzó por la calle. Ya no trabajaba en Herso, pero le dijo que Díaz lo iba a contratar para cagar a palos a los pibes de las contratistas”, recordó. (4)

Después declaró Germán Aguirre, ferroviario desde 1995 y conocido de los acusados Fernández y Díaz. El testigo contó que en 2010 atravesaba un período de desavenencias gremiales dentro de la Lista Verde y Karina Benemérito y Fernández lo convocaron el 6 de septiembre para impedir que los tercerizados bloquearan las boleterías de Constitución, pero que él y sus compañeros se negaron a ir.

“Para el 20 (de octubre de 2010), no me llamaron porque ya sabían mi posición. Me habían sacado unos volantes que decían: ´Te recordamos, Morsa, que los cadáveres los amontonamos uno a uno´”. (5)

Aguirre dijo que el día del crimen él estaba en el congreso de la revista Latin Rieles, en la sede de la Unión Ferroviaria. “Cuando me enteré de que había gente apedreada, le dije a Karina Benemérito, que es de la directiva, ´ ¿por qué no paran todo esto?` y ella se puso muy nerviosa”. (6)

El juicio continuó el viernes 21 de diciembre, cuando declaró uno de los testigos propuestos por los defensores de los ferroviarios: Adrián González Juárez, un obrero de los talleres de Remedios de Escalada que contó que el día del crimen fue el delegado Toretta quien le propuso “ir a una marcha de presentismo”.

Al reconstruir lo que hizo en el lugar de los hechos, una versión muy similar a la de otros ferroviarios que ya habían declarado en el juicio, el testigo destacó que vio “un objeto” que no supo “si era un fierro o de plástico” en manos de uno de los manifestantes al que describió con ropa clara y una mochila negra.

Pero lo más destacable de esa audiencia fue el descargo del imputado Pipitó, acusado de haber agredido y amenazado al equipo periodístico de C5N.

El imputado declaró que dijo que el 20 de octubre estaba con parte de enfermo pero que fue a Constitución para entregar una carta de un compañero y ver al médico de la empresa. Allí se enteró de que había “un corte de vías” y que al regresar bajó en la estación Avellaneda porque vio muchos “conocidos”.

“Ahí me cuentan que quieren cortar vías y veo que por la calle de abajo hay una multitud, con banderas del Partido Obrero. Entonces empezamos a caminar por el borde… Estaban Pablo Díaz, Amuchástegui y otros que no conozco de nombre. A unos 50 metros, sube gente a las vías, tiran piedras, nosotros les tiramos a ellos… habrá durado cinco o diez minutos… abajo intervino la policía, después vino infantería arriba del puente y ahí quedó”. (7)

Pipitó dijo que bajó del puente para refrescarse y que corrió porque alguien dijo “ahí vienen”. Después paró de correr porque es fumador y se encontró con los periodistas a los que negó haber amenazado. “Hace dos años y medio que estoy detenido y no sé por qué, si yo no amenacé a nadie”, afirmó. (8)

Mientras que en la audiencia del viernes 28 de diciembre, declaró el mencionado “Dinamita” Pérez, quien contó que fue “tercerizado” de la empresa Servicio Express y luego pasó a planta permanente como guardabarrera en el Roca.

El testigo dijo que el imputado Favale vivía "a un par de cuadras” de su casa, en Florencio Varela, y que era un "conocido del barrio”, mientras que a Pipitó dijo conocerlo “de las barreras”. También admitió conocer al acusado Fernández y a Díaz, al que describió como “el jefe”.

Pérez contó que antes de ser entrevistado por Rojas había sido golpeado y amenazado varias veces por otros ferroviarios. “Me pegaron porque decían que me había quedado con plata. A mí me mandaban a comprar dólares y me pagaban quinientos pesos. Cuando otro compañero me explicó que eso era lavado de dinero, fui hablar con el que me había mandado a comprar y casi me matan a golpes”, señaló. (9)

También dijo que en una ocasión se encontró con Favale y éste le dijo que “iba a pasar al Roca, para correr a los tercerizados cuando hacían un corte”. (10)

Respecto de Ferrobaires, sus empleadores, el testigo señaló: “Cuando lo matan a Ferreyra , pasan un día o dos, y Mario Galván me pasa a buscar por la garita para traerme a Plaza Constitución. Entonces, me dice ´che, José, ¿podemos guardar las armas en tu casa? Porque va a haber allanamientos en la casa del gordo (Héctor) Saldaña y en Encomiendas´. Tenían armas de todo tipo, hasta chalecos anti balas. Yo le dije que no, en mi casa no, yo soy humilde, tengo familia, yo no soy de esos. Al día siguiente, me dijeron que no pasaba nada. Cuando empezaron a hacer los allanamientos, ellos sabían todo. Después me cagaron a palos”. (11)

Ante los dichos de Pérez, Favale pidió hacer unas aclaraciones y si bien admitió que fue el testigo el que lo contactó con el acusado Díaz para poder ingresar al ferrocarril negó todo lo demás.

Luego, tomó la palabra el imputado Fernández, quien declaró que los postulantes a entrar al ferrocarril pasaban por el visto del sindicato y si bien admitió que Favale estuvo en la lista de recomendados, negó conocerlo.

Se refirió también a las “tercerizadas”, a Unión del Mercosur, sobre la que dijo que “estaba administrada por trabajadores ferroviarios” y negó que hubiera despidos en la misma, y de las elecciones dentro del gremio.

Sobre lo ocurrido el día del crimen de Ferreyra, Fernández dijo que sabían de la manifestación de los tercerizados y recordó haber hablado del tema con Pedraza, al que le sugirió proponerle al entonces secretario Schiavi “para los trenes”.

E insistió en que la presencia de los ferroviarios en Avellaneda se debió a una “autoconvocatoria espontánea”, al tiempo que negó que hayan existido incidentes anteriores con los tercerizados, como los de septiembre de 2010, en Constitución.

El crimen del militante XXII

Durante la segunda semana de diciembre, el juicio por el crimen de Ferreyra entró en una nueva etapa en la que declararon los peritos citados como testigos.

El martes 11, el primero en testificar fue Edgardo Ríos, perito en balística de la Policía Federal, quien sostuvo que la bala que mató al joven militante “era de un calibre 38 Especial que presentaba una deformación” y que este proyectil, al igual que el que hirió a Rodríguez en la cabeza, fueron disparados por “la misma arma de fuego”. (1)

Este testigo contó que descaró que el proyectil rebotado antes de impactar en Ferreyra porque “si hubiera habido un impacto previo, no hubiera llegado con la energía suficiente para provocar el daño que provocó”. (2)

Matías Romero Ale, otro policía federal experto en balística, declaró que se realizó un estudio de los proyectiles con un método químico en busca de residuos que indicasen si habían tenido contacto con otra superficie y que los resultados dieron negativo.

A su turno, declaró el tercer perito policial, Juan Andrés Leguiza, quien señaló: “En los informes se concluyó que los proyectiles peritados fueron de una misma arma, aunque en un estudio posterior se rectifica respecto del proyectil ´del sobre 24´, el que fue disparado por un arma diferente”. (3).

Consultado de si entonces creía que si hubo o no rebote en el disparo que recibió el militante del PO asesinado. Leguiza respondió: “En el caso de Ferreyra, la bala había impactado contra una costilla antes de hacer estragos en el cuerpo. Por eso supuse que el impacto había sido directo”. (4)

“Luego, con el barrido –un método químico microscópico– se determinó que la bala tenía sílice, elemento propio de la arena o el adoquín”, añadió. (5)

En la audiencia siguiente declararon los peritos María Lastretti, de Gendarmería Nacional, y Silvia Buffarini, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La primera sostuvo que el rebote del proyectil que mató a Ferreyra “fue uno sólo y de manera tangencial, no de punta, ya que en tal caso hubiera quedado incrustado en el suelo”. También señaló que el tirador se encontraba a “entre 30 y 50 metros” de distancia del joven militante asesinado. (6)

Por su parte, Buffarini señaló sobre el rebote del proyectil fue en igual sentido en el que provenía el mismo, por lo que concluyó que el tirador estaba apuntando a esa dirección.

Sin embargo, el perito Carlos Rodríguez Ganduglia, de la defensa del acusado González, intentó sostener la posibilidad de que el tirador había apuntado hacia el suelo y por ello la bala rebotó. También dijo que Ferreyra se encontraba a una distancia mucho más corta y que el plomo extraído de Aguirre podía haber sido disparado por una tumbera.

En la jornada del jueves 13 de diciembre declararon los peritos forenses Silvia Palomero y Oscar Losetti, y otro perito de Gendarmería, Mario Rojas.

Palomero declaró que examinó y diagnosticó a Rodríguez y dijo que la paciente presentaba un “hamotoma sutural” y que debió recibir “asistencia mecánica”, al tiempo que consideró que “es una posibilidad que evolucione con secuelas motores”. (7)

Losetti, en tanto, declaró que fue quien realizó la autopsia al cuerpo de Ferreyra y explicó cómo fue el recorrido del proyectil: “Ingresó por la unión intercostal, luego recorrió abdomen, peritoneo, hígado, pericardio y pulmón izquierdo, que es de donde extraigo el proyectil”. (8)

Luego, Rojas leyó su informe que se incorporó al expediente y en el que planteó la hipótesis de que el proyectil que mató a Ferreyra tuvo un rebote por el denominado “efecto dedazo´”.

“Es un efecto que, por lo general, se observa mucho en gendarmes novatos. Fui instructor de tiro en Tucumán durante cuatro años y lo observaba en los gendarmes con poca instrucción o que, por nerviosismo e inexperiencia, aplican demasiada fuerza en el percutor, entonces el arma tiende a bajar”. (9)

Este perito confirmó el secuestro de tres proyectiles calibre 38, el que mató al joven, el que hirió a Rodríguez y un tercero hallado en Perdriel y Luján que, según Rojas, “era el que más entero estaba”, por lo que se lo utilizó como parámetro para comparar los otros dos, así que aseguró que “no hubo margen de error” en el estudio realizado.

El crimen del militante XXI

El martes 4 de diciembre, tras una semana de receso, se reanudó el juicio por el crimen de Ferreyra. En esa audiencia declararon Pablo Villalba, un obrero tercerizado de la cooperativa Unión del Mercosur e integrante de la lista Bordó, y los policías Gabriel Berard, quien al momento del homicidio era subcomisario en la DGO; y Ángel Ponce, comisario que prestaba servicio en la Dirección de Servicios Especiales de la Superintendencia General de Transporte.

Villalba declaró que comenzó a trabajar a la cooperativa en 2009 por intermedio de su hermano, integrante de la lista Verde. “En los talleres estábamos nosotros y personal efectivo del Roca que hacía mantenimiento de vías, igual que nosotros (…) La diferencia más concreta que teníamos era la del sueldo. Nosotros realizábamos la misma tarea pero cobrábamos la mitad de lo que cobraba un efectivo”, señaló el testigo que aclaró que estaban “todos afiliados a la Unión Ferroviaria”.[1]

“En varias oportunidades nos acercamos a los delegados de los talleres para reclamar algunas condiciones que no se cumplían, como la entrega de ropa y el estado de los vehículos. Una de mis funciones era manejar la camioneta de la cuadrilla, que no tenía seguro ni estaba habilitada para el traslado de persona. Nunca tuvimos respuesta”, indicó.[2]

Villalba relató que en marzo de 2010 lo despidieron tras lesionarse el hombro y haber reclamado tener ART y no un seguro médico aunque el telegrama indicó como motivo una “reestructuración”.

“Le pedí una entrevista a (el acusado) Pablo Díaz, porque creí que, siendo afiliado a la UF, tenía la posibilidad de hablar con alguien del gremio para que intercediera por mí. Le pido telefónicamente la reunión un jueves y me cita para el lunes en las oficinas de Hornos 11. Ese mismo lunes, recibo el telegrama. Cuando llego a la reunión, me encuentro con que Díaz tiene el legajo de mi hermano en su escritorio. Sugirió que mi hermano y yo nos lastimábamos muy seguido, como una suspicacia, y me dijo que nos habían afiliado a la UF simplemente para acceder a los préstamos que daba el sindicato, pero que en estos problemas más particulares, entre las empresas y los trabajadores, no se iban a meter”, recordó.[3]

El testigo dijo que luego se dio cuenta que la “ccoperativa”, en realidad, pertenecía a la Unión Ferroviaria. Y que por ello “el sindicato se oponía al pase a planta de los tercerizados”.

También describió un episodio cuando se encontraba con su cuadrilla de trabajo y se presentaron los acusados Díaz y Arcorcel quienes, según Villalba, les dijeron que “si siguen jodiendo con el paso a planta, les vamos a pegar un tiro”.

Villalba explicó que durante los primeros meses de 2012 hubo más de 150 despidos entre las 22 tercerizadas de la línea Roca y que en julio, los tercerizados realizaron un corte de vías que duró unas nueves horas. A partir de allí, se abrió una negociación en el Ministerio de Trabajo aunque al cabo de 28 audiencias sólo fueron reincorporados 11 trabajadores. Entonces, los reclamos siguieron con bloqueos de boleterías, como los del 6 de septiembre cuando, de acuerdo al testigo, los ferroviarios se presentaron para impedir la protesta.

Respecto de los hechos del 20 de octubre, Villalba dijo que vio a Díaz impartir órdenes al grupo de los ferroviarios y tener una actitud “provocativa”, y que él participó de la protesta a favor de los tercerizados hasta que se produjo la primera agresión. “Era evidente que no iba a poder hacerse ningún corte. Me comuniqué por teléfono con los demás compañeros y me dijeron que ellos también se iban a retirar”, señaló.[4]

Por su parte, el subcomisario Berard contó que el día del crimen él no se encontraba de servicio en la DGO, por lo que sólo aportó datos generales sobre los procedimientos de dicha dirección. “El operador de radio (en este caso el acusado Conti) no puede ser desautorizado por nadie porque es la voz del Director y hasta del jefe de toda la policía”.[5]

Sobre el POC, el testigo dijo que se utiliza “si hay saturación en la frecuencia de radio” y que “es raro que un operador de la sala de situación indique cambiar de canal de comunicación”, en referencia a las grabaciones que mantuvo Conti con el imputado Garay, el subcomisario de de la seccional 30ra. que estaba en el lugar de los hechos.

A su turno, Ponce declaró: “Se preveía que (el 20 de octubre) iban a cortar las vías y que iba a haber dos grupos: los tercerizados y los ferroviarios. Los tercerizados iban a cortar las vías. Y cuando le preguntaron sobre los ferroviarios, dijo: “Teóricamente (sic) iban a confrontar con ellos”.[6]

En tanto, en la audiencia del viernes 7 de diciembre, uno de los testimonios fue el de Ángel Oga, un vecino de Barracas. “Yo vivía en la calle Luján, a pocos metros del puente Bosch, pero en sentido contrario a la avenida Vélez Sarsfield. Ese día (por el del crimen de Ferreyra) estaba en mi casa, haciendo refacciones. Fue después del mediodía, que escuché gritos. Yo estaba en la entrada, dentro de la casa, con tres personas más. Escuchamos gritos, voces, ruidos y salimos a mirar. En principio, había personas sobre Luján, pasando Santa María del Buen Ayre; serían unas 150 personas. Tenían carteles rojos del PO y estaban retrocediendo, iban hacia la avenida Vélez Sarsfield. Arriba de las vías, había personas insultándolos. Gritaban zurdos de mierda, los vamos a matar, cosas por el estilo. Incluso tiraban cascotes, pero por la distancia no los alcanzaban…”, declaró.[7]

“Al principio, yo veía en las vías a cuatro o cinco personas pero cuando bajaron eran bastantes. Había dos patrulleros en la esquina de Lujan y Santa María estacionados cruzando la calle. No vi uniformados pero alcancé a ver al menos una persona de traje con un handy arriba del puente. Entonces baja un grupo de las vías, pequeño, que habla con el personal policial. Tuvo que haber sido en ese momento –yo no lo vi, lo relacioné después- que un auto color borravino estaciona en la casa de al lado, como viniendo del lado del puente Bosch. Dobla, para y se queda ahí, con dos en ese momento. Cuando terminan las personas que bajaron de las vías terminan de hablar con los policías, la policía se retira y de este auto baja una persona con un bolso que yo –por muchos años de militancia, milito desde los 15 años y me formé en la resistencia peronista- pude identificar que, por la forma y el peso, llevaba armas”, indicó Oga.[8]

Según el testigo, estas personas se mezclaron luego con las que bajaban del terraplén. “Era una cantidad de gente importante -80 o 100 personas- y salen corriendo detrás del otro grupo”.

“Había como una división de tareas, aunque no oí a alguien impartiendo directivas. El grupo del PO intentó formar una defensa, llevaban palos, pero tuvieron que retroceder rápido. Ya estaban lejos de mi visión, como a 200 metros”, agregó.[9]

“Entonces escuché detonaciones de armas de distinto calibre. Reconozco eso porque milité en la resistencia peronista. No vi armas, solamente escuché los disparos. No sé cuantos, más de 10. Me concentré en ver la situación. Escuché tres tipos de tiros distintos: una 22, un arma semi automática y la otra no recuerdo”, precisó.[10]

De acuerdo al relato de Oga, “la policía reapareció después, ocho minutos más tarde” e “hicieron lo que hacen muchas veces: se quedaron a mirar”.

Luego del vecino, declaró el inspector Pablo Miño, quien era el encargado del grupo especial de combate de la policía y dijo que permanecieron sobre las vías en Avellaneda hasta que se produjo la primera agresión y que luego recibió la orden de desplazarse a la estación Constitución.

Seguidamente, declaró Fernando Cozzarín, jefe de calle de la comisaría 30ra. al momento del crimen y actualmente retirado de la Policía Federal. Este testigo contó que llegó al puente Bosch al mediodía y permaneció allí unos minutos durante los cuales no pudo entrevistarse con el subcomisario Garay porque éste “estaba hablando con cinco o seis personas de los manifestantes”.

Por su parte, Gustavo Carca, quien era el superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, declaró que las directivas generales para este tipo de actuaciones “no criminalizar la protesta” y que el mediodía del 20 de octubre lo llamó Lompizano para informarle que había un problema en la manifestación de ferroviarios y que después fue hasta su oficina para decirle que hubo “una gresca” entre dos grupos rivales y que había gente herida.

“Los heridos fueron a siete u ocho cuadras de Avellaneda. No se tomaron medidas antes de los heridos, porque se estaban desconcentrando, no había motivos”, dijo Carca, quien sostuvo que recién se enteraron de que había personas baleadas cuando recibieron el informe del Hospital Argerich.[11]

El crimen del militante XX

El jueves 22 de noviembre declaró Juan Pablo Schiavi, quien al momento del crimen de Ferreyra era el secretario de Transportes de la Nación, cargo que dejó de ocupar tras la denominada "Tragedia de Once".[1]

Durante la instrucción de la causa, la querella del PO había pedido imputar a Schiavi por sus presuntos vínculos con el grupo ferroviario encabezado por el acusado Pedraza, pero la Justicia no hizo lugar a ese requerimiento.

Al declarar en el juicio, Schiavi aseguró el trabajo tercerizado “se ajustaba a derecho” porque estaba contemplado en la forma de contratación que surgió en “los años 90” y afirmó que “el gobierno estaba trabajando sobre el tema”.[2]

El testigo dijo que alguna vez la Unión Ferroviaria pidió que se “normalizara” (sic) la situación de los tercerizados, aunque no recordaba si el sindicato lo hizo por algún canal formal. Y reconoció que las diversas audiencias y acciones de lucha llevadas adelante por los tercerizados corrían por cuenta de estos ya que estaban al margen de la Unión Ferroviaria.

Sobre el corte de vías anunciado para el 20 de octubre de 2010, Schiavi dijo: “Se planteó la posibilidad de prevención, sobre todo, porque se trata de un servicio eléctrico y cualquier corte puede traer aparejado la posibilidad de que alguien se electrocute”.[3]

En la misma audiencia declaró el gerente de Recursos Humanos de UGOFE, Héctor Messineo, quien dijo que su puesto abarcaba las funciones de “selección, la capacitación, la administración de los contratos colectivos de trabajo y con la administración de todo el personal de la línea”.[4]

“Yo podría estimar que ingresan entre un 80 y un 85% de postulados por los gremios. El resto, son por búsquedas específicas que hacemos de técnicos o por recomendaciones de la Secretaria de Transporte. También desde intendencias, diputados, senadores… Siempre hay recomendados y buscamos lo que más se adapta”, explicó.[5]

Sobre la “tercerización”, este testigo dijo que fue “necesaria” debido al déficit de empleados con el que se encontró UGOFE en la línea Roca, y “valoró” la “comprensión” de la Unión Ferroviaria al aceptarla porque “la política del sindicato era la no tercerización”.

Por su parte, Claudio Gutiérrez, un policía federal, declaró que él Integraba un grupo especial de combate y que el día del crimen estuvo desde temprano con su equipo sobre las vías de Avellaneda y que a media mañana los desplazaron a Constitución. Además, dijo que no vio a los ferroviarios sobre el terraplén ni presenció ninguna incidencia.

En tanto, en la jornada del martes 27 de noviembre, el primer testigo fue Ricardo Faranna, quien en octubre de 2010 se desempeñaba como Superintendente General de Transporte y había recibido un día antes informes de inteligencia sobre lo que podía llegar a pasar en el corte de vías anunciado para la mañana siguiente.

“La posibilidad de la presencia de la Unión Ferroviaria nunca se descartó. No teníamos la certeza, pero el servicio se montó teniendo en cuenta esa probabilidad”, declaró el testigo que admitió sabía que los ferroviarios no tenían “los mismos propósitos” que los tercerizados.[6]

Faranna contó que era la DGO la que ordenaba el envío de efectivos en base al análisis de la situación que su división realizaba y, en ese sentido, consideró que “la fuerza dispuesta (para el 20 de octubre de 2010) era suficiente para operar en esas circunstancias”.

Luego declararon Nicolás de Marco, Maximiliano Alegre y César Barrionuevo, tres policías de la División Exteriores de Video de la Policía Federal, compañeros de trabajo del imputado Villalba.

“Lo que hay que filmar son los incidentes. El jefe del servicio da las directivas, pero por una cuestión de lógica (sic), si el jefe de servicio está distraído y hay incidentes, uno graba”, explicó De Marco.[7]