Se cumplen 10 años de la obra "Hogar Viento", la más leída y descargada de Novelas a la Carta. Y para esta ocasión tan especial se lanza una nueva edición ya disponible en un solo click:
¡Chau 2020!
Despedimos el año con dos nuevas versiones de "Entremundo" y "Souvenir" en Novelas a la Carta
¡Nos vemos en 2021!
Diario de un crimen: 179
Poco antes de cumplirse los seis meses de cometido el crimen de Francis, desde los laboratorios de la Policía Federal surgieron los resultados de la última medida de prueba “clave” para la causa, al punto que tras incorporar este informe de los peritos al expediente decidió clausurar la etapa de instrucción, y así se lo comunicó al doctor Estévez, quien, una vez más, le expresó su total apoyo.
De hecho, fue el propio fiscal general quien se encargó de dar a conocer estas novedades a la prensa que, por entonces, estaba más enfocada en los efectos de la pandemia por coronavirus. De hecho, algunos medios se mostraban aún más preocupados por la cuarentena que por la transmisión del virus en sí, cuando esto último era el verdadero problema de fondo a resolver.
A su vez, los abogados de la familia de Francis avalaron tanto los resultados del último peritaje como la decisión de cerrar la etapa de instrucción de la causa y elevarla a juicio oral, al tiempo que destacaron que a partir de esto quedaba claro qué rol tuvo cada uno de los imputados en el ataque “en manada” que sufrió la víctima.
Por su parte, los padres de los acusados continuaron con su bajo perfil y evitaron realizar cualquier comentario al respecto, en especial, los de Martín, quien fue el más comprometido por los recientes avances de los peritos.
Es que un estudio scopométrico reveló que una de las patadas que recibió la víctima en su rostro fue realizada por dicho rugbier.
Los peritos cotejaron dos improntas de patada que se tomaron de la cara de Francis, a partir de las cuales primero se elaboró un perfil de calzado, con las zapatillas que se les secuestró a los diez sospechosos en la casa de veraneo.
Y antes de arribar al resultado final, también se los tomó nuevas huellas plantares a todos los acusados para poder completar la diligencia.
A partir de todo ese material, el cotejo dio resultado positivo entre la huella más grande y una zapatilla de lona y con suela de goma perteneciente a Martín; en tanto que de la otra impronta no se pudo establecer una coincidencia porque era muy pequeña.
De esta manera se confirmaba la versión de los testigos que señalaron a este rugbier como la persona que le aplicó patadas a Francis cuando éste ya estaba tirado en el suelo, sin poder defenderse.
Pero más allá de los roles que tuvo cada uno de los agresores, la fiscalía sostenía que hubo una “coautoría funcional”, en la que todos realizaron un aporte indispensable para consumar el homicidio. Es decir, que no hubo una sola patada mortal sino que todos los golpes contribuyeron a la muerte de Francis.
Mientras tanto, a los padres de la víctima sólo les quedaba aguardar a que se hiciera justicia… lo antes posible.
AA
Agosto 2020
Diario de un crimen: 86
La investigación por el crimen de Francis avanzó rápidamente, realmente como pocas; hasta que su marcha frenó en forma abrupta al toparse de frente con la pandemia por coronavirus, la cual derivó en un aislamiento de la sociedad a nivel mundial y, sobre todo, en Argentina, donde la cuarentena fue más estricta y prolongada.
A raíz de esta situación, el Poder Judicial entró en una feria extraordinaria indefinida, por lo que la audiencia oral que se iba a llevar ante la Cámara de Apelaciones de la Costa se suspendió primero provisoriamente y luego, con el correr de las semanas en forma definitiva.
De todos modos, los camaristas debían resolver la apelación de la defensa de los rugbiers, quienes al igual que el resto de la población carcelaria del país decidieron no aceptar visitas en el penal para respetar el protocolo sanitario.
A su vez, los presos pasaron a tener teléfonos celulares para poder comunicarse con sus seres queridos sin utilizar el mismo aparato que el resto.
Paralelamente, los detenidos con enfermedades de base respiratorias y cardiovasculares, y los que tenían más de 60 años, pasaron a formar parte de los grupos de riegos ante el avance del Covid-19, por lo que comenzaron a solicitar excarcelaciones y arrestos domiciliarios para salir del encierro en las prisiones.
Sin embargo, nada de esto ocurrió con los ocho acusados del crimen de Francis, quienes no padecían ningún problema de salud y estaban lejos de la edad de riesgo; por ende, siguieron alojados en sus mismos calabozos. Tampoco tuvieron que aislarse del resto de la población ya que en esa condición habían ingresado al pabellón y así continuaban.
Por su parte, Leopoldo Demarco, uno de los integrantes de la Sala I de la Cámara que debía resolver la apelación de la defensa de los rugbiers, sí formaba parte del grupo de riesgo, por lo que pidió una licencia.
A raíz de ello debió sortearse una nueva composición de la sala pero cuando parecía que el fallo se iba a tratar con el nuevo juez designado, la Cámara decidió que ya que no se iba a realizar una audiencia oral y el tratamiento de la cuestión podía efectuarse respetando el aislamiento, por lo que Demarco volvió a asumir su rol inicial.
Todo esto derivó en un largo impasse ya que cada decisión judicial se llevaba a cabo de manera electrónica y no presencial, lo que demandó semanas. Y esto motivó que el fiscal general Estévez emitiera un dictamen solicitando celeridad en el trámite.
Finalmente, el fallo de la Sala I de la Cámara se conoció 86 días después de cometido el crimen, 50 más tarde de que el juez Martínez dictó el procesamiento con prisión preventiva de los imputados.
En tanto, uno de los cuestionamientos de la defensa fue la incorporación del testigo Lisandro en las ruedas de reconocimiento. Al respecto, el abogado Torelli sostuvo que en su declaración testimonial este amigo de Francis dijo que no estaba seguro de poder reconocer a los tres supuestos agresores que él llegó a ver y que sólo describió vagamente a dos de ellos. Sin embargo, este joven se comunicó posteriormente con la fiscalía y afirmó que sí podía hacerlo, por lo que se lo citó a las ruedas sin volver a tomarle declaración bajo juramento.
La defensa cuestionó este procedimiento y agregó que hubo una “desmesurada saturación informativa que implicó la constate difusión de las imágenes de los imputados en una suerte de cadena nacional espontánea que se encargó del resto”.
Sin embargo, el juez Demarco sostuvo que “no hubo violación a norma legal alguna” y aclaró que la diligencia en rueda de reconocimientos se realizó “bajo juramento de ley” y que “nada impidió que, en esa oportunidad, la defensa interrogara o preguntara sobre su aparente cambio”.
Torelli también cuestionó la validez de la declaración de Tommy que el acta de la testimonial no fue firmada por la fiscal Zambrano sino por un auxiliar letrado, aunque ella figuraba como presente en la audiencia, lo que fue rechazado por Demarco, quien consideró que la defensa no demostró, “ni siquiera mínimamente, cuál fue el perjuicio que le ocasionó la falta de firma” de la funcionaria.
Otro punto criticado fue que la fiscalía supuestamente no se tomó más de cinco minutos en realizar cada una de las diez indagatorias y que de esa forma resultó imposible “comunicar derechos; hacer saber la intimación; informar detalladamente los hechos; la prueba; explicar el derecho a excarcelación; anotación de los datos personales; dar lectura a viva voz y luego firmar todos los presentes las actas respectivas”.
Además, según Torelli, quien no participó de las indagatorias porque él asumió la defensa a posteriori, las actas no contaban con las firmas de todos los funcionarios que nombraba, por lo que se trataba de un delito de “falsedad ideológica”.
“La defensora oficial estuvo presente, mantuvo entrevista previa, puso en conocimiento de los imputados las prueba y los hechos, fue quién les aconsejó que no declaren, ejerció su mandato y estampó su firma en cada una de las declaraciones”; por lo que estas últimas fueron recibidas “conforme a derecho, sin violación a garantía constitucional alguna”, abundó el Demarco, con quien coincidieron luego en sus respectivos votos los otros dos camaristas de la misma sala.
Luego la defensa pidió un cambio de calificación legal al sostener que “extraer el dolo de causar la muerte sólo de una situación particular parece en principio discutible”, y afirmó que los testigos que declararon días después del crimen, tras “escuchar y ver las noticias”, modificaron sus dichos de manera “sospechosa e inquietante”.
También dijo que los acusados se comportaron de manera “tranquila” y “pueril” tras el hecho, lo que implicaba que no habían organizado “para matar”.
Por su parte, Demarco destacó que el defensor no especificaba una calificación alternativa, por lo que la inicial llegaba a esa instancia “firme”; al tiempo que opinó que “esa falta de nerviosismo, de normal actitud” cuando a los rugbiers los abordó el personal policial demostró que se trataba de “personas frías y calculadoras”.
Y añadió en referencia a esa actitud el mensaje de voz en el grupo de Whatsapp en el que se dijo “caduco”, que en este caso “significa murió”.
Por último, el camarista entendió que dado que la calificación legal estaba firme y la pena en expectativa era la de prisión perpetua, existían “riesgos procesales” que justificaban la prisión preventiva dictada en primera instancia.
“No puede dejar de señalarse la cantidad de intervinientes contra una sola persona, la brutalidad de la golpiza ejercida contra la víctima, el motivo fútil que llevó al accionar de los imputados a darle muerte, el desprecio total por la vida ajena. Fue, simplemente, una cacería humana”, sostuvo Demarco.
Y concluyó citando una frase del escritor Joseph Conrad que decía “la creencia en algún tipo de maldad sobrenatural no es necesaria, los hombres por sí solos ya son capaces de cualquier maldad”.
Casualidad o causalidad, lo cierto es que apenas unas horas después que el fallo de la Cámara se difundió públicamente, también llegó a las redacciones de los principales medios periodísticos los resultados preliminares de las pruebas de ADN realizadas por la Policía Científica sobre los rastros levantados del cuerpo de la víctimas, la ropa y el calzado, entre otros elementos, secuestrados en la casa alquilada por los rugbiers y las muestras tomadas de los propios acusados.
En total, los peritos oficiales y de parte analizaron 116 muestras y determinaron que había sangre de Francis en “una camisa blanca floreada” de Marcos; y que debajo del meñique izquierdo de la víctima se halló el perfil genético del imputado Bruno; lo que comprometía aún más a estos dos rugbiers.
Diario de un crimen: 35 y 36
El juez de Garantías Darío Martínez dispuso, antes de resolver si aceptaba o no el requerimiento de la fiscalía, realizar una audiencia para que todas las partes, en especial la defensa de los rugbiers, tuviesen la oportunidad de exponer en forma presencial y oral sus argumentos a favor y en contra del planteo de la doctora Zambrano.
Todos los acusados tenían un mismo abogado, el doctor Torelli, quien fue el principal orador durante dicha audiencia, la cual se celebró en la villa turística, que seguía convulsionada por el crimen de Francis, a más de un mes de cometido el hecho.
Aquella fue una extensa jornada que comenzó cuando los ocho detenidos fueron trasladados antes del amanecer desde la cárcel hasta el Juzgado de Garantías bajo un fuerte operativo de seguridad que fue filmado casi en forma íntegra por las cámaras de los distintos móviles periodísticos que siguieron los vehículos del servicio penitenciario por las distintas rutas y caminos.
Los rugbiers llegaron esposados y escoltados a primera hora de la mañana y en la puerta del juzgado los aguardaba un grupo de vecinos se había reunido allí con pancartas con la foto de Francis y leyendas en reclamo de justicia. “¡Asesinos!”, gritaban los manifestantes más exaltados.
En esta oportunidad no hubo presencia de turistas ya que la temporada de verano estaba por terminar los turistas, a lo que se sumaba que la sede judicial se ubicaba lejos del centro de la villa y en el medio de un barrio de residentes permanentes.
El recinto del juez Martínez no era demasiado amplio, por lo que sólo pudieron ingresar a la audiencia los acusados, abogados y empleados judiciales; mientras que los familiares de los rugbiers permanecieron en una sala contigua.
Durante su exposición, el defensor Torelli solicitó al magistrado una morigeración de la prisión preventiva y sugirió un arresto domiciliario con monitoreo electrónico para los ochos imputados.
En tanto que los abogados Barrera y Alvarez pidieron sumar a la acusación los agravantes de “alevosía” y el de matar “por placer”; lo cual no cambiaba la pena en expectativa porque los rugbiers ya estaban imputados de “homicidio calificado”, aunque sí describía un accionar extremadamente violento ya que implicaba que se aprovecharon del estado de indefensión de la víctima y que lo asesinaron por ninguno motivo más que porque así lo quisieron.
Por su parte, la fiscal Zambrano ratificó todos los extremos de su requerimiento y aclaró que como aún restaban conocerse los resultados de distintos peritajes, en los próximos días iba a ampliar su acusación.
Antes de finalizar la audiencia, el juez brindó a los imputados la posibilidad de realizar algún comentario o declaración, aunque estos dichos no iban a tener ninguna validez en el expediente.
Fue Bruno el único de los acusados que aceptó hablar y tras ponerse de pie se dirigió brevemente al magistrado: “Nunca tuvimos la intención de matarlo.”
Minutos después del mediodía, el juez dio por concluida la audiencia y los rugbiers fueron trasladados inmediatamente de regreso a la cárcel, lo que demandó otras dos horas de viaje.
Y al retirarse del juzgado, otra vez los vecinos agitaron sus pancartas y los insultaron. “¡Gusanos!”, se escuchó gritar a más de uno de los manifestantes.
En tanto, el defensor Torelli aprovechó para presentar en la mesa de entradas del despacho del magistrado una denuncia contra la doctora Zambrano por supuesta privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, el abogado de los rugbiers pidió la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y las indagatorias por considerar que hubo irregularidades durante la realización de las mismas que las invalidaban.
Y si bien estos planteos fueron remitidos al fiscal general de la costa, David Estévez, para que se pronunciara al respecto antes de que el juez tomase una decisión, Martínez dejó en claro cuál era su criterio sobre la causa cuando un día después de la audiencia oral dictó la prisión preventiva de los ochos acusados.
En su fallo, el magistrado mantuvo la imputación tal cual la expuso la doctora Zambrano y remarcó los imputados “ejercieron especial violencia” sobre la víctima y exteriorizaron “un claro accionar dirigido a concretar su muerte”.
Por ello es que no sorprendió que poco después, tanto el fiscal general como el propio juez desestimaran las denuncias por irregularidades y pedidos de nulidad interpuestos por la defensa que, por su parte, recurrió estas decisiones junto al dictado de prisión preventiva ante la Cámara de Apelaciones.
Todos los acusados tenían un mismo abogado, el doctor Torelli, quien fue el principal orador durante dicha audiencia, la cual se celebró en la villa turística, que seguía convulsionada por el crimen de Francis, a más de un mes de cometido el hecho.
Aquella fue una extensa jornada que comenzó cuando los ocho detenidos fueron trasladados antes del amanecer desde la cárcel hasta el Juzgado de Garantías bajo un fuerte operativo de seguridad que fue filmado casi en forma íntegra por las cámaras de los distintos móviles periodísticos que siguieron los vehículos del servicio penitenciario por las distintas rutas y caminos.
Los rugbiers llegaron esposados y escoltados a primera hora de la mañana y en la puerta del juzgado los aguardaba un grupo de vecinos se había reunido allí con pancartas con la foto de Francis y leyendas en reclamo de justicia. “¡Asesinos!”, gritaban los manifestantes más exaltados.
En esta oportunidad no hubo presencia de turistas ya que la temporada de verano estaba por terminar los turistas, a lo que se sumaba que la sede judicial se ubicaba lejos del centro de la villa y en el medio de un barrio de residentes permanentes.
El recinto del juez Martínez no era demasiado amplio, por lo que sólo pudieron ingresar a la audiencia los acusados, abogados y empleados judiciales; mientras que los familiares de los rugbiers permanecieron en una sala contigua.
Durante su exposición, el defensor Torelli solicitó al magistrado una morigeración de la prisión preventiva y sugirió un arresto domiciliario con monitoreo electrónico para los ochos imputados.
En tanto que los abogados Barrera y Alvarez pidieron sumar a la acusación los agravantes de “alevosía” y el de matar “por placer”; lo cual no cambiaba la pena en expectativa porque los rugbiers ya estaban imputados de “homicidio calificado”, aunque sí describía un accionar extremadamente violento ya que implicaba que se aprovecharon del estado de indefensión de la víctima y que lo asesinaron por ninguno motivo más que porque así lo quisieron.
Por su parte, la fiscal Zambrano ratificó todos los extremos de su requerimiento y aclaró que como aún restaban conocerse los resultados de distintos peritajes, en los próximos días iba a ampliar su acusación.
Antes de finalizar la audiencia, el juez brindó a los imputados la posibilidad de realizar algún comentario o declaración, aunque estos dichos no iban a tener ninguna validez en el expediente.
Fue Bruno el único de los acusados que aceptó hablar y tras ponerse de pie se dirigió brevemente al magistrado: “Nunca tuvimos la intención de matarlo.”
Minutos después del mediodía, el juez dio por concluida la audiencia y los rugbiers fueron trasladados inmediatamente de regreso a la cárcel, lo que demandó otras dos horas de viaje.
Y al retirarse del juzgado, otra vez los vecinos agitaron sus pancartas y los insultaron. “¡Gusanos!”, se escuchó gritar a más de uno de los manifestantes.
En tanto, el defensor Torelli aprovechó para presentar en la mesa de entradas del despacho del magistrado una denuncia contra la doctora Zambrano por supuesta privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, el abogado de los rugbiers pidió la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y las indagatorias por considerar que hubo irregularidades durante la realización de las mismas que las invalidaban.
Y si bien estos planteos fueron remitidos al fiscal general de la costa, David Estévez, para que se pronunciara al respecto antes de que el juez tomase una decisión, Martínez dejó en claro cuál era su criterio sobre la causa cuando un día después de la audiencia oral dictó la prisión preventiva de los ochos acusados.
En su fallo, el magistrado mantuvo la imputación tal cual la expuso la doctora Zambrano y remarcó los imputados “ejercieron especial violencia” sobre la víctima y exteriorizaron “un claro accionar dirigido a concretar su muerte”.
Por ello es que no sorprendió que poco después, tanto el fiscal general como el propio juez desestimaran las denuncias por irregularidades y pedidos de nulidad interpuestos por la defensa que, por su parte, recurrió estas decisiones junto al dictado de prisión preventiva ante la Cámara de Apelaciones.
Diario de un crimen: 29, 30 y 31
A pocas horas de cumplirse el primer mes del crimen de Francis, los abogados de la familia de la víctima, los doctores Barrera y Alvarez, difundieron a la prensa, aunque en off the record, los resultados del análisis de los smartphones de los acusados, en los que surgieron una serie de mensajes de texto y de audio de Whatsapp producidos durante la madrugada del homicidio y que comprometían, aún más, a los rugbiers, quienes, por entonces, acababan de ser trasladados a una Unidad Penitenciaria ubicada a mitad de camino entre el lugar del hecho y la ciudad en la que ellos residían con sus respectivas familias.
Allí, los imputados fueron alojados en cinco celdas de a dos y no mantuvieron contacto directo con el resto de los detenidos del pabellón ya que comían en sus propios calabozos y utilizaban las duchas en horarios distintos a los demás presos que en los primeros días les gritaban insultos y amenazas a la distancia.
Hasta esa vieja cárcel, en la que habían estado detenidos notorios homicidas de la historia criminal del país –muchos de los cuales habían sido defendidos en su momento por los abogados Barrera y Alvarez, quienes en los últimos años habían dejado a los acusados para ser parte querellante en las causas penales más resonantes- se dirigieron tres veces por semana los padres de los rugbiers en el marco de un régimen de visitas especial que también difería del de los otros presos.
Según el informe que los peritos informáticos de la Policía Federal entregaron a la fiscal Zambrano, los imputados formaban parte de un grupo de Whatsapp llamado “La Ovalada” y en el que además de ellos había un integrante más identificado únicamente a través de su apodo “Salvi”, lo que resultaba una novedad para los investigadores que procuraban determinar si este joven también había tenido participación en el crimen.
-Estoy yendo para la casa ¡Vengan! -dijo Lautaro en un audio del grupo a las 4.46.
-¿Dónde están? -preguntó Martín en un texto a las 4.53.
-La ubicación manda afuera del boliche -respondió César segundos después.
-¿Dónde es eso?-repreguntó Martín.
-Se los llevó el GAD -indicó César.
-¿Qué? -insistió Martín.
-Estoy buscando a César. Me dice ´vení al mercado que pasamos siempre´, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no está… -señaló Lautaro en un audio de las 4.55.
-Estoy en el supermercado, pero un poco más adelante -explicó César casi automáticamente.
-Martín, Ariel y yo estamos en la casa. ¿Los demás? -intervino Alexis a las 4.56.
-Ahora estoy cerca de donde está el pibe. Están todos a los gritos y llegó la Policía y la ambulancia. Parece que caducó -señaló Lautaro en un audio.
-Estamos yendo para la casa -dijo César a las 4.57.
A las 5.48, Lautaro compartió una foto en el grupo mientras estaba comiendo junto a Martín en un local de comidas rápidas del centro de la villa.
-The Police -escribió Martín a las 5.49.
-¿A qué hora cierra? -preguntó César a las 5.54.
-No cierra -respondió Lautaro.
-Vengan para la casa -sostuvo Bruno a las 5.59.
-Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie -indicó César en un nuevo audio de las 6.06.
-Amigos, dejen de hablar -sugirió Marcos prácticamente al instante.
-Los otros chicos ya me están preguntando si nos peleamos -añadió.
-Son re loros. Paren -concluyó a las 6.07.
-La Policía está afuera de la casa -escribió César a las 10.38.
-Sí, todo mal -señaló Bruno a las 10.39.
-Salgamos -finalizó César instantes más tarde.
La difusión pública de estos mensajes fue un nuevo golpe que agitó el caso en la opinión pública que, con suma atención, siguió a través de los medios el debut de las visitas de los padres de los rugbiers a la cárcel, en cuya entrada principal los periodistas montaron guardia durante horas aunque sólo lograron obtener el testimonio de Augusto, el papá de Martín, el único de los familiares que se detuvo ante los micrófonos y cámaras para realizar declaraciones.
“No sé qué se les pasó por la cabeza, pero sí estoy seguro de que no son asesinos”, afirmó el hombre, quien llevaba colocados unos anteojos para el sol que ocultaban su mirada.
Para el padre de Martín se trató de “una tragedia lamentable” y aclaró que su hijo estaba “alcoholizado” al momento del hecho y que no recordaba la pelea, aunque esto no “justificaba” su accionar.
-¿Tiene miedo? –preguntó una periodista.
-Claro que sí. Tengo miedo de no verla nunca más en libertad –respondió Augusto.
-¿Y qué le diría a los padres de la víctima?
-Intenté llamarlos varias veces pero no pude hablar con ellos. No sabría qué decirles. Si yo tengo este dolor, no me imagino el que sienten ellos.
El día 30 fue uno muy especial porque el cumplirse el primer mes del crimen, los padres de Francis encabezaron una multitudinaria marcha frente al Congreso Nacional, la cual se replicó en las principales ciudades de todo el país. También estuvo en la primera fila de manifestantes Juliana, la novia del joven asesinado, acompañada de familiares de otras víctimas de delitos violentos.
“¡Perpetua!”, exclamaban los más exaltados; mientras que otros simplemente marchaban en silencio con velas encendidas, pancartas, afiches y banderas con la imagen y/o el nombre de Francis.
“Todo se nos vino abajo. Él era nuestro sostén. Ahora mi casa está vacía. Lo estoy esperando pero sé que no va a volver. Sólo quiero justicia”, afirmó Gabriela, la madre de la víctima, su único hijo.
La mujer fue la primera en tomar el micrófono y subirse al escenario montado en el extremo norte de la plaza frente al parlamento, cuyos alrededores estuvieron cerrados al tránsito durante horas debido a la gran cantidad de personas que se acercaron hasta allí.
“Francis era un chico decente, decente, con proyectos, y lo mataron a traición. No le dieron ni siquiera la oportunidad de defenderse”, afirmó la mujer, entre lágrimas, y sostenida de la mano por su esposo y padre de la víctima, Silvio.
Junto al matrimonio estuvo uno de los diáconos del colegio al que había asistido el joven asesinado, a quien describió como un chico “simple, sencillo, que iba de frente y actuaba desde el amor”.
Por su parte, Julieta pidió a la gente que “tenga memoria y conciencia de los que pasó” para que un hecho así no se volviese a repetir.
En tanto, Silvio se encontraba tan quebrado emocionalmente que no pudo hablar ante el público y sólo agradeció el apoyo de todos los presentes.
Las imágenes de las masivas marchas por Francis aún se repetían en los sitios web de noticias y las redes sociales cuando un día después de aquellas movilizaciones la fiscal Zambrano solicitó a la Justicia de Garantías el procesamiento con prisión preventiva de todos los acusados, excepto de Johnny y Alexis, quienes recuperaron inmediatamente la libertad desde la unidad penitenciaria y regresaron en un hermetismo absoluto a su ciudad.
En su requerimiento, la doctora valoró como pruebas de carga los testimonios, las imágenes de video, los reconocimientos en rueda y el análisis de las comunicaciones; avaló la actuación policial y consideró que los imputados acordaron un “pacto de silencio” apenas ocurrido el crimen y que hasta la actualidad lo seguían manteniendo.
Allí, los imputados fueron alojados en cinco celdas de a dos y no mantuvieron contacto directo con el resto de los detenidos del pabellón ya que comían en sus propios calabozos y utilizaban las duchas en horarios distintos a los demás presos que en los primeros días les gritaban insultos y amenazas a la distancia.
Hasta esa vieja cárcel, en la que habían estado detenidos notorios homicidas de la historia criminal del país –muchos de los cuales habían sido defendidos en su momento por los abogados Barrera y Alvarez, quienes en los últimos años habían dejado a los acusados para ser parte querellante en las causas penales más resonantes- se dirigieron tres veces por semana los padres de los rugbiers en el marco de un régimen de visitas especial que también difería del de los otros presos.
Según el informe que los peritos informáticos de la Policía Federal entregaron a la fiscal Zambrano, los imputados formaban parte de un grupo de Whatsapp llamado “La Ovalada” y en el que además de ellos había un integrante más identificado únicamente a través de su apodo “Salvi”, lo que resultaba una novedad para los investigadores que procuraban determinar si este joven también había tenido participación en el crimen.
-Estoy yendo para la casa ¡Vengan! -dijo Lautaro en un audio del grupo a las 4.46.
-¿Dónde están? -preguntó Martín en un texto a las 4.53.
-La ubicación manda afuera del boliche -respondió César segundos después.
-¿Dónde es eso?-repreguntó Martín.
-Se los llevó el GAD -indicó César.
-¿Qué? -insistió Martín.
-Estoy buscando a César. Me dice ´vení al mercado que pasamos siempre´, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no está… -señaló Lautaro en un audio de las 4.55.
-Estoy en el supermercado, pero un poco más adelante -explicó César casi automáticamente.
-Martín, Ariel y yo estamos en la casa. ¿Los demás? -intervino Alexis a las 4.56.
-Ahora estoy cerca de donde está el pibe. Están todos a los gritos y llegó la Policía y la ambulancia. Parece que caducó -señaló Lautaro en un audio.
-Estamos yendo para la casa -dijo César a las 4.57.
A las 5.48, Lautaro compartió una foto en el grupo mientras estaba comiendo junto a Martín en un local de comidas rápidas del centro de la villa.
-The Police -escribió Martín a las 5.49.
-¿A qué hora cierra? -preguntó César a las 5.54.
-No cierra -respondió Lautaro.
-Vengan para la casa -sostuvo Bruno a las 5.59.
-Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie -indicó César en un nuevo audio de las 6.06.
-Amigos, dejen de hablar -sugirió Marcos prácticamente al instante.
-Los otros chicos ya me están preguntando si nos peleamos -añadió.
-Son re loros. Paren -concluyó a las 6.07.
-La Policía está afuera de la casa -escribió César a las 10.38.
-Sí, todo mal -señaló Bruno a las 10.39.
-Salgamos -finalizó César instantes más tarde.
La difusión pública de estos mensajes fue un nuevo golpe que agitó el caso en la opinión pública que, con suma atención, siguió a través de los medios el debut de las visitas de los padres de los rugbiers a la cárcel, en cuya entrada principal los periodistas montaron guardia durante horas aunque sólo lograron obtener el testimonio de Augusto, el papá de Martín, el único de los familiares que se detuvo ante los micrófonos y cámaras para realizar declaraciones.
“No sé qué se les pasó por la cabeza, pero sí estoy seguro de que no son asesinos”, afirmó el hombre, quien llevaba colocados unos anteojos para el sol que ocultaban su mirada.
Para el padre de Martín se trató de “una tragedia lamentable” y aclaró que su hijo estaba “alcoholizado” al momento del hecho y que no recordaba la pelea, aunque esto no “justificaba” su accionar.
-¿Tiene miedo? –preguntó una periodista.
-Claro que sí. Tengo miedo de no verla nunca más en libertad –respondió Augusto.
-¿Y qué le diría a los padres de la víctima?
-Intenté llamarlos varias veces pero no pude hablar con ellos. No sabría qué decirles. Si yo tengo este dolor, no me imagino el que sienten ellos.
El día 30 fue uno muy especial porque el cumplirse el primer mes del crimen, los padres de Francis encabezaron una multitudinaria marcha frente al Congreso Nacional, la cual se replicó en las principales ciudades de todo el país. También estuvo en la primera fila de manifestantes Juliana, la novia del joven asesinado, acompañada de familiares de otras víctimas de delitos violentos.
“¡Perpetua!”, exclamaban los más exaltados; mientras que otros simplemente marchaban en silencio con velas encendidas, pancartas, afiches y banderas con la imagen y/o el nombre de Francis.
“Todo se nos vino abajo. Él era nuestro sostén. Ahora mi casa está vacía. Lo estoy esperando pero sé que no va a volver. Sólo quiero justicia”, afirmó Gabriela, la madre de la víctima, su único hijo.
La mujer fue la primera en tomar el micrófono y subirse al escenario montado en el extremo norte de la plaza frente al parlamento, cuyos alrededores estuvieron cerrados al tránsito durante horas debido a la gran cantidad de personas que se acercaron hasta allí.
“Francis era un chico decente, decente, con proyectos, y lo mataron a traición. No le dieron ni siquiera la oportunidad de defenderse”, afirmó la mujer, entre lágrimas, y sostenida de la mano por su esposo y padre de la víctima, Silvio.
Junto al matrimonio estuvo uno de los diáconos del colegio al que había asistido el joven asesinado, a quien describió como un chico “simple, sencillo, que iba de frente y actuaba desde el amor”.
Por su parte, Julieta pidió a la gente que “tenga memoria y conciencia de los que pasó” para que un hecho así no se volviese a repetir.
En tanto, Silvio se encontraba tan quebrado emocionalmente que no pudo hablar ante el público y sólo agradeció el apoyo de todos los presentes.
Las imágenes de las masivas marchas por Francis aún se repetían en los sitios web de noticias y las redes sociales cuando un día después de aquellas movilizaciones la fiscal Zambrano solicitó a la Justicia de Garantías el procesamiento con prisión preventiva de todos los acusados, excepto de Johnny y Alexis, quienes recuperaron inmediatamente la libertad desde la unidad penitenciaria y regresaron en un hermetismo absoluto a su ciudad.
En su requerimiento, la doctora valoró como pruebas de carga los testimonios, las imágenes de video, los reconocimientos en rueda y el análisis de las comunicaciones; avaló la actuación policial y consideró que los imputados acordaron un “pacto de silencio” apenas ocurrido el crimen y que hasta la actualidad lo seguían manteniendo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)