La jugada de la exhumación
El procesamiento de los imputados dejó casi cerrada la instrucción del caso; sin embargo, el abogado de uno de los sospechosos solicitó luego que se exhumara el cuerpo de Diego para que, a partir de nuevos peritajes forenses, se determinara si las marcas que el joven presentaba en su mano derecha habían sido producidas por pasaje de corriente eléctrica.
La estrategia del letrado era muy clara: si surgían sospechas contra los patovicas del local bailable, los cuatro jóvenes presos se iban a ver muy favorecidos.
Ante la solicitud del abogado, el fiscal aclaró que, a pesar de acceder a los nuevos estudioso, las marcas no estaban en la muñeca sino en el dorso de la mano derecha, lo que no coincidía con la versión de la familia de Diego que indicaba que las lesiones habían sido provocadas por las esposas policiales.
En la fiscalía eran de la idea era despejar todo tipo de dudas sobre la posibilidad de que Diego haya sido picaneado ya que, según explicó un instructor judicial, “existen unos aparatos electrónicos portátiles que descargan electricidad, que suelen ser usados por los patovicas y que no suelen ser habituales en la policía. Si la pericia llega a demostrar que existió el pasaje, habrá que analizar quién la aplicó”.
De todos modos, la exhumación se suspendió ya que los familiares de Diego se opusieron a la misma.
La negativa de los padres, sumada a que en aquel momento la familia estaba sin abogado, llevó a la Justicia a revocar la diligencia para evitar cuestionamientos o pedidos de nulidades posteriores.
De esta manera, la investigación del crimen de Diego se cerró sin que surgieran nuevas pistas o pruebas. Los familiares de la víctima, en tanto, continuaron en los meses posteriores realizando marchas reclamando Justicia y que se castigue a los que, según ellos, eran los verdaderos asesinos del joven, aunque nunca hubo rostros o nombres que los pudieran identificar.
VII
El quiebre
El fiscal que investigaba el crimen de Diego prácticamente cerró a mediados de julio la instrucción de la causa a partir de la confesión de uno de los detenidos que provocó un quiebre definitivo en la pesquisa.
El sospechoso confeso fue Carlos, quien declaró que todo había comenzado cuando él, José y Walter –los otros dos detenidos- estaban fumando marihuana y tomando bebidas alcohólicas dentro de “Invasión” y comenzaron a pelearse con Diego y sus amigos.
Al parecer, la riña se originó a partir de rivalidades de barrio e incluyó insultos y empujones, hasta que los patovicas echaron a todos los involucrados.
Según Carlos, los dos grupos continuaron la pelea en la calle, donde él y sus amigos persiguieron a Diego durante dos cuadras hasta que lo alcanzaron y golpearon brutalmente.
El sospechoso admitió que él golpeó a la víctima pero no que le provocó la muerte ya que contó que fueron sus dos amigos los que siguieron pegándole a Diego cuando éste ya estaba tirado en el piso. Es más, Carlos indicó que fue Walter el que asfixió a Diego mientras José le robaba la billetera y las zapatillas.
El fiscal consideró creíble el relato de Carlos ya que, por más que intentó desvincularse del crimen, sus dichos sobre la posición en que quedó el cuerpo de la víctima coincidieron exactamente con la que fue hallado.
Tras el testimonio aportado por este sospechoso, la Justicia de garantías no tuvo a fines de julio problemas para procesar a los tres imputados con prisión preventiva.
El fiscal que investigaba el crimen de Diego prácticamente cerró a mediados de julio la instrucción de la causa a partir de la confesión de uno de los detenidos que provocó un quiebre definitivo en la pesquisa.
El sospechoso confeso fue Carlos, quien declaró que todo había comenzado cuando él, José y Walter –los otros dos detenidos- estaban fumando marihuana y tomando bebidas alcohólicas dentro de “Invasión” y comenzaron a pelearse con Diego y sus amigos.
Al parecer, la riña se originó a partir de rivalidades de barrio e incluyó insultos y empujones, hasta que los patovicas echaron a todos los involucrados.
Según Carlos, los dos grupos continuaron la pelea en la calle, donde él y sus amigos persiguieron a Diego durante dos cuadras hasta que lo alcanzaron y golpearon brutalmente.
El sospechoso admitió que él golpeó a la víctima pero no que le provocó la muerte ya que contó que fueron sus dos amigos los que siguieron pegándole a Diego cuando éste ya estaba tirado en el piso. Es más, Carlos indicó que fue Walter el que asfixió a Diego mientras José le robaba la billetera y las zapatillas.
El fiscal consideró creíble el relato de Carlos ya que, por más que intentó desvincularse del crimen, sus dichos sobre la posición en que quedó el cuerpo de la víctima coincidieron exactamente con la que fue hallado.
Tras el testimonio aportado por este sospechoso, la Justicia de garantías no tuvo a fines de julio problemas para procesar a los tres imputados con prisión preventiva.
VI
Por la pista policial
Los familiares de Diego marcharon la primera semana de julio por tercera vez a los tribunales de La Matanza para reunirse con los investigadores e insistir en la pista policial. Nuevamente, los manifestantes marcharon desde la ruta 3 y Camino de Cintura junto militantes de grupos piqueteros hasta la sede judicial, que estaba vallada por policías de la brigada de Infantería que, además, rodearon toda la manzana.
Ante la numerosa cantidad de manifestantes, el fiscal general decidió que sólo doce personas, designadas por los padres de Diego, ingresaran a los tribunales para entrevistarse con él.
Antes de ingresar, Raúl mostró ante la prensa una foto de las manos del cadáver de su hijo y aludió a tres marcas sugiriendo que podían haber sido hechas por esposas policiales.
Sin embargo, tras la reunión con los investigadores, desde la fiscalía indicaron que esa fotografía no aportó nada para la causa ya que las marcas no necesariamente podían haber sido de esposas sino que pudieron haber sido provocadas por un golpe que la víctima recibió durante la pelea con la patota que lo mató.
Los familiares de Diego ya habían presentado días antes un nuevo testigo que dijo que vio una camioneta de la policía bonaerense en el lugar donde el joven apareció muerto.
Pero, una vez más, la pista policial volvió a perder fuerza ya que los investigadores descubrieron, por medio del sistema satelital que poseen los vehículos de la fuerza, que ningún patrullero pasó por el lugar donde apareció el cadáver del joven.
La hipótesis de la fiscalía siguió siendo la de una patota y esa línea de investigación se profundizó cuando un día después de la tercera marcha un testigo se presten+o a declarar espontáneamente y aseguró que era amigo de uno de los detenidos.
Este joven sostuvo que también conocía a la víctima y relató que vio tanto la pelea dentro de la disco como el ataque que sufrió Diego en la calle. También contó quién fue el que le robó las zapatillas a la víctima cuando ésta ya había sido asesinada.
Con este testimonio ya sumaban cuatro las personas que declararon en la causa haber visto la pelea fatal: dos allegados a la víctima y una vecina ya habían sostenido esa hipótesis.
Mientras la pista policial quedaba prácticamente descartada, la familia de Diego se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora para denunciar que recibía amenazas de la policía.
“Las amenazas son permanentes. Y si la Justicia está segura que fue una patota la que mató a Diego, ¿para qué nos amenazan?”, expresó Raúl, en su último intento por torcer el rumbo de la pesquisa que ya parecía tener un rumbo definitivo.
Los familiares de Diego marcharon la primera semana de julio por tercera vez a los tribunales de La Matanza para reunirse con los investigadores e insistir en la pista policial. Nuevamente, los manifestantes marcharon desde la ruta 3 y Camino de Cintura junto militantes de grupos piqueteros hasta la sede judicial, que estaba vallada por policías de la brigada de Infantería que, además, rodearon toda la manzana.
Ante la numerosa cantidad de manifestantes, el fiscal general decidió que sólo doce personas, designadas por los padres de Diego, ingresaran a los tribunales para entrevistarse con él.
Antes de ingresar, Raúl mostró ante la prensa una foto de las manos del cadáver de su hijo y aludió a tres marcas sugiriendo que podían haber sido hechas por esposas policiales.
Sin embargo, tras la reunión con los investigadores, desde la fiscalía indicaron que esa fotografía no aportó nada para la causa ya que las marcas no necesariamente podían haber sido de esposas sino que pudieron haber sido provocadas por un golpe que la víctima recibió durante la pelea con la patota que lo mató.
Los familiares de Diego ya habían presentado días antes un nuevo testigo que dijo que vio una camioneta de la policía bonaerense en el lugar donde el joven apareció muerto.
Pero, una vez más, la pista policial volvió a perder fuerza ya que los investigadores descubrieron, por medio del sistema satelital que poseen los vehículos de la fuerza, que ningún patrullero pasó por el lugar donde apareció el cadáver del joven.
La hipótesis de la fiscalía siguió siendo la de una patota y esa línea de investigación se profundizó cuando un día después de la tercera marcha un testigo se presten+o a declarar espontáneamente y aseguró que era amigo de uno de los detenidos.
Este joven sostuvo que también conocía a la víctima y relató que vio tanto la pelea dentro de la disco como el ataque que sufrió Diego en la calle. También contó quién fue el que le robó las zapatillas a la víctima cuando ésta ya había sido asesinada.
Con este testimonio ya sumaban cuatro las personas que declararon en la causa haber visto la pelea fatal: dos allegados a la víctima y una vecina ya habían sostenido esa hipótesis.
Mientras la pista policial quedaba prácticamente descartada, la familia de Diego se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora para denunciar que recibía amenazas de la policía.
“Las amenazas son permanentes. Y si la Justicia está segura que fue una patota la que mató a Diego, ¿para qué nos amenazan?”, expresó Raúl, en su último intento por torcer el rumbo de la pesquisa que ya parecía tener un rumbo definitivo.
V
Un dolor compartido
El comisario mayor Iglesias se convirtió en el nuevo jefe de la policía bonaerense dos días antes que los padres de Diego sitiaron por segunda vez, la Fiscalía General de La Matanza. Su antecesor había sido desplazado, justamente, por no haber evitado una pueblada en la ciudad de Tres Arroyos. Por esa razón, la primera declaración pública que hizo el nuevo jefe policial hizo hincapié en evitar “más desmanes” para “preservar las instituciones”.
Iglesias encabezó el operativo de seguridad en los Tribunales de La Matanza hasta donde llegaron unas 300 personas que manifestaron en reclamo de Justicia por el crimen de Diego.
El comisaría mayor se lamentó por cada uno de los incidentes que ocurrieron en el lugar y siempre ordenó buscar el diálogo con los enfurecidos manifestantes.
Iglesias cumplió con su objetivo se preservar los edificios públicos, mismo resultado que obtuvo en hechos similares ocurridos en esos días frente a las comisarías de Florencio Varela y Lanús, al sur del Gran Buenos Aires.
El jefe policial tenía por entonces 48 años, y hacía 29 que había ingresado a la fuerza. Fue ex director de Investigaciones de San Martín, subdirector de esa área en La Plata, ex subjefe de la Departamental de Trenque Lauquen y titular de la Departamental de Lomas de Zamora.
En medio de la protesta en La Matanza, Iglesias se acercó a Raúl y le dijo algo que sorprendió al padre del joven asesinado: “Yo soy el jefe de la policía. Siento el mismo dolor que usted. A mí también me mataron un hijo. Soy el padre de uno de los mochileros que mataron en Bahía Blanca. Lo invito a dialogar”.
Iglesias es el padre de Horacio, asesinado junto a su novia, María Victoria, en agosto de 2000. Sus cuerpos aparecieron días después de su desaparición en un campo de Coronel Suárez.
El jefe de La Bonaerense finalmente dejaría dicha función a fines de 2005 porque quería dedicarse a resolver el crimen de su hijo.
El comisario mayor Iglesias se convirtió en el nuevo jefe de la policía bonaerense dos días antes que los padres de Diego sitiaron por segunda vez, la Fiscalía General de La Matanza. Su antecesor había sido desplazado, justamente, por no haber evitado una pueblada en la ciudad de Tres Arroyos. Por esa razón, la primera declaración pública que hizo el nuevo jefe policial hizo hincapié en evitar “más desmanes” para “preservar las instituciones”.
Iglesias encabezó el operativo de seguridad en los Tribunales de La Matanza hasta donde llegaron unas 300 personas que manifestaron en reclamo de Justicia por el crimen de Diego.
El comisaría mayor se lamentó por cada uno de los incidentes que ocurrieron en el lugar y siempre ordenó buscar el diálogo con los enfurecidos manifestantes.
Iglesias cumplió con su objetivo se preservar los edificios públicos, mismo resultado que obtuvo en hechos similares ocurridos en esos días frente a las comisarías de Florencio Varela y Lanús, al sur del Gran Buenos Aires.
El jefe policial tenía por entonces 48 años, y hacía 29 que había ingresado a la fuerza. Fue ex director de Investigaciones de San Martín, subdirector de esa área en La Plata, ex subjefe de la Departamental de Trenque Lauquen y titular de la Departamental de Lomas de Zamora.
En medio de la protesta en La Matanza, Iglesias se acercó a Raúl y le dijo algo que sorprendió al padre del joven asesinado: “Yo soy el jefe de la policía. Siento el mismo dolor que usted. A mí también me mataron un hijo. Soy el padre de uno de los mochileros que mataron en Bahía Blanca. Lo invito a dialogar”.
Iglesias es el padre de Horacio, asesinado junto a su novia, María Victoria, en agosto de 2000. Sus cuerpos aparecieron días después de su desaparición en un campo de Coronel Suárez.
El jefe de La Bonaerense finalmente dejaría dicha función a fines de 2005 porque quería dedicarse a resolver el crimen de su hijo.
IV
La furia regresa
La presión de la familia de Diego y la gran exposición mediática del caso llevó a que a fines de junio, tres jóvenes fueran detenidos como los sindicados autores del crimen y un cuarto fuera apresado por encubrimiento y falso testimonio. Los sospechosos eran Carlos, Walter, Jorge y Martín, de entre 19 y 26 años.
El fiscal del caso les imputó a los primeros tres detenidos el haber golpeado y asfixiado a Diego hasta provocarle la muerte, delitos por los que se negaron a declarar.
A pesar de que eso significaba un paso adelante en la investigación y que el fiscal pidió al día siguiente de los arrestos su detención formal a la justicia de Garantías de La Matanza, los familiares y amigos de la víctima e integrantes de agrupaciones piqueteras volvieron a marchar para reclamar Justicia y otra vez lo hicieron llenos de furia.
La marcha partió a las 12.20 de la plaza central de San Justo, cuando los padres de Diego llegaron en tren desde Gregorio de Laferrere, acompañados por unas veinte personas con una pancarta que pedía “Cárcel a los policías asesinos de Diego”.
Cuando la movilización llegó hasta los Tribunales de La Matanza, donde funciona la Fiscalía General, los esperaba un grupo de veinte policías mujeres como una manera de mostrar que no existía una intención de reprimir a los manifestantes.
El operativo, diseñado por un comité de crisis del Ministerio de Seguridad y comandado por el aquel entonces flamante jefe de la policía provincial, Iglesias, consistió en una segunda línea de oficiales con armas largas antitumultos, una tercera línea de Caballería y una cuarta línea de agentes con perros.
Los disturbios comenzaron cuando Raúl derribó las vallas de contención que la policía había colocado frente a los Tribunales exigiendo que liberen a los detenidos porque, según él, no tenían nada que ver.
Es que el detenido Jorge se trataba del testigo que propuso la familia de Diego y el único que declaró como la policía persiguió y se llevó a la víctima en un patrullero la noche del crimen.
En ese momento, algunos manifestantes empezaron a atacar a piedrazos el edificio, mientras piqueteros trataban de abrirse paso entre los policías, que los contuvieron con sus escudos.
Los manifestantes arrojaron palos y piedras e hirieron a dos policías de la Dirección de Infantería de Pilar. Uno fue golpeado por un ladrillo y debió ser trasladado al hospital Churruca.
Hubo un momento de máxima tensión, en el que sonó un disparo o una bomba de estruendo. Luego, Iglesias ordenó "resistir y replegar" por lo que los efectivos cerraron las puertas de la sede.
“¡Asesinos! ¡Asesinos!”, gritaban los manifestantes, integrantes del Frente de Trabajadores Combativos (FTC) -vinculada al Movimiento al Socialismo, de la que formaba parte Diego, y en la que militan sus padres y hermanos-, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y el Polo Obrero (PO). También se vieron banderas del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) y el Partido de Trabajadores Socialista (PTS).
Las protestas continuaron hasta que el fiscal general recibió al padre y dos hermanos de Diego, mientras que la Policía Montada se quedó detrás del portón trasero de los Tribunales sin intervenir en los incidentes.
Los funcionarios judiciales tuvieron que dar explicaciones frente a la prensa y los familiares de la víctima. Los padres de Diego prácticamente no dejaron hablar al fiscal del caso ya que insistieron una y otra vez en que a su hijo lo mató la policía y que las detenciones sólo servían para cerrar la causa y ocultar a los efectivos asesinos.
“Hay tres testigos que vieron que a Diego la noche del crimen lo metieron en un patrullero y uno de ellos está detenido", protestó Raúl, a lo que el fiscal del caso respondió que tenía las pruebas suficientes para elevar la causa a juicio pero que se sentía indignado porque no le dejaban explicárselo.
Durante la inusual reunión, el fiscal general dijo que todavía no descartaba ninguna hipótesis y los Lucena le pidieron una lista con los nombres de todos los policías que estuvieron la noche del crimen en la comisaría de San Carlos y exigieron que aparte de la causa al fiscal de instrucción.
El encuentro finalizó cuando el fiscal general les dijo a los padres de Diego que volvieran al día siguiente para darles los nombres de los policías que estuvieron de guardia en la seccional.
Tras la manifestación, que no alcanzó a ser tan violenta y destructiva como la que se llevó a cabo frente a “Invasión”, el accionar de la policía durante el operativo fue elogiado por los funcionarios políticos del gobierno bonaerense.
La presión de la familia de Diego y la gran exposición mediática del caso llevó a que a fines de junio, tres jóvenes fueran detenidos como los sindicados autores del crimen y un cuarto fuera apresado por encubrimiento y falso testimonio. Los sospechosos eran Carlos, Walter, Jorge y Martín, de entre 19 y 26 años.
El fiscal del caso les imputó a los primeros tres detenidos el haber golpeado y asfixiado a Diego hasta provocarle la muerte, delitos por los que se negaron a declarar.
A pesar de que eso significaba un paso adelante en la investigación y que el fiscal pidió al día siguiente de los arrestos su detención formal a la justicia de Garantías de La Matanza, los familiares y amigos de la víctima e integrantes de agrupaciones piqueteras volvieron a marchar para reclamar Justicia y otra vez lo hicieron llenos de furia.
La marcha partió a las 12.20 de la plaza central de San Justo, cuando los padres de Diego llegaron en tren desde Gregorio de Laferrere, acompañados por unas veinte personas con una pancarta que pedía “Cárcel a los policías asesinos de Diego”.
Cuando la movilización llegó hasta los Tribunales de La Matanza, donde funciona la Fiscalía General, los esperaba un grupo de veinte policías mujeres como una manera de mostrar que no existía una intención de reprimir a los manifestantes.
El operativo, diseñado por un comité de crisis del Ministerio de Seguridad y comandado por el aquel entonces flamante jefe de la policía provincial, Iglesias, consistió en una segunda línea de oficiales con armas largas antitumultos, una tercera línea de Caballería y una cuarta línea de agentes con perros.
Los disturbios comenzaron cuando Raúl derribó las vallas de contención que la policía había colocado frente a los Tribunales exigiendo que liberen a los detenidos porque, según él, no tenían nada que ver.
Es que el detenido Jorge se trataba del testigo que propuso la familia de Diego y el único que declaró como la policía persiguió y se llevó a la víctima en un patrullero la noche del crimen.
En ese momento, algunos manifestantes empezaron a atacar a piedrazos el edificio, mientras piqueteros trataban de abrirse paso entre los policías, que los contuvieron con sus escudos.
Los manifestantes arrojaron palos y piedras e hirieron a dos policías de la Dirección de Infantería de Pilar. Uno fue golpeado por un ladrillo y debió ser trasladado al hospital Churruca.
Hubo un momento de máxima tensión, en el que sonó un disparo o una bomba de estruendo. Luego, Iglesias ordenó "resistir y replegar" por lo que los efectivos cerraron las puertas de la sede.
“¡Asesinos! ¡Asesinos!”, gritaban los manifestantes, integrantes del Frente de Trabajadores Combativos (FTC) -vinculada al Movimiento al Socialismo, de la que formaba parte Diego, y en la que militan sus padres y hermanos-, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y el Polo Obrero (PO). También se vieron banderas del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) y el Partido de Trabajadores Socialista (PTS).
Las protestas continuaron hasta que el fiscal general recibió al padre y dos hermanos de Diego, mientras que la Policía Montada se quedó detrás del portón trasero de los Tribunales sin intervenir en los incidentes.
Los funcionarios judiciales tuvieron que dar explicaciones frente a la prensa y los familiares de la víctima. Los padres de Diego prácticamente no dejaron hablar al fiscal del caso ya que insistieron una y otra vez en que a su hijo lo mató la policía y que las detenciones sólo servían para cerrar la causa y ocultar a los efectivos asesinos.
“Hay tres testigos que vieron que a Diego la noche del crimen lo metieron en un patrullero y uno de ellos está detenido", protestó Raúl, a lo que el fiscal del caso respondió que tenía las pruebas suficientes para elevar la causa a juicio pero que se sentía indignado porque no le dejaban explicárselo.
Durante la inusual reunión, el fiscal general dijo que todavía no descartaba ninguna hipótesis y los Lucena le pidieron una lista con los nombres de todos los policías que estuvieron la noche del crimen en la comisaría de San Carlos y exigieron que aparte de la causa al fiscal de instrucción.
El encuentro finalizó cuando el fiscal general les dijo a los padres de Diego que volvieran al día siguiente para darles los nombres de los policías que estuvieron de guardia en la seccional.
Tras la manifestación, que no alcanzó a ser tan violenta y destructiva como la que se llevó a cabo frente a “Invasión”, el accionar de la policía durante el operativo fue elogiado por los funcionarios políticos del gobierno bonaerense.
III
¿La calma?
El día después de los incidentes ocurridos en Isidro Casanova, el Ministerio de Seguridad difundió un comunicado en el que dejó en claro cuál era su postura frente a la muerte de Diego: el joven fue asesinado por una patota.
Pero, a su vez, para calmar los ánimos de los vecinos, que seguían señalando a la policía como responsable, desde la cartera de informó que dos efectivos de la seccional de San Carlos, quienes la madrugada del crimen estaban en la misma disco, habían sido echados de la fuerza luego de ser hallados borrachos detrás de “Invasión”.
Sin embargo, el comunicado de Ministerio aclaró que el crimen del joven y la sanción disciplinaria de los policías fueron dos hechos distintos a pesar de que ocurrieron en el mismo lugar y a la misma hora.
Los policías sancionados que tenían que custodiar la zona y no respondieron los llamados por radio que les hacían desde la comisaría. Por eso enviaron otro móvil en su búsqueda y fue cuando encontraron el patrullero estacionado en el patio trasero del boliche.
Al acercarse, los policías observaron que uno de los efectivos estaba adentro, dormido y ebrio.; y el otro acaba de ser echado del local, también borracho, por el personal de seguridad porque también había provocado desmanes.
Por otro lado, la información oficial sembraba dudas sobre el padre de Diego al afirmar que Raúl tenía “antecedentes judiciales por su participación en los saqueos a comercios ocurridos en diciembre de 2001”.
Al conocerse ese dato, Santiago, un hermano de la víctima, aseguró que Diego era del Frente de Trabajadores Combativos y comparó su muerte con la de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía en Avellaneda durante una protesta en el Puente Pueyrredón ocurrida el 26 de junio de 2002.
“A Kosteki y Santillán los mató la policía por ser luchadores sociales. A Diego también lo mató la policía y también era un luchador social”, dijo Santiago.
Por la denominada “Masacre de Avellaneda”, dos efectivos policiales fueron condenados en 2005 a reclusión perpetua por “doble homicidio calificado”.
En tanto, los padres de Diego se reunieron luego con el fiscal general de La Matanza para pedirle que se investigara el accionar policial.
La promesa que recibieron los familiares y su abogado fue que no se iban a descartar ninguna hipótesis y que la pesquisa iba a pasar a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, es decir, fuera de la jurisdicción de la Jefatura que es la que tenía bajo su órbita a la comisaría de San Carlos, cuyos efectivos estaban en la mira y, uno a uno, declararon como testigos en la causa.
El día después de los incidentes ocurridos en Isidro Casanova, el Ministerio de Seguridad difundió un comunicado en el que dejó en claro cuál era su postura frente a la muerte de Diego: el joven fue asesinado por una patota.
Pero, a su vez, para calmar los ánimos de los vecinos, que seguían señalando a la policía como responsable, desde la cartera de informó que dos efectivos de la seccional de San Carlos, quienes la madrugada del crimen estaban en la misma disco, habían sido echados de la fuerza luego de ser hallados borrachos detrás de “Invasión”.
Sin embargo, el comunicado de Ministerio aclaró que el crimen del joven y la sanción disciplinaria de los policías fueron dos hechos distintos a pesar de que ocurrieron en el mismo lugar y a la misma hora.
Los policías sancionados que tenían que custodiar la zona y no respondieron los llamados por radio que les hacían desde la comisaría. Por eso enviaron otro móvil en su búsqueda y fue cuando encontraron el patrullero estacionado en el patio trasero del boliche.
Al acercarse, los policías observaron que uno de los efectivos estaba adentro, dormido y ebrio.; y el otro acaba de ser echado del local, también borracho, por el personal de seguridad porque también había provocado desmanes.
Por otro lado, la información oficial sembraba dudas sobre el padre de Diego al afirmar que Raúl tenía “antecedentes judiciales por su participación en los saqueos a comercios ocurridos en diciembre de 2001”.
Al conocerse ese dato, Santiago, un hermano de la víctima, aseguró que Diego era del Frente de Trabajadores Combativos y comparó su muerte con la de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía en Avellaneda durante una protesta en el Puente Pueyrredón ocurrida el 26 de junio de 2002.
“A Kosteki y Santillán los mató la policía por ser luchadores sociales. A Diego también lo mató la policía y también era un luchador social”, dijo Santiago.
Por la denominada “Masacre de Avellaneda”, dos efectivos policiales fueron condenados en 2005 a reclusión perpetua por “doble homicidio calificado”.
En tanto, los padres de Diego se reunieron luego con el fiscal general de La Matanza para pedirle que se investigara el accionar policial.
La promesa que recibieron los familiares y su abogado fue que no se iban a descartar ninguna hipótesis y que la pesquisa iba a pasar a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, es decir, fuera de la jurisdicción de la Jefatura que es la que tenía bajo su órbita a la comisaría de San Carlos, cuyos efectivos estaban en la mira y, uno a uno, declararon como testigos en la causa.
II
La furia
Los familiares y amigos de Diego no estaban conformes con como marchaba la investigación del crimen del joven. Ellos sostenían que los responsables eran los policías de San Carlos que la noche del asesinato estaban patrullando los alrededores del boliche “Invasión”.
Por esa razón, los allegados a la víctima e integrantes de distintos grupos piqueteros salieron a marchar la semana siguiente al crimen por las calles de la localidad de Isidro Casanova.
La protesta comenzó a las 11 frente al local bailable y estuvo encabezada por los padres de Diego, Raúl y Silvia, y el grupo de amigos más cercanos al joven.
Encolumnados detrás, marcharon residentes de la vecina localidad de Gregorio de Laferrere, donde vive la familia Diego, y decenas de jóvenes que portaban banderas y pancartas de grupos piqueteros y políticos como el Polo Obrero, el Movimiento Social de los Trabajadores (MST) y el Partido de los Trabajadores Socialista (PTS).
Primero, los jóvenes exigieron Justicia a los gritos y realizaron pintadas con aerosol en las paredes del boliche pero la situación comenzó a descontrolarse cuando algunos lograron forzar las rejas del local e ingresaron al predio.
Los violentos se taparon las caras con pasamontañas y destruyeron a palazos todo lo que encontraron a su paso: espejos, luces y bafles. Aprovechando el descontrol, un grupo de chicos saqueó un quiosco que hay dentro del local y robaron golosinas, cigarrillos y dinero de la caja.
En medio de los destrozos y saqueos uno de los manifestantes tomó un aerosol y con un encendedor creó una especie de lanzallamas casero con el que empezó a incendiar las barras del boliche donde se venden los tragos. En cuestión de minutos, el local entero quedó envuelto en llamas.
Mientras el local bailable ardía llegó un patrullero Fiat Siena y una camioneta de la comisaría de San Carlos y antes de que los efectivos policiales intentaran frenar la furia de los manifestantes, éstos comenzaron a tirarles piedras de todos los tamaños que iban encontrando en la calle.
Los dos agentes que iban en el Siena fueron alcanzados por las piedras por lo que se subieron a la camioneta policial y escaparon del lugar abandonando el móvil. Esta oportunidad fue aprovechada por los enardecidos manifestantes quienes se apoderaron del patrullero, le rompieron los vidrios, entre varios lograron volcarle y finalmente lo prendieron también fuego.
“Llegaron con aerosoles e incendiaron todo. Un vecino llamó a la policía y cuando llegó el patrullero fue peor”, contó un vecino que tenía un taller de GNC al lado del local bailable.
Por su parte, Adrián, uno de sus integrantes del Polo Obrero, opinó: “Entendemos la bronca de la familia. Nosotros la acompañamos, pero no participamos de los destrozos. Eso sí: que llegara un patrullero fue una provocación”.
Cuando llegaron los bomberos de la zona arribaron al lugar de los incidentes, lograron apagar las llamas pero el patrullero ya estaba totalmente destruido. A pesar de ello, hubo gente que empezó a desarmarlo e, inclusive, un hombre con una llave cruz logró aflojar las tuercas y se llevó las llantas del vehículo.
En tanto, mientras unos chicos saltaban arriba del techo de lo que quedaba del Siena –que había sido dado vuelta por los revoltosos- otro hombre abrió el capot y se llevó algunas piezas del motor.
Mientras ocurría estos destrozos que fueron transmitidos en vivo y en directo por los principales canales televisivos de noticias, otro grupo de manifestantes cortaron la Ruta 3 a la altura de la avenida Marconi, a 200 metros de la disco, donde se encontraban los familiares de Diego, entre ellos, la mamá, que llevaba en sus manos una foto del joven.
Dos horas después de que los manifestantes cortaran la Ruta 3, 15 camionetas de la Jefatura Departamental La Matanza, con más de 30 policías, llegaron a la puerta de “Invasión” y comenzaron a disparar al aire. En el lugar había gente que desarmaba y se llevaba las maderas que adornaban el frente del local bailable.
Pasadas las dos de la tarde la protesta finalizó, pero, a raíz de los incidentes, la familia Diego decidió no ir a manifestar ante la comisaría de San Carlos, que estaba vallada y custodiada por más de 30 hombres del Cuerpo de Infantería.
Los familiares y amigos de Diego no estaban conformes con como marchaba la investigación del crimen del joven. Ellos sostenían que los responsables eran los policías de San Carlos que la noche del asesinato estaban patrullando los alrededores del boliche “Invasión”.
Por esa razón, los allegados a la víctima e integrantes de distintos grupos piqueteros salieron a marchar la semana siguiente al crimen por las calles de la localidad de Isidro Casanova.
La protesta comenzó a las 11 frente al local bailable y estuvo encabezada por los padres de Diego, Raúl y Silvia, y el grupo de amigos más cercanos al joven.
Encolumnados detrás, marcharon residentes de la vecina localidad de Gregorio de Laferrere, donde vive la familia Diego, y decenas de jóvenes que portaban banderas y pancartas de grupos piqueteros y políticos como el Polo Obrero, el Movimiento Social de los Trabajadores (MST) y el Partido de los Trabajadores Socialista (PTS).
Primero, los jóvenes exigieron Justicia a los gritos y realizaron pintadas con aerosol en las paredes del boliche pero la situación comenzó a descontrolarse cuando algunos lograron forzar las rejas del local e ingresaron al predio.
Los violentos se taparon las caras con pasamontañas y destruyeron a palazos todo lo que encontraron a su paso: espejos, luces y bafles. Aprovechando el descontrol, un grupo de chicos saqueó un quiosco que hay dentro del local y robaron golosinas, cigarrillos y dinero de la caja.
En medio de los destrozos y saqueos uno de los manifestantes tomó un aerosol y con un encendedor creó una especie de lanzallamas casero con el que empezó a incendiar las barras del boliche donde se venden los tragos. En cuestión de minutos, el local entero quedó envuelto en llamas.
Mientras el local bailable ardía llegó un patrullero Fiat Siena y una camioneta de la comisaría de San Carlos y antes de que los efectivos policiales intentaran frenar la furia de los manifestantes, éstos comenzaron a tirarles piedras de todos los tamaños que iban encontrando en la calle.
Los dos agentes que iban en el Siena fueron alcanzados por las piedras por lo que se subieron a la camioneta policial y escaparon del lugar abandonando el móvil. Esta oportunidad fue aprovechada por los enardecidos manifestantes quienes se apoderaron del patrullero, le rompieron los vidrios, entre varios lograron volcarle y finalmente lo prendieron también fuego.
“Llegaron con aerosoles e incendiaron todo. Un vecino llamó a la policía y cuando llegó el patrullero fue peor”, contó un vecino que tenía un taller de GNC al lado del local bailable.
Por su parte, Adrián, uno de sus integrantes del Polo Obrero, opinó: “Entendemos la bronca de la familia. Nosotros la acompañamos, pero no participamos de los destrozos. Eso sí: que llegara un patrullero fue una provocación”.
Cuando llegaron los bomberos de la zona arribaron al lugar de los incidentes, lograron apagar las llamas pero el patrullero ya estaba totalmente destruido. A pesar de ello, hubo gente que empezó a desarmarlo e, inclusive, un hombre con una llave cruz logró aflojar las tuercas y se llevó las llantas del vehículo.
En tanto, mientras unos chicos saltaban arriba del techo de lo que quedaba del Siena –que había sido dado vuelta por los revoltosos- otro hombre abrió el capot y se llevó algunas piezas del motor.
Mientras ocurría estos destrozos que fueron transmitidos en vivo y en directo por los principales canales televisivos de noticias, otro grupo de manifestantes cortaron la Ruta 3 a la altura de la avenida Marconi, a 200 metros de la disco, donde se encontraban los familiares de Diego, entre ellos, la mamá, que llevaba en sus manos una foto del joven.
Dos horas después de que los manifestantes cortaran la Ruta 3, 15 camionetas de la Jefatura Departamental La Matanza, con más de 30 policías, llegaron a la puerta de “Invasión” y comenzaron a disparar al aire. En el lugar había gente que desarmaba y se llevaba las maderas que adornaban el frente del local bailable.
Pasadas las dos de la tarde la protesta finalizó, pero, a raíz de los incidentes, la familia Diego decidió no ir a manifestar ante la comisaría de San Carlos, que estaba vallada y custodiada por más de 30 hombres del Cuerpo de Infantería.
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