El padre Rodolfo Ricciardelli, considerado el fundador del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, declaró que antes de la liberación de Yorio y Jalics, supo por medio del coronel Ricardo Floret, asesor del ministro del Interior Albano Harguindeguy, que ambas víctimas habían estado en la ESMA y que tanto el ministro y el presidente Jorge Videla estaban interesados en conocer a dónde los habían llevado porque “la Santa Sede, el Obispo y el Nuncio reclamaban a tambor batiente por ellos”.[1]
Tres semanas después de ese diálogo, los dos padres fueron liberados y Ricciardelli volvió a hablar con el coronel Floret, quien le dijo la libración se había producido gracias a ellos y que el presidente y el ministro querían saber donde habían estado detenidos, “ofreciéndose, incluso, a acompañarlos personalmente a prestar declaración” ante las autoridades.
Ricciardelli dijo que Yorio y Jalics fueron a declarar a la Superintendencia de Seguridad Federal, donde, “por recomendación de los funcionarios que los atendieron” afirmaron “no conocer ni quiénes los secuestraron ni donde estuvieron cautivos”.[2]
Este testigo también dijo que monseñor Serra fue a la ESMA poco después de la detención de los dos padres y que allí le negaron que ambos estuvieran alojados en el lugar.
En tanto, Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, contó que en septiembre circuló la versión de “fuentes oficiales” que Yorio y Jalics habían muerto, por lo que el Cardenal Aramburu se entrevistó con Harguindeguy, quien dispuso que el coronel Floret investigara lo sucedido. También declaró que en julio había sido recibido por el almirante Montes, “quien le confirmó que los sacerdotes habían sido detenidos por la Infantería de Marina”.[3]
A su turno, Bergoglio declaró que a Yorio y Jalics los conoció en 1961 o 1962, en el Colegio Máximo, y que el primero de ellos “nunca faltó a sus votos”.
También dijo que en aquella época, desde antes del golpe militar, “todo sacerdote que trabajaba con los sectores más pobres era blanco de suspicacias y acusaciones de parte de algunos sectores” y, en ese sentido, precisó: “En junio de 1973, viajé a La Rioja con el anterior Provincial justamente para intervenir en el caso de dos jesuitas que estaban en las misiones allí y que trabajaba con los pobres, y que eran objeto, también, de esas habladurías” (…) Era algo muy común: alguien iba a trabajar con los pobres y era zurdo y eso no se acabó con aquella época”.[4]/[5]
El declarante señaló que “había “acusaciones de tipo ideológico, de tipo de pertenecer a organizaciones subversivas, como era el nombre que tenían en ese momento” pero no de parte de “gente sensata”.[6]
Consultado de quiénes en particular cuestionaban la tarea pastoral de Yorio y Jalics, el testigo respondió que “era un cuestionamiento general” de sectores “diversos” a nivel “transversal”, sobre todo, “sectores de la iglesia y también de afuera”. Y aclaró en el sentido que ese tipo de comentarios era “calumnia”.
Contó que Yorio y Jalics dejaron la Compañía de los jesuitas antes del golpe, y que en el barrio Rivadavia había trabajo de “ejercicios, de dirección espiritual y clases” y que ambos padres colaboraban los fines de semana en la villa 11-14 y luego le contaban lo que ocurría allí.
Dijo que entre 1975 y 1976, cuando él era Provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, había “una preocupación normal” entre los sacerdotes a partir del asesinato del padre Carlos Mugica, por lo que se tenían que “mover con cuidado y bajo ciertos recaudos, como no entrar solos a los barrios y de noche estar acompañados”.[7]
Bergoglio contó que la comunidad del barrio Rivadavia era, en realidad, una “residencia”, es decir, que los padres vivían allí pero, al mismo tiempo, podían trabajar en otros lugares, y que la misma se disolvió por una política de “reordenamiento” de la provincia Argentina para fortalecer obras puntuales y fortalecer otras que estaban débiles y que cree que esa medida alcanzó en a Yorio y Jalics, quienes en el segundo semestre de 1974 se fueron al Colegio Máximo y a la provincia Chilena, respectivamente, aunque podían seguir con sus actividades en la villa 11-14.
Ante esta situación, los dos padres iniciaron un proceso interno para solicitar que no se disolviera la comunidad a la que pertenecían pero no pudieron evitarlo y que el padre general de la Compañía, Adolfo Nicolás Pachón, les dijo que “se disolvía la comunidad o ellos debían buscar otras alternativas, que significaba salir de la Compañía”.[8]
Bergoglio agregó que cuando se resolvió la negativa a la postura de Yorio y Jalics, les solicitaron a los dos sacerdotes que salieran de la Compañía y que él le comunicó al primero el 19 de marzo de 1976 que “debía buscar un obispo”.
Además, señaló que “no supo de la existencia de un acuerdo entre la Iglesia y los militares para que, en caso de que algún padre fuese secuestrado, debían informarle previamente al obispo”.[9]
Sobre el secuestro de Yorio y Jalics, dijo que supo que habían sido detenidos junto a un grupo de lacios luego liberados y que se enteró del hecho el mismo día por un llamado telefónico de una persona del barrio a la que no conocía.
“Me empecé a mover. A hablar con sacerdotes que suponía tenían acceso a la policía y las fuerzas armadas”, declaró que él hizo tras ser advertido del hecho y que luego le confirmaron lo sucedido pero que “no se sabía dónde estaban” detenidos. “Después empezó a decirse que habían sido efectivos de la Marina, a los dos o tres días”, agregó.[10]
Ante esa situación, Bergoglio relató que informó de la noticia a “todos los miembros de la Compañía de Jesús inmediatamente” y que recurrió también al “Arzobispado y a la Nunciatura Apostólica”.
Luego, ante el comentario “vox populi” de que había sido la Marina la que detuvo a los padres, declaró que se “reunió dos veces con el comandante” a cargo de dicha fuerza, Emilio Massera.
“La primera (vez) me escuchó, me dijo que iba a averiguar, que no sabía. Yo le dije: `Mire, estos padres no tienen que ver con nada raro` (…) y quedó en contestar. Como no contestó, al cabo de un par de meses pedí una segunda entrevista, mientras hacía otro tipo de gestiones, donde era casi seguro que los tenían ellos. (…) La segunda (entrevista) fue muy fea, no llegó a los diez minutos…”, relató.[11]
Y continuó: “Me dijo: `Bueno, mire, yo ya le dije a Tortolo (monseñor Adolfo, presidente del Episcopado). Y yo le dije: Mejor dirá a monseñor Tortolo, ¿no es cierto?´. `Bueno, sí`. `Bueno, mire Massera, yo quiero que aparezcan`. Me levante y me fui”.[12]
Sobre quiénes le comentaban que los padres estaban detenidos por la marina, Bergoglio respondió que eran “amigos, conocidos”, personas a las que “acudía en un momento de desesperación”.
El ahora Papa contó que también se entrevistó dos veces con Videla, quien, en el primer encuentro, “tomó nota, le dijo que iba averiguar y le comentó que se decía que estaban en la Marina”.[13]
Bergoglio contó “una vez liberados” Yorio y Jalics, lo “primero que procuró fue asegurar su integridad física; para lo cual, les solicitó que no dijeran adónde habían estado y los sacó del país”.[14]
Consultado de que opinaron las víctimas sobre lo ocurrido en los diálogos que él mantuvo posteriormente con ellos, el declarante dijo: “Con el que más pude conversar es con Jalics las veces que ha venido acá (N. de R.: al país, ya que el padre vive en Alemania). Siempre él con una actitud muy comprensiva. Jalics, creo no quiere recordarse esa época. La dio por superada porque sufrió mucho (…) A mí nunca me dijeron, ninguno de los dos, que yo podría haber hecho más o menos (…) No me reprocharon nada”.[15]
“Alguno me dijo que Yorio habría dicho algunas cosas, incluso me pidió una audiencia para contármelas. Yo le expliqué como eran las cosas y su expresión final fue: `Bueno, entre la versión de Yorio y la versión del arzobispo, lleva de ganar la del arzobispo`”, recordó sin precisar quién fue esa persona que le acercó las opiniones del padre.[16]
Por último se refirió a los denominados “curas villeros”, sobre los que sostuvo que el trabajo que éstos hacían “era variado en los diferentes países, en algunos estuvo muy involucrado con mediaciones políticas y una lectura del Evangelio con una hermenéutica marxista”, lo que “dio lugar a la teología de la Liberación”, y en otros, en cambio, “optaron por la piedad popular, dejando de lado la política, dedicándose a la promoción y acompañamiento de los pobres”.[17]
Dos padres y un Papa - Parte III
El padre Jalics declaró ante la Justicia que durante su cautiverio estuvo siempre junto a Yorio y que identificó su primer lugar de cautiverio como la ESMA, por la distancia recorrida desde el lugar donde lo detuvieron y el ruido a aviones y a automóviles. También dijo que dos días después de su captura (el 25 de mayo) escuchó desde el interior del edificio un discurso dirigido al personal de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y agregó que también supo que lo trasladaron a la casa quinta de Don Torcuato porque escuchó hablar de ello a sus captores.
Además, relató que mientras estuvo cautivo, un hermano suyo se entrevistó con el entonces presidente de los EE.UU., Jimmy Carter, en la vista de éste al país, para charlar sobre su situación; que otro hermano le escribió al Nuncio, Monseñor Laghi; que el padre general de los jesuitas hizo gestiones ante el embajador argentino en Roma; que Monseñor Serra fue tres veces a la ESMA, que el Cardenal Aramburu habló tres veces con Videla, que “Bergoglio habló con el almirante Massera” y que varios allegados hablaron con diferentes oficiales de la Marina.
“Nos habían tenido que liberar porque era muy conocido que la Marina nos había secuestrado pero ya liberados podían matarnos en la calle para que no habláramos”, señaló Jalics, a quien le dijeron que era peligroso que permaneciera en el país luego de lo ocurrido.[1]
Por su parte, Yorio dijo que identificó que estaba en la ESMA por la forma que tenían los oficiales de describir su posición y por lo corto que eran los viajes cuando lo llevaban de un lugar a otro. A lo que se sumó que una persona le alcanzó una comunión que le había enviado el padre Gabriel Bossini gracias “amistades” que tenía en la Escuela de Mecánica de la Armada.
De hecho, contó que tras su liberación, Bossini se dirigió a la ESMA donde reconoció a los efectivos que habían realizado el operativo en la villa cuando lo detuvieron.
Respecto de dicho procedimiento, Yorio declaró que tras ser retirado de su casa, lo subieron al asiento trasero de un auto negro en el que lo custodiaban tres personas armadas que a las pocas cuadras lo encapucharon.
Luego, una vez en el “Sótano”, la víctima contó que advirtió que se trataba de un lugar de grandes dimensiones, en el que había otros secuestrados que también eran custodiados.
Yorio recordó que luego lo condujeron a un lugar más pequeño, ubicado un par de pisos más arriba, donde había una cama de de hierro de una plaza y donde permaneció dos o tres días sin ir al baño, beber agua ni alimentarse, en penumbras, encapuchados, con grilletes y las manos atadas con una soga a la espalda.
El padre dijo que sus captores ingresaban al cuarto solamente para insultarlo y amenazarlo de muerte y que el 25 de mayo le inyectaron una sustancia que lo adormeció, encendieron un grabador y comenzaron a interrogarlo. Y le decían que el trabajo que hacía en las villas “unía a los pobres” y eso “era subversivo”.[2]
Le preguntaron por qué el cardenal Aramburu había suspendido una semana antes su licencia para celebrar misa y al responder mencionó a monseñor Mario Serra, quien llegó a ser el segundo de Bergoglio, tras lo cual, interrumpieron su explicación.
Yorio señaló que volvieron a interrogarlo el 27 o 28 de mayo, y que en esa oportunidad le dijeron: “Mire padre, sepa que tomarlo a Ud. ha sido para nosotros un gran trauma, sepa que nosotros buscábamos a un jefe montero y resulta que nos encontramos con un hombre a quien hay que darle trabajo, no soy militar y me gustaría mucho conversar con Ud., que podríamos hablar sobre muchas cosas si usted se quedara acá. Pero entiendo que a Ud. lo que más le debe interesar es salir en libertad, y yo estoy en condiciones de decirle que Ud. va a salir en libertad; nada más que, por esas cosas de los hombres, tendrá que pasar un año en un Colegio, no deberá aparecer en público. Ud. es un idealista, un místico diría yo, un cura piola, solamente tiene un error, haber interpretado demasiado materialmente la doctrina de Cristo. Cristo habla de los pobres pero cuando habla de pobres, habla de los pobres de espíritu, y Ud. hizo una interpretación materialista de eso, seguramente influenciado por una infiltración marxista que hay en la Iglesia Latinoamericana y se ha ido a vivir con los pobres materialmente”.[3]
En otro tramo de su declaración, el padre indicó que cuando estuvo cautivo en Don Torcuato le cambiaron la capucha por un antifaz, le dejaron un solo grillete y los esposaron por delante, demás de darle de comer y dejarlo ir al baño. También dijo que en ese lugar se producían reuniones en las que escuchó diálogos entre oficiales y entre estos y familiares de detenidos, y que en una oportunidad hubo un allanamiento de otra fuerza de seguridad y que se fueron de allí los que lo custodiaban.
Dorio recordó que alrededor de las 17 del 23 de octubre le dieron una inyección que lo dejó mareado y lo subieron a una camioneta. Una hora después le dieron otra inyección en la nalga y una tercera en el brazo, tras lo cual, no recordó más nada. Cuando despertó, él y Jalics estaban tirados en el suelo, sin esposas ni grilletes, con una venda en los ojos. Ambos se encontraban en medio de un campo pantanoso y alambrado. Entonces, caminaron un kilómetro hasta la casa del dueño del predio que les dijo que se encontraban en Cañuelas.
Además, relató que mientras estuvo cautivo, un hermano suyo se entrevistó con el entonces presidente de los EE.UU., Jimmy Carter, en la vista de éste al país, para charlar sobre su situación; que otro hermano le escribió al Nuncio, Monseñor Laghi; que el padre general de los jesuitas hizo gestiones ante el embajador argentino en Roma; que Monseñor Serra fue tres veces a la ESMA, que el Cardenal Aramburu habló tres veces con Videla, que “Bergoglio habló con el almirante Massera” y que varios allegados hablaron con diferentes oficiales de la Marina.
“Nos habían tenido que liberar porque era muy conocido que la Marina nos había secuestrado pero ya liberados podían matarnos en la calle para que no habláramos”, señaló Jalics, a quien le dijeron que era peligroso que permaneciera en el país luego de lo ocurrido.[1]
Por su parte, Yorio dijo que identificó que estaba en la ESMA por la forma que tenían los oficiales de describir su posición y por lo corto que eran los viajes cuando lo llevaban de un lugar a otro. A lo que se sumó que una persona le alcanzó una comunión que le había enviado el padre Gabriel Bossini gracias “amistades” que tenía en la Escuela de Mecánica de la Armada.
De hecho, contó que tras su liberación, Bossini se dirigió a la ESMA donde reconoció a los efectivos que habían realizado el operativo en la villa cuando lo detuvieron.
Respecto de dicho procedimiento, Yorio declaró que tras ser retirado de su casa, lo subieron al asiento trasero de un auto negro en el que lo custodiaban tres personas armadas que a las pocas cuadras lo encapucharon.
Luego, una vez en el “Sótano”, la víctima contó que advirtió que se trataba de un lugar de grandes dimensiones, en el que había otros secuestrados que también eran custodiados.
Yorio recordó que luego lo condujeron a un lugar más pequeño, ubicado un par de pisos más arriba, donde había una cama de de hierro de una plaza y donde permaneció dos o tres días sin ir al baño, beber agua ni alimentarse, en penumbras, encapuchados, con grilletes y las manos atadas con una soga a la espalda.
El padre dijo que sus captores ingresaban al cuarto solamente para insultarlo y amenazarlo de muerte y que el 25 de mayo le inyectaron una sustancia que lo adormeció, encendieron un grabador y comenzaron a interrogarlo. Y le decían que el trabajo que hacía en las villas “unía a los pobres” y eso “era subversivo”.[2]
Le preguntaron por qué el cardenal Aramburu había suspendido una semana antes su licencia para celebrar misa y al responder mencionó a monseñor Mario Serra, quien llegó a ser el segundo de Bergoglio, tras lo cual, interrumpieron su explicación.
Yorio señaló que volvieron a interrogarlo el 27 o 28 de mayo, y que en esa oportunidad le dijeron: “Mire padre, sepa que tomarlo a Ud. ha sido para nosotros un gran trauma, sepa que nosotros buscábamos a un jefe montero y resulta que nos encontramos con un hombre a quien hay que darle trabajo, no soy militar y me gustaría mucho conversar con Ud., que podríamos hablar sobre muchas cosas si usted se quedara acá. Pero entiendo que a Ud. lo que más le debe interesar es salir en libertad, y yo estoy en condiciones de decirle que Ud. va a salir en libertad; nada más que, por esas cosas de los hombres, tendrá que pasar un año en un Colegio, no deberá aparecer en público. Ud. es un idealista, un místico diría yo, un cura piola, solamente tiene un error, haber interpretado demasiado materialmente la doctrina de Cristo. Cristo habla de los pobres pero cuando habla de pobres, habla de los pobres de espíritu, y Ud. hizo una interpretación materialista de eso, seguramente influenciado por una infiltración marxista que hay en la Iglesia Latinoamericana y se ha ido a vivir con los pobres materialmente”.[3]
En otro tramo de su declaración, el padre indicó que cuando estuvo cautivo en Don Torcuato le cambiaron la capucha por un antifaz, le dejaron un solo grillete y los esposaron por delante, demás de darle de comer y dejarlo ir al baño. También dijo que en ese lugar se producían reuniones en las que escuchó diálogos entre oficiales y entre estos y familiares de detenidos, y que en una oportunidad hubo un allanamiento de otra fuerza de seguridad y que se fueron de allí los que lo custodiaban.
Dorio recordó que alrededor de las 17 del 23 de octubre le dieron una inyección que lo dejó mareado y lo subieron a una camioneta. Una hora después le dieron otra inyección en la nalga y una tercera en el brazo, tras lo cual, no recordó más nada. Cuando despertó, él y Jalics estaban tirados en el suelo, sin esposas ni grilletes, con una venda en los ojos. Ambos se encontraban en medio de un campo pantanoso y alambrado. Entonces, caminaron un kilómetro hasta la casa del dueño del predio que les dijo que se encontraban en Cañuelas.
Dos padres y un Papa - Parte II
El 24 de noviembre de 1977, Yorio había viajado a Roma y le envió una carta al padre Moura, asistente general de la Compañía de Jesús, a quien le resumió su carrera apostólica y los pormenores vividos en torno a las “presiones” mencionadas:
“A mediados de 1971, el entonces P. Provincial (P.O Farrel) me llamó para decirme que el P. General insistía en la importancia de la investigación teológica en Latinoamérica y que, en la provincia, en ese momento, la persona que estaba en mejores condiciones para prepararse a ello era yo. Cuatro años y medio después (fines de 1975), el P. Bergoglio (nuevo provincial) me iba a informar que mi envío a estudios especiales sólo fue una excusa. En 1971, en la Consulta de Provincia (en la que estuvo presente el P. Bergoglio) se había planteado que mi trabajo, tanto en el Máximo como en la comunidad de Ituzaingó, era altamente nocivo y que había que buscar una manera de alejarme. Pedí consejo a un profesor de Teología de V. Devoto muy estimado en Argentina (P. Gera) y la conversación con él me convenció de la urgencia de reflexionar desde la Teología el hecho político latinoamericano. A fines de 1972 nos instalamos en el departamento de la calle Rondeau, un barrio sencillo y antiguo de Buenos Aires. Yo fui nombrado responsable de la comunidad. El superior de la comunidad era el mismo P. Provincial pero el rector del Máximo hacía las veces de observador. Teníamos reunión comunitaria semanalmente. Yo informaba periódicamente al rector del Máximo y al Provincial. Poco tiempo después de instalados (mediados de 1973) comenzaron a llegarnos rumores indirectos (a través de laicos y religiosos) de serias críticas que algunos jesuitas hacían de nosotros. Dos veces, por lo menos, hablamos al P. Provincial de estas habladurías y él nos tranquilizó (hacer oraciones extrañas, convivir con mujeres, herejías, compromiso con la guerrilla, etc.).
“Comunidad del barrio Rivadavia (1975): A fines de 1974, nombrado Provincial el P. Bergoglio se interesa especialmente por nuestra comunidad. Tenemos una o dos reuniones con él donde nos expresa sus temores sobre nuestra disponibilidad (nuevo tema de las críticas) expresamos también nuestra disposición de ir adonde el Provincial nos mandara. El P. Bergoglio nos insistió especialmente preguntándonos si estábamos dispuestos a disolver la comunidad, contestó que no tenía nada en contra de lo que habíamos hecho. Que necesitaba al P. Rastellini para enviarlo a otro sitio. Que los otros tres siguiéramos en la misma experiencia pero que cambiáramos de diócesis. Que tratáramos con el obispo de Avellaneda para instalarnos allí. Después de unos días, el P. Bergoglio me habló diciéndome que no iba a ser posible la ida a Avellaneda, que en lugar de trasladarnos a Avellaneda, nos mudáramos a un barrio pobre (barrio Rivadavia). Nos contestó, el Provincial, que nos quedáramos tranquilos que garantizaba por los menos una presencia de tres años de la Compañía ese sitio. A comienzos de 1975 nos trasladamos a una casita del Barrio Rivadavia. Al poco tiempo de ubicados en nuestro nuevo destino, el P. Ricciardelli, sacerdote del equipo pastoral de Villas y destinado a ser párroco de la Villa Miseria, vino a traerme un aviso especial. El Arzobispo (Mons. Aramburu) lo alertó contra nosotros. El P. Bergoglio había ido a ver al Arzobispo para informarle que nosotros estábamos sin permiso en el barrio (esto ocurrió entre marzo y mayo de 1975). Inmediatamente me comuniqué con el P. Bergoglio. Me tranquilizó diciéndome que el Arzobispo era un mentiroso. También al poco tiempo de estar allí (marzo de 1975) recibí una nota muy escueta del Colegio Máximo que por razones de reestructuración yo no tendría más clases, sin más explicaciones. Un mes más tarde (agosto de 1975) el P. Bergoglio me llamó. Allí me comunicó que había unos primeros informes muy graves contra mí pero que él no los tendría en cuenta. Pero de este segundo pedido de informes, también negativo, me había hecho un resumen por escrito de los cargos que se me hacían. El P. Bergoglio me contestó que había un problema anterior que, según él, era la raíz para que en la Provincia hubiese una falsa idea de mí. Era el problema de la comunidad. Reunidos los tres con el P. Bergoglio, éste nos dice que hay muchas presiones sobre él en contra de nuestra comunidad. Presiones provenientes de la provincia, provenientes de Roma, provenientes de otros sectores de la Iglesia argentina. Que las presiones son muy fuertes, que él no puede resistirlas. Nos habla de la disolución de la comunidad (en noviembre de 1975). Tratamos de buscar las razones. Desacuerdos de origen político, provocados sobre todo por mis incursiones en la teología de la Liberación y por las tensiones del país. En diciembre de 1975, nos volvimos a reunir con el P. Bergoglio. Seguía afirmando que las presiones desde Roma y desde Argentina eran cada vez más fuertes. Para esa época también se acentuaron rumores provenientes de la Compañía sobre participación nuestra en la guerrilla. Las fuerzas de extrema derecha ya habían ametrallado en su casita a un sacerdote y habían raptado, torturado y abandonado muerto a otro. Los dos vivían en villas miserias. Nosotros habíamos recibido avisos en el sentido de que nos cuidáramos. En ese mes de diciembre (1975), dado la continuación de los rumores sobre mi participación en la guerrilla, el P. Jalics volvió a hablar seriamente con el P. Bergoglio. El P. Bergoglio reconoció la gravedad del hecho y se comprometió a frenar los rumores dentro de la Compañía y a adelantarse a hablar con gente de las fuerzas armadas para testimoniar sobre nuestra inocencia. En el mes de febrero (1976), el P. Bergoglio estaba de regreso de Roma. Nos leyó una carta del P. General donde le decía que disuelva la comunidad en término de 15 días, que envíe al P. Jalics a EE.UU. y a los dos argentinos nos envíe a otras casas de la Provincia. La situación del país hacía que nuestra vida peligrara, si no teníamos una protección eclesiástica segura- Para agravar las cosas, por ese tiempo recibí un aviso del Mons. Serra 8vicario zonal) donde me comunicaba que yo quedaba sin licencias en la Arquidiócesis. La razón que me daba para quitarme las licencias era una comunicación que había hecho a la Arquidiócesis el P. Provincial en el sentido que yo salía de la Compañía. Fui a hablar con el Provincial. Me contestó que sólo era un trámite de rutina. Que no tenían por qué quitarme las licencias. Que eran cosas de Mons. Aramburu. Que yo siguiera celebrando misa en privado, que él me daba licencias hasta que consiguiera obispo. Esa fue la última vez que vi al Provincial antes de salir de prisión. La entrevista fue entre 7 y 10 días antes de que me prendieran. Nos dimos cuenta de que nuestro sacerdocio y nuestras vidas corrían mucho peligro”.[1]
“A mediados de 1971, el entonces P. Provincial (P.O Farrel) me llamó para decirme que el P. General insistía en la importancia de la investigación teológica en Latinoamérica y que, en la provincia, en ese momento, la persona que estaba en mejores condiciones para prepararse a ello era yo. Cuatro años y medio después (fines de 1975), el P. Bergoglio (nuevo provincial) me iba a informar que mi envío a estudios especiales sólo fue una excusa. En 1971, en la Consulta de Provincia (en la que estuvo presente el P. Bergoglio) se había planteado que mi trabajo, tanto en el Máximo como en la comunidad de Ituzaingó, era altamente nocivo y que había que buscar una manera de alejarme. Pedí consejo a un profesor de Teología de V. Devoto muy estimado en Argentina (P. Gera) y la conversación con él me convenció de la urgencia de reflexionar desde la Teología el hecho político latinoamericano. A fines de 1972 nos instalamos en el departamento de la calle Rondeau, un barrio sencillo y antiguo de Buenos Aires. Yo fui nombrado responsable de la comunidad. El superior de la comunidad era el mismo P. Provincial pero el rector del Máximo hacía las veces de observador. Teníamos reunión comunitaria semanalmente. Yo informaba periódicamente al rector del Máximo y al Provincial. Poco tiempo después de instalados (mediados de 1973) comenzaron a llegarnos rumores indirectos (a través de laicos y religiosos) de serias críticas que algunos jesuitas hacían de nosotros. Dos veces, por lo menos, hablamos al P. Provincial de estas habladurías y él nos tranquilizó (hacer oraciones extrañas, convivir con mujeres, herejías, compromiso con la guerrilla, etc.).
“Comunidad del barrio Rivadavia (1975): A fines de 1974, nombrado Provincial el P. Bergoglio se interesa especialmente por nuestra comunidad. Tenemos una o dos reuniones con él donde nos expresa sus temores sobre nuestra disponibilidad (nuevo tema de las críticas) expresamos también nuestra disposición de ir adonde el Provincial nos mandara. El P. Bergoglio nos insistió especialmente preguntándonos si estábamos dispuestos a disolver la comunidad, contestó que no tenía nada en contra de lo que habíamos hecho. Que necesitaba al P. Rastellini para enviarlo a otro sitio. Que los otros tres siguiéramos en la misma experiencia pero que cambiáramos de diócesis. Que tratáramos con el obispo de Avellaneda para instalarnos allí. Después de unos días, el P. Bergoglio me habló diciéndome que no iba a ser posible la ida a Avellaneda, que en lugar de trasladarnos a Avellaneda, nos mudáramos a un barrio pobre (barrio Rivadavia). Nos contestó, el Provincial, que nos quedáramos tranquilos que garantizaba por los menos una presencia de tres años de la Compañía ese sitio. A comienzos de 1975 nos trasladamos a una casita del Barrio Rivadavia. Al poco tiempo de ubicados en nuestro nuevo destino, el P. Ricciardelli, sacerdote del equipo pastoral de Villas y destinado a ser párroco de la Villa Miseria, vino a traerme un aviso especial. El Arzobispo (Mons. Aramburu) lo alertó contra nosotros. El P. Bergoglio había ido a ver al Arzobispo para informarle que nosotros estábamos sin permiso en el barrio (esto ocurrió entre marzo y mayo de 1975). Inmediatamente me comuniqué con el P. Bergoglio. Me tranquilizó diciéndome que el Arzobispo era un mentiroso. También al poco tiempo de estar allí (marzo de 1975) recibí una nota muy escueta del Colegio Máximo que por razones de reestructuración yo no tendría más clases, sin más explicaciones. Un mes más tarde (agosto de 1975) el P. Bergoglio me llamó. Allí me comunicó que había unos primeros informes muy graves contra mí pero que él no los tendría en cuenta. Pero de este segundo pedido de informes, también negativo, me había hecho un resumen por escrito de los cargos que se me hacían. El P. Bergoglio me contestó que había un problema anterior que, según él, era la raíz para que en la Provincia hubiese una falsa idea de mí. Era el problema de la comunidad. Reunidos los tres con el P. Bergoglio, éste nos dice que hay muchas presiones sobre él en contra de nuestra comunidad. Presiones provenientes de la provincia, provenientes de Roma, provenientes de otros sectores de la Iglesia argentina. Que las presiones son muy fuertes, que él no puede resistirlas. Nos habla de la disolución de la comunidad (en noviembre de 1975). Tratamos de buscar las razones. Desacuerdos de origen político, provocados sobre todo por mis incursiones en la teología de la Liberación y por las tensiones del país. En diciembre de 1975, nos volvimos a reunir con el P. Bergoglio. Seguía afirmando que las presiones desde Roma y desde Argentina eran cada vez más fuertes. Para esa época también se acentuaron rumores provenientes de la Compañía sobre participación nuestra en la guerrilla. Las fuerzas de extrema derecha ya habían ametrallado en su casita a un sacerdote y habían raptado, torturado y abandonado muerto a otro. Los dos vivían en villas miserias. Nosotros habíamos recibido avisos en el sentido de que nos cuidáramos. En ese mes de diciembre (1975), dado la continuación de los rumores sobre mi participación en la guerrilla, el P. Jalics volvió a hablar seriamente con el P. Bergoglio. El P. Bergoglio reconoció la gravedad del hecho y se comprometió a frenar los rumores dentro de la Compañía y a adelantarse a hablar con gente de las fuerzas armadas para testimoniar sobre nuestra inocencia. En el mes de febrero (1976), el P. Bergoglio estaba de regreso de Roma. Nos leyó una carta del P. General donde le decía que disuelva la comunidad en término de 15 días, que envíe al P. Jalics a EE.UU. y a los dos argentinos nos envíe a otras casas de la Provincia. La situación del país hacía que nuestra vida peligrara, si no teníamos una protección eclesiástica segura- Para agravar las cosas, por ese tiempo recibí un aviso del Mons. Serra 8vicario zonal) donde me comunicaba que yo quedaba sin licencias en la Arquidiócesis. La razón que me daba para quitarme las licencias era una comunicación que había hecho a la Arquidiócesis el P. Provincial en el sentido que yo salía de la Compañía. Fui a hablar con el Provincial. Me contestó que sólo era un trámite de rutina. Que no tenían por qué quitarme las licencias. Que eran cosas de Mons. Aramburu. Que yo siguiera celebrando misa en privado, que él me daba licencias hasta que consiguiera obispo. Esa fue la última vez que vi al Provincial antes de salir de prisión. La entrevista fue entre 7 y 10 días antes de que me prendieran. Nos dimos cuenta de que nuestro sacerdocio y nuestras vidas corrían mucho peligro”.[1]
Dos padres y un Papa - Parte I
Los padres Orlando Yorio y Francisco Jalics, de la Compañía de Jesús, fueron secuestrados la mañana del 23 de mayo de 1976 -casi dos meses después del golpe militar que instaló en Argentina una sangrienta dictadura que terminó en 1983- por efectivos de distintas fuerzas de seguridad, algunos vestidos de fajina, otros de verde y con boinas rojas, y de la Policía Federal, todos armados, de la casa que ambos compartían en el barrio Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires.
Al allanar la vivienda, los efectivos los interrogaron y secuestraron documentación que había en el lugar. Poco después del mediodía, los dos padres fueron trasladados por personas vestidas de civil y en autos particulares no identificables a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ubicada en la zona norte de la Capital Federal, a pesar de que no había orden de detención para ninguno de ellos, y quedaron alojados en el denominado “Sótano”, donde introducían a los capturados ilegalmente y luego los torturaban.
Según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), ése sitio funcionaba debajo del Casinos de Oficiales del edificio naval y tenía un pasillo central sostenido por columnas de hormigón que el personal del Grupo de Tareas 3.3 denominó el “la avenida de la felicidad”.
Tras permanecer un tiempo indeterminado en el “Sótano”, Yorio y Jalics fueron derivados a otros dos sectores de ese predio hasta que a fines de mayos los reubicaron en una casa quinta en la localidad bonaerense de Don Torcuato, donde continuaron en cautiverio.
“Que estando en dicho centro clandestino de detención, el padre Yorio fue amenazado con aplicarle picana eléctrica, narcotizado e interrogado con el fin de obtener información sobre su actividad en las villas”, señaló el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Capital que el 26 de octubre de 2011 condenó a prisión perpetua a Alfredo Astiz y a Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados, por delitos de lesa humanidad cometidos en ESMA.[1]
Además de Astiz y Acosta fueron condenados a prisión perpetua Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Oscar Montes, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio César Coronel y Ernesto Weber.
Precisamente, Montes fue hallado culpable de la “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima” en perjuicio de Yorio y Jalics, entre otros tantos delitos.
Mientras que el tribunal, integrado por los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Farías, fijó penas de 25 años de prisión para Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea; de 20 para Carlos Capdevilla y de 18 a Juan Antonio Azic; al tiempo que Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco fueron absueltos.
Para dichos jueces, Yorio y Jalics sabían que por sus actividades en las villas a favor de la gente más necesitada eran perseguidos por la Dictadura y sus vidas corrían peligro, al tiempo que dio por acreditado que los padres “fueron sometidos a sufrimientos físicos y psíquicos derivados de las condiciones inhumanas de alojamiento, siendo ingresados a una habitación sin luz, en la que permanecieron, sin ningún tipo de atención, arrojados sobre baldosas, encapuchados, con las manos esposadas a la espalda y los pies atados”.[2]
Y de acuerdo a las declaraciones de los propios padres, sus torturadores les reprocharon “leer mal la Biblia”.[3]
Finalmente, ambas víctimas fueron liberadas el 23 de octubre de 1976 en un campo de la localidad de Cañuelas, hasta donde fueron trasladados en helicóptero tras ser drogados por sus captores. Para la Justicia, la liberación fue una consecuencia de “las gestiones efectuadas, entre otros, por la orden religiosa a la cual pertenecían los damnificados y el interés demostrados por la cúpula de la Iglesia católica”.[4]
Por su parte, Rodolfo Yorio, hermano de Orlando, declaró que la situación dentro de la Provincia Eclesiástica era “muy conflictiva” y que antes del secuestro, Monseñor Juan Carlos Aramburu, por entonces máxima autoridad de la Iglesia Católica Argentina, le había prohibido al padre oficiar más misas pero que la autoridad directa, Jorge Bergoglio, “lo autorizó a seguir, en forma privada, celebrándola”.[5]
El testigo señaló que Orlando pertenecía a la Compañía de Jesús, la cual se caracterizaba por la obediencia y que todas las acciones de los sacerdotes “eran autorizadas por Bergoglio” y agregó que el ahora Papa les advirtió a su hermano y Jalics que “tenía mucha presiones, muy malos informes de ellos, que sabía que eran todos falsos y que debían abandonar el trabajo pastoral en las villas”.[6]
El hermano del padre secuestrado contó que les dijeron a Yorio y Jalics que hicieran su trabajo en otro lugar y que ellos aceptaron, siempre y cuando, fuera en favor de los pobres, pero la situación se volvió cada vez más rígida y Bergoglio les dijo “que no soportaba las presiones”, les dio tiempo para que se “incardinen” y explicó: “Así como un soldado no puede carecer de un superior, un cura tampoco”. Y ante esa situación, ambos padres fueron a ver al entonces obispo de Morón, Miguel Raspanti, “recomendados por su superior”.[7]
Al allanar la vivienda, los efectivos los interrogaron y secuestraron documentación que había en el lugar. Poco después del mediodía, los dos padres fueron trasladados por personas vestidas de civil y en autos particulares no identificables a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ubicada en la zona norte de la Capital Federal, a pesar de que no había orden de detención para ninguno de ellos, y quedaron alojados en el denominado “Sótano”, donde introducían a los capturados ilegalmente y luego los torturaban.
Según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), ése sitio funcionaba debajo del Casinos de Oficiales del edificio naval y tenía un pasillo central sostenido por columnas de hormigón que el personal del Grupo de Tareas 3.3 denominó el “la avenida de la felicidad”.
Tras permanecer un tiempo indeterminado en el “Sótano”, Yorio y Jalics fueron derivados a otros dos sectores de ese predio hasta que a fines de mayos los reubicaron en una casa quinta en la localidad bonaerense de Don Torcuato, donde continuaron en cautiverio.
“Que estando en dicho centro clandestino de detención, el padre Yorio fue amenazado con aplicarle picana eléctrica, narcotizado e interrogado con el fin de obtener información sobre su actividad en las villas”, señaló el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Capital que el 26 de octubre de 2011 condenó a prisión perpetua a Alfredo Astiz y a Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados, por delitos de lesa humanidad cometidos en ESMA.[1]
Además de Astiz y Acosta fueron condenados a prisión perpetua Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Oscar Montes, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio César Coronel y Ernesto Weber.
Precisamente, Montes fue hallado culpable de la “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima” en perjuicio de Yorio y Jalics, entre otros tantos delitos.
Mientras que el tribunal, integrado por los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Farías, fijó penas de 25 años de prisión para Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea; de 20 para Carlos Capdevilla y de 18 a Juan Antonio Azic; al tiempo que Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco fueron absueltos.
Para dichos jueces, Yorio y Jalics sabían que por sus actividades en las villas a favor de la gente más necesitada eran perseguidos por la Dictadura y sus vidas corrían peligro, al tiempo que dio por acreditado que los padres “fueron sometidos a sufrimientos físicos y psíquicos derivados de las condiciones inhumanas de alojamiento, siendo ingresados a una habitación sin luz, en la que permanecieron, sin ningún tipo de atención, arrojados sobre baldosas, encapuchados, con las manos esposadas a la espalda y los pies atados”.[2]
Y de acuerdo a las declaraciones de los propios padres, sus torturadores les reprocharon “leer mal la Biblia”.[3]
Finalmente, ambas víctimas fueron liberadas el 23 de octubre de 1976 en un campo de la localidad de Cañuelas, hasta donde fueron trasladados en helicóptero tras ser drogados por sus captores. Para la Justicia, la liberación fue una consecuencia de “las gestiones efectuadas, entre otros, por la orden religiosa a la cual pertenecían los damnificados y el interés demostrados por la cúpula de la Iglesia católica”.[4]
Por su parte, Rodolfo Yorio, hermano de Orlando, declaró que la situación dentro de la Provincia Eclesiástica era “muy conflictiva” y que antes del secuestro, Monseñor Juan Carlos Aramburu, por entonces máxima autoridad de la Iglesia Católica Argentina, le había prohibido al padre oficiar más misas pero que la autoridad directa, Jorge Bergoglio, “lo autorizó a seguir, en forma privada, celebrándola”.[5]
El testigo señaló que Orlando pertenecía a la Compañía de Jesús, la cual se caracterizaba por la obediencia y que todas las acciones de los sacerdotes “eran autorizadas por Bergoglio” y agregó que el ahora Papa les advirtió a su hermano y Jalics que “tenía mucha presiones, muy malos informes de ellos, que sabía que eran todos falsos y que debían abandonar el trabajo pastoral en las villas”.[6]
El hermano del padre secuestrado contó que les dijeron a Yorio y Jalics que hicieran su trabajo en otro lugar y que ellos aceptaron, siempre y cuando, fuera en favor de los pobres, pero la situación se volvió cada vez más rígida y Bergoglio les dijo “que no soportaba las presiones”, les dio tiempo para que se “incardinen” y explicó: “Así como un soldado no puede carecer de un superior, un cura tampoco”. Y ante esa situación, ambos padres fueron a ver al entonces obispo de Morón, Miguel Raspanti, “recomendados por su superior”.[7]
El crimen del militante XXX
En un hecho fuera de lo común para la Justicia argentina, el juez Dias, presidente del tribunal a cargo del juicio por el crimen de Ferreyra, realizó antes de leer el veredicto una “breve explicación de las razones” del fallo para resaltar la “transparencia” del mismo.
Su exposición comenzó alrededor de las 18.50, cuando sostuvo que “la prueba testimonial indica que tanto Favale como Sánchez son quienes dispararon”. El juez se preguntó por qué el primero de ellos fue al lugar de los hechos a tirar y correr a los tercerizados si no era ferroviario y respondió: “Porque el día anterior había tenido una entrevista para entrar a los ferrocarriles. Tenía un interés por entrar”.
“Cuando Favale dispara, dispara seguro. Cuando Favale dispara, dispara corriendo entre un montón de gente”, aseguró Dias y recordó que “Favale había hablado con Díaz y Díaz había hablado con Fernández el día anterior, a la mañana”.
“Es más, Díaz hasta llama a un tercerizado para ver cuántos eran los que iban a cortar las vías. En horas tempranas de la mañana habla con la policía, tiene un intercambio de palabras con algunos tercerizados: `Me cortás la vía, te cago a tiros`”, indicó el magistrado.
En este aspecto, el juez destacó que hubo “una puntería tremenda” ya que “Fernández lo llama a Díaz en el mismo instante que está llegando Favale por las vías”.
“En ese momento, por la verticalidad que había en el sindicato, se presta el apoyo objetivo y moral para hacer lo que se hizo. En ese llamado, evidentemente, se consintió esa corrida, se consintió la agresión”, señaló.
Para Dias, los ferroviarios sabían que los policías "no se iban a meter" y “¿cómo lo sabían? Evidentemente habían hablado con la policía, ¿y quién había hablado? Díaz”.
El juez afirmó que en el juicio no se determinó cuál de los tiradores “acabó con la vida de Ferreyra”, aunque dijo que la responsabilidad es la misma para los ejecutores ya que “hubo convergencia intencional” y todos asumieron los riesgos “de manera conjunta”.
“Los acusadores han probado que existía de parte de los imputados y de parte de la cabeza del sindicato un interés político en reaccionar ante un corte de vías y que existía un interés económico. Lo que no han probado es que esto se neutralizaba con la vida de una persona”, opinó el magistrado, quien consideró que “la muerte no es para nada la garantía para perpetuarse en el poder. Sino, todo lo contrario”.
Por ello, Dias dijo que “no hubo un dolo específico de matar, por lo tanto, no hay en este caso homicidio calificado (por el concurso premeditado de dos o más personas, tal como planteó la Fiscalía)”.
Y, en ese sentido, afirmó que “los ejecutores actuaron con dolo eventual”, es decir, que los tiradores no tuvieron la intención de matar pero debieron haberse representado ese daño cuando disparaban “de manera indiscriminada” hacia una “calle llena de gente”.
Respecto de González y Pipitó, dijo que “es clara la coacción al periodismo” y que el primero de ellos obligó a los periodistas a “no filmar” y que lo hicieron “porque sabían lo que iba a ocurrir”, por lo que los consideró “cómplices de la acción subsidiaria" del homicidio.
Sobre la instigación del crimen que plantearon los acusadores y que fue rechazada por el tribunal, el magistrado señaló: “No admitimos instigación en cadena. La instigación tiene que ser directa. Y tiene que ser determinada, tiene que ser concreta”.
“Entendemos que el apoyo moral y el apoyo técnico de parte de las autoridades, el señor Pedraza y el señor Fernández, constituye complicidad necesaria, no instigación”.
En cuanto a Alcorcel, Dias dijo que le imputaron “el hecho de haberse ocupado de llevar a Favale para tirar tiros” pero “el conocido de Favale era Díaz, no el señor Alcorcel”, por lo que la actuación de éste fue "prescindente" y por eso resolvieron “calificar su actuación como participación secundaria”.
Sobre Pedraza, el juez sostuvo que “no hay prueba directa pero si hay indicios” y “los indicios posteriores” al crimen “claramente son indicadores de conductas previas”.
“¿Qué hizo Pedraza? Se ocupó del señor Favale”, dijo Dias, quien opinó que si “el señor Favale hubiese hecho lo que el sindicato no quería, había que decirle que era un hijo de su madre y no preocuparse porque no prenda el ventilador".
“Si la preocupación era que el señor Favale no hable, es porque tenía algo que hablar. Las intervenciones de Favale hablan claramente de ello. Tras el hecho intenta comunicarse desesperadamente con Díaz, con su hijo, habla de que van a rodar cabezas... Pedraza llama a un teléfono y desde ese teléfono se llama a Favale. Luego ese teléfono lo vuelve a llamar a Pedraza”, resumió.
También señaló que Pedraza declaró “que el sindicato siempre se ocupaba del ingreso a planta permanente de los tercerizados, que no tenía ningún interés en ninguna tercerizada”.
“Sin embargo, en su domicilio, en una caja encontramos una carpetita que decía cooperativa del Mercosur. La prueba testimonial vincula a Pedraza con esa cooperativa que era una de las que más le facturaba a UGOFE”, precisó el juez y agregó que en la vivienda del ferroviario también se encontraron “cinco permisos para tener armas”.
“El mayor determinante es que tras un diálogo con el señor Fernández y el señor Luna (Pedraza) dice: `Hay que dejar actuar a la Justicia. Te estás quedando solo Gallego`", añadió.
Y, por último, destacó que Pedraza también está vinculado al “más escandaloso intento de soborno a la Justicia”, respecto de la causa por el pago de coima a la Cámara Federal.
En cuanto a la actuación del personal policial, Dias sostuvo que “las cosas que dice Mansilla no se pueden decir si no existe una convergencia intencional con el grupo de ferroviarios” y, en ese sentido, recordó que el policía dijo “bajan sin represalias” cuando los agresores “bajaban con palos y botellas, al grito casi de guerra, en estado de excitación y adrenalina”.
“Nada se informa a la Dirección General de Operaciones (DGO) y tampoco consta en las “modulaciones” a la DGO “el intento de tomar las vías”, aseguró el magistrado, que dio por probado que se resolvió “correr las fuerzas que hubiesen podido evitar el choque entre las dos facciones que el propio personal policial dice que tienen diferencias ideológicas”.
“Cuando vuelven después de disparar, Mansilla dice `ya están regresando, ya se están reintegrando`. Esta diferencia entre lo que se está diciendo y lo que sucede, sumado a la referencia `la policía no va a hacer nada`, sumado al señor Díaz dialogando con los policías, nos permite interpretar de parte de Mansilla un `dejar hacer`”, indicó el juez y continuó: “Mansilla y Ferreyra son los que debían evitar esto. Primero debían evitar que esos ferroviarios no estuvieran ahí y segundo que no bajaran a agredir a los de enfrente”.
Luego, Dias se refirió a la absolución del subcomisario Garay, de quien dijo que “no tenía la posibilidad de evitar el resultado” y que “lo mandaron a lo que no se podía hacer”.
El juez habló después sobre Villalba y dijo que “no es cierto que hizo todo lo que pudo. Hay algo que no hizo y que pudo haber hecho: filmar esos instantes previos cuando el grupo de ferroviarios se dispone a ir a atacar a los tercerizados”.
Finalmente, y en referencia a la situación de DGO, Dias dijo: “No podemos aseverar que hayan sido cómplices del homicidio porque la información que le llegaba de parte de la gente que estaba en el lugar del hecho era incorrecta, era inexacta. Tampoco podemos establecer un acuerdo voluntades con el personal que estaba sobre las vías. Sí está probado que Lompizano debió actuar antes. Cuando Garay pide apoyo y Mansilla dice `bajan sin represalias`, ahí debió mandar el hidrante. Después ya era tarde, después era para cubrir”.
Y por ello, el juez sostuvo que el accionar de Lompizano, Conti y Echeverría “no satisface el principio de cumplimiento del deber”.
Tras adelantar quienes iban a ser condenados y absueltos, Dias aclaró que el tribunal tenía la “convicción de que cualquier caso, por más implicancia política que tenga, es un caso judicial” y a modo de conclusión, cerca de las 19.40, afirmó: “En el tramo final de su vida, Mariano Ferreira gritaba `unión de los trabajadores`, en la idea de gritarle a los que lo agredían que los enemigos no son ellos, el enemigo está en otro lado. La respuesta que tuvo fue `¡Viva Perón!`. Ahí está lo episódico, la insensatez”.
Su exposición comenzó alrededor de las 18.50, cuando sostuvo que “la prueba testimonial indica que tanto Favale como Sánchez son quienes dispararon”. El juez se preguntó por qué el primero de ellos fue al lugar de los hechos a tirar y correr a los tercerizados si no era ferroviario y respondió: “Porque el día anterior había tenido una entrevista para entrar a los ferrocarriles. Tenía un interés por entrar”.
“Cuando Favale dispara, dispara seguro. Cuando Favale dispara, dispara corriendo entre un montón de gente”, aseguró Dias y recordó que “Favale había hablado con Díaz y Díaz había hablado con Fernández el día anterior, a la mañana”.
“Es más, Díaz hasta llama a un tercerizado para ver cuántos eran los que iban a cortar las vías. En horas tempranas de la mañana habla con la policía, tiene un intercambio de palabras con algunos tercerizados: `Me cortás la vía, te cago a tiros`”, indicó el magistrado.
En este aspecto, el juez destacó que hubo “una puntería tremenda” ya que “Fernández lo llama a Díaz en el mismo instante que está llegando Favale por las vías”.
“En ese momento, por la verticalidad que había en el sindicato, se presta el apoyo objetivo y moral para hacer lo que se hizo. En ese llamado, evidentemente, se consintió esa corrida, se consintió la agresión”, señaló.
Para Dias, los ferroviarios sabían que los policías "no se iban a meter" y “¿cómo lo sabían? Evidentemente habían hablado con la policía, ¿y quién había hablado? Díaz”.
El juez afirmó que en el juicio no se determinó cuál de los tiradores “acabó con la vida de Ferreyra”, aunque dijo que la responsabilidad es la misma para los ejecutores ya que “hubo convergencia intencional” y todos asumieron los riesgos “de manera conjunta”.
“Los acusadores han probado que existía de parte de los imputados y de parte de la cabeza del sindicato un interés político en reaccionar ante un corte de vías y que existía un interés económico. Lo que no han probado es que esto se neutralizaba con la vida de una persona”, opinó el magistrado, quien consideró que “la muerte no es para nada la garantía para perpetuarse en el poder. Sino, todo lo contrario”.
Por ello, Dias dijo que “no hubo un dolo específico de matar, por lo tanto, no hay en este caso homicidio calificado (por el concurso premeditado de dos o más personas, tal como planteó la Fiscalía)”.
Y, en ese sentido, afirmó que “los ejecutores actuaron con dolo eventual”, es decir, que los tiradores no tuvieron la intención de matar pero debieron haberse representado ese daño cuando disparaban “de manera indiscriminada” hacia una “calle llena de gente”.
Respecto de González y Pipitó, dijo que “es clara la coacción al periodismo” y que el primero de ellos obligó a los periodistas a “no filmar” y que lo hicieron “porque sabían lo que iba a ocurrir”, por lo que los consideró “cómplices de la acción subsidiaria" del homicidio.
Sobre la instigación del crimen que plantearon los acusadores y que fue rechazada por el tribunal, el magistrado señaló: “No admitimos instigación en cadena. La instigación tiene que ser directa. Y tiene que ser determinada, tiene que ser concreta”.
“Entendemos que el apoyo moral y el apoyo técnico de parte de las autoridades, el señor Pedraza y el señor Fernández, constituye complicidad necesaria, no instigación”.
En cuanto a Alcorcel, Dias dijo que le imputaron “el hecho de haberse ocupado de llevar a Favale para tirar tiros” pero “el conocido de Favale era Díaz, no el señor Alcorcel”, por lo que la actuación de éste fue "prescindente" y por eso resolvieron “calificar su actuación como participación secundaria”.
Sobre Pedraza, el juez sostuvo que “no hay prueba directa pero si hay indicios” y “los indicios posteriores” al crimen “claramente son indicadores de conductas previas”.
“¿Qué hizo Pedraza? Se ocupó del señor Favale”, dijo Dias, quien opinó que si “el señor Favale hubiese hecho lo que el sindicato no quería, había que decirle que era un hijo de su madre y no preocuparse porque no prenda el ventilador".
“Si la preocupación era que el señor Favale no hable, es porque tenía algo que hablar. Las intervenciones de Favale hablan claramente de ello. Tras el hecho intenta comunicarse desesperadamente con Díaz, con su hijo, habla de que van a rodar cabezas... Pedraza llama a un teléfono y desde ese teléfono se llama a Favale. Luego ese teléfono lo vuelve a llamar a Pedraza”, resumió.
También señaló que Pedraza declaró “que el sindicato siempre se ocupaba del ingreso a planta permanente de los tercerizados, que no tenía ningún interés en ninguna tercerizada”.
“Sin embargo, en su domicilio, en una caja encontramos una carpetita que decía cooperativa del Mercosur. La prueba testimonial vincula a Pedraza con esa cooperativa que era una de las que más le facturaba a UGOFE”, precisó el juez y agregó que en la vivienda del ferroviario también se encontraron “cinco permisos para tener armas”.
“El mayor determinante es que tras un diálogo con el señor Fernández y el señor Luna (Pedraza) dice: `Hay que dejar actuar a la Justicia. Te estás quedando solo Gallego`", añadió.
Y, por último, destacó que Pedraza también está vinculado al “más escandaloso intento de soborno a la Justicia”, respecto de la causa por el pago de coima a la Cámara Federal.
En cuanto a la actuación del personal policial, Dias sostuvo que “las cosas que dice Mansilla no se pueden decir si no existe una convergencia intencional con el grupo de ferroviarios” y, en ese sentido, recordó que el policía dijo “bajan sin represalias” cuando los agresores “bajaban con palos y botellas, al grito casi de guerra, en estado de excitación y adrenalina”.
“Nada se informa a la Dirección General de Operaciones (DGO) y tampoco consta en las “modulaciones” a la DGO “el intento de tomar las vías”, aseguró el magistrado, que dio por probado que se resolvió “correr las fuerzas que hubiesen podido evitar el choque entre las dos facciones que el propio personal policial dice que tienen diferencias ideológicas”.
“Cuando vuelven después de disparar, Mansilla dice `ya están regresando, ya se están reintegrando`. Esta diferencia entre lo que se está diciendo y lo que sucede, sumado a la referencia `la policía no va a hacer nada`, sumado al señor Díaz dialogando con los policías, nos permite interpretar de parte de Mansilla un `dejar hacer`”, indicó el juez y continuó: “Mansilla y Ferreyra son los que debían evitar esto. Primero debían evitar que esos ferroviarios no estuvieran ahí y segundo que no bajaran a agredir a los de enfrente”.
Luego, Dias se refirió a la absolución del subcomisario Garay, de quien dijo que “no tenía la posibilidad de evitar el resultado” y que “lo mandaron a lo que no se podía hacer”.
El juez habló después sobre Villalba y dijo que “no es cierto que hizo todo lo que pudo. Hay algo que no hizo y que pudo haber hecho: filmar esos instantes previos cuando el grupo de ferroviarios se dispone a ir a atacar a los tercerizados”.
Finalmente, y en referencia a la situación de DGO, Dias dijo: “No podemos aseverar que hayan sido cómplices del homicidio porque la información que le llegaba de parte de la gente que estaba en el lugar del hecho era incorrecta, era inexacta. Tampoco podemos establecer un acuerdo voluntades con el personal que estaba sobre las vías. Sí está probado que Lompizano debió actuar antes. Cuando Garay pide apoyo y Mansilla dice `bajan sin represalias`, ahí debió mandar el hidrante. Después ya era tarde, después era para cubrir”.
Y por ello, el juez sostuvo que el accionar de Lompizano, Conti y Echeverría “no satisface el principio de cumplimiento del deber”.
Tras adelantar quienes iban a ser condenados y absueltos, Dias aclaró que el tribunal tenía la “convicción de que cualquier caso, por más implicancia política que tenga, es un caso judicial” y a modo de conclusión, cerca de las 19.40, afirmó: “En el tramo final de su vida, Mariano Ferreira gritaba `unión de los trabajadores`, en la idea de gritarle a los que lo agredían que los enemigos no son ellos, el enemigo está en otro lado. La respuesta que tuvo fue `¡Viva Perón!`. Ahí está lo episódico, la insensatez”.
AA
Abril de 2013.
El crimen del militante XXIX
La última audiencia del juicio se llevó a cabo el viernes 19 de abril y en la puerta de los Tribunales hubo desde muy temprano una vigilia de militantes de partidos de izquierda y de distintas organizaciones sociales que montaron un escenario desde donde siguieron las alternativas del debate a través de alto parlantes.
Alrededor de las 11, los acusados comenzaron a pronunciar sus “últimas palabras” y el primero de ellos fue Pedraza quien, vestido con una camisa blanca, fue el que más se explayo.
En un tramo de su declaración, el imputado se dirigió a la madre de Ferreyra: “Le digo desde mi corazón, por la memoria de mi madre, por el inmenso amor que siento por mi mujer y mis hijas, el crimen de su hijo, como padre, me ha dolido tanto como a usted. Jamás promoví, jamás imaginé ni tuve nada que ver con el desgraciado crimen de su hijo”.
También lamentó que “la bandera ´Justicia por Mariano´ se haya convertido en ¨Perpetua para Pedraza´ para levantar candidaturas políticas” y finalmente afirmó: “Estoy absolutamente convencido de mi inocencia”.
Luego, habló Favale, a quien se lo vio vestido de traje, y con la voz entrecortada agradeció a su familia, sus abogados y a todos los que creyeron en él, reiteró ser “inocente” y afirmó: “Ratifico todo lo que dije durante este juicio”.
En tercer lugar declaró Sánchez, quien también llevaba puesta una camisa blanca y pantalón de jean, y se dirigió directamente a la madre de Mariano a quien le dijo mirándola a los ojos: “Señora, yo no maté a su hijo. Soy inocente. (…) Soy padre y entiendo su dolor”.
“Soy un trabajador y ese día estaba trabajando”, aseguró y concluyó diciendo que dejaba “todo en manos de la Justicia y de Dios”.
El restante acusado que aceptó pronunciar sus últimas palabras fue González, quien agradeció el apoyo de sus familiares, amigos, compañeros y abogados. “Quiero Justicia de verdad. Fui castigado por la prensa”, sostuvo y dijo que las acusaciones en su contra no podían estar más “lejos de la realidad”.
González consideró que sus acusadores e, realidad buscan “venganza” y, en ese sentido, dijo: “Si había una horca en el Obelisco hubiera estado ahí. Pero no les hubiera alcanzado tampoco”.
“Soy un trabajador. Vengo de una familia de ferroviarios. Soy tercera generación. Estoy orgulloso de ser ferroviario”, concluyó.
Tras estas cuatro declaraciones, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta las 17, cuando dio a conocer su veredicto.
Pero la audiencia recién se reanudó recién a las 18.50, cuando el presidente del tribunal, Horacio Días, tomó la palabra y durante unos cincuenta minutos hizo un resumen del fallo, cuyos fundamentos se iban a conocer el 17 de junio.
Finalmente, el magistrado leyó el veredicto en el que Pedraza fue condenado a 15 años de prisión como "partícipe necesario" del delito de "homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa".
La misma pena recibió Fernández, mientras que Díaz también fue considerado un "partícipe necesario" pero recibió una condena más grave, de 18 años.
Esa misma pena recibieron Favale y Sánchez pero como "coautores" de los homicidios.
En tanto, González fue condenado a 11 años de prisión como "partícipe necesario" del delito de "coacción en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa" y Pipitó recibió la misma pena y con el mismo grado de responsabilidad pero por "coacción en concurso ideal con homicidio, los que concursan idealmente con homicidio en grado de tentativa".
Por su parte, Alcorcel fue condenado a 8 años de cárcel como "partícipe secundario" del homicidio y las tentativas.
En cuanto a los policías, Mansilla y Ferreyra fueron condenados a 10 y 9 años de prisión, respectivamente, como "partícipes necesarios" del homicidio y las tentativas.
En ese momento, la lectura se interrumpió porque se produjeron en la sala insultos cruzados entre los presentes en el recinto, por lo que el tribunal decidió desalojar la sala.
Tras la interrupción, el tribunal anunció penas de 2 años de ejecución condicional por "incumplimiento de deberes de funcionarios público" para Lompizano, Echeverría y Conti; y una multa para Villalba por "omisión de deberes de oficio".
Por último, Garay, Pérez y Uño fueron absueltos.
El veredicto fue cuestionado por los principales referentes del PO que al retirarse de los tribunales adelantaron que iban a apelar el fallo.
Por su parte, Pablo Ferreyra, hermano del joven asesinado, también dijo que apelarían la sentencia aunque remarcó: "La posición de la familia es que el fallo en principio es positivo". [1]
Y en ese sentido, el abogado de la familia Ferreyra, Maximiliano Medina sostuvo que "es un hecho inédito en la historia de la Justicia argentina que un líder sindical sea condenado por el asesinato de un militante popular". [2]
Alrededor de las 11, los acusados comenzaron a pronunciar sus “últimas palabras” y el primero de ellos fue Pedraza quien, vestido con una camisa blanca, fue el que más se explayo.
En un tramo de su declaración, el imputado se dirigió a la madre de Ferreyra: “Le digo desde mi corazón, por la memoria de mi madre, por el inmenso amor que siento por mi mujer y mis hijas, el crimen de su hijo, como padre, me ha dolido tanto como a usted. Jamás promoví, jamás imaginé ni tuve nada que ver con el desgraciado crimen de su hijo”.
También lamentó que “la bandera ´Justicia por Mariano´ se haya convertido en ¨Perpetua para Pedraza´ para levantar candidaturas políticas” y finalmente afirmó: “Estoy absolutamente convencido de mi inocencia”.
Luego, habló Favale, a quien se lo vio vestido de traje, y con la voz entrecortada agradeció a su familia, sus abogados y a todos los que creyeron en él, reiteró ser “inocente” y afirmó: “Ratifico todo lo que dije durante este juicio”.
En tercer lugar declaró Sánchez, quien también llevaba puesta una camisa blanca y pantalón de jean, y se dirigió directamente a la madre de Mariano a quien le dijo mirándola a los ojos: “Señora, yo no maté a su hijo. Soy inocente. (…) Soy padre y entiendo su dolor”.
“Soy un trabajador y ese día estaba trabajando”, aseguró y concluyó diciendo que dejaba “todo en manos de la Justicia y de Dios”.
El restante acusado que aceptó pronunciar sus últimas palabras fue González, quien agradeció el apoyo de sus familiares, amigos, compañeros y abogados. “Quiero Justicia de verdad. Fui castigado por la prensa”, sostuvo y dijo que las acusaciones en su contra no podían estar más “lejos de la realidad”.
González consideró que sus acusadores e, realidad buscan “venganza” y, en ese sentido, dijo: “Si había una horca en el Obelisco hubiera estado ahí. Pero no les hubiera alcanzado tampoco”.
“Soy un trabajador. Vengo de una familia de ferroviarios. Soy tercera generación. Estoy orgulloso de ser ferroviario”, concluyó.
Tras estas cuatro declaraciones, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta las 17, cuando dio a conocer su veredicto.
Pero la audiencia recién se reanudó recién a las 18.50, cuando el presidente del tribunal, Horacio Días, tomó la palabra y durante unos cincuenta minutos hizo un resumen del fallo, cuyos fundamentos se iban a conocer el 17 de junio.
Finalmente, el magistrado leyó el veredicto en el que Pedraza fue condenado a 15 años de prisión como "partícipe necesario" del delito de "homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa".
La misma pena recibió Fernández, mientras que Díaz también fue considerado un "partícipe necesario" pero recibió una condena más grave, de 18 años.
Esa misma pena recibieron Favale y Sánchez pero como "coautores" de los homicidios.
En tanto, González fue condenado a 11 años de prisión como "partícipe necesario" del delito de "coacción en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa" y Pipitó recibió la misma pena y con el mismo grado de responsabilidad pero por "coacción en concurso ideal con homicidio, los que concursan idealmente con homicidio en grado de tentativa".
Por su parte, Alcorcel fue condenado a 8 años de cárcel como "partícipe secundario" del homicidio y las tentativas.
En cuanto a los policías, Mansilla y Ferreyra fueron condenados a 10 y 9 años de prisión, respectivamente, como "partícipes necesarios" del homicidio y las tentativas.
En ese momento, la lectura se interrumpió porque se produjeron en la sala insultos cruzados entre los presentes en el recinto, por lo que el tribunal decidió desalojar la sala.
Tras la interrupción, el tribunal anunció penas de 2 años de ejecución condicional por "incumplimiento de deberes de funcionarios público" para Lompizano, Echeverría y Conti; y una multa para Villalba por "omisión de deberes de oficio".
Por último, Garay, Pérez y Uño fueron absueltos.
El veredicto fue cuestionado por los principales referentes del PO que al retirarse de los tribunales adelantaron que iban a apelar el fallo.
Por su parte, Pablo Ferreyra, hermano del joven asesinado, también dijo que apelarían la sentencia aunque remarcó: "La posición de la familia es que el fallo en principio es positivo". [1]
Y en ese sentido, el abogado de la familia Ferreyra, Maximiliano Medina sostuvo que "es un hecho inédito en la historia de la Justicia argentina que un líder sindical sea condenado por el asesinato de un militante popular". [2]
El crimen del militante XXVIII
Al finalizar el alegato de la Fiscalía, comenzaron a exponer los defensores, el primero de ellos, Froment, abogado de Pedraza, quien reclamó la absolución del acusado por considerar que “no se ha aportado prueba contundente alguna” contra el ex líder del gremio de los ferroviarios y que “todas las acusaciones contra él fueron basadas en suposiciones”.[1]
Para el defensor, Pedraza fue “un objetivo político y económico” del PO ya que el acusado “es un viejo dirigente sindical” y “la única forma de sacarlo era con una situación como ésta”.
Froment sostuvo que se trató de una “causa armada” por la Justicia en al etapa de Instrucción, al tiempo que defendió las cooperativas al señalar que éstas “fueron creadas para emplear a ferroviarios desempleados durante la etapa de privatizaciones”.
Y, por último, el abogado aseguró que “el poder político de la UF no estaba sostenido por la exclusión de los tercerizados”. [2]
A su turno, el martes 5 de marzo, alegaron los defensores de Fernández y Sánchez, que solicitaron la absolución de ambos imputados.
Para el defensor, Pedraza fue “un objetivo político y económico” del PO ya que el acusado “es un viejo dirigente sindical” y “la única forma de sacarlo era con una situación como ésta”.
Froment sostuvo que se trató de una “causa armada” por la Justicia en al etapa de Instrucción, al tiempo que defendió las cooperativas al señalar que éstas “fueron creadas para emplear a ferroviarios desempleados durante la etapa de privatizaciones”.
Y, por último, el abogado aseguró que “el poder político de la UF no estaba sostenido por la exclusión de los tercerizados”. [2]
A su turno, el martes 5 de marzo, alegaron los defensores de Fernández y Sánchez, que solicitaron la absolución de ambos imputados.
Alejandro Freeland, abogado de Fernández, consideró que la acusación de su defendido se trata de “un relato desmesurado, infundado y ficcional”, dijo que no se sabe quién mató a Ferreyra y baleó a los otros tres militantes y también describió al grupo que se manifestó a favor de los mercerizados como “agresivo” y decidido a “confrontar”.[3]
Sobre los llamados entre Fernández y el acusado Díaz, en tanto, Freeland explicó que “hablaban de fútbol, porque uno es de Independiente y el otro de Racing”.[4]
Por su parte, Gustavo D´Elia, defensor de Sánchez, sostuvo que se “desmorona” la hipótesis de que hubo “un plan criminal” que planteó al Ministerio Público Fiscal cuando la Fiscalía decidió no acusar a Uño y Pérez, y afirmó que el testigo protegido Carlos Díaz que complicó a su defendido era, en realidad, “un arrepentido”. [5]
Mientras que en la audiencia del viernes 8, Mario Frenzel y Claudio Armando, los defensores de los acusados Díaz y Pipitó, respectivamente, también pidieron que ambos sean absueltos.
Frenzel señaló que la movilización a favor de los mercerizados, “acompañada de una militancia constante” y el “activismo periodístico” hicieron que “la hipótesis del complot de la burocracia sindical fuera receptada sin ninguna oposición”, y que “la omisión del Estado” fue “la causa principal” del crimen de Ferreyra.[6]
Sobre cómo ocurrieron los hechos, este defensor también sostuvo, al igual que los abogados del resto de los acusados, la versión de la “riña”.
A su turno, Armando negó todos los cargos que pesaban sobre Pipitó y dijo que el equipo periodístico de C5N tenía "problemas emocionales" y buscó "quince minutos de fama”.[7]
El martes 12, realizó su alegato la defensora de Favale, María Florencia Hegglin, quien pidió la absolución del imputado al asegurar “toda la acusación se basa en prueba testimonial”.[8]
“No hay imágenes de Favale disparando”, afirmó la letrada que cuestionó los testigos que complicaron a su defendido ya que consideró que “desde el comienzo de la causa se instaló a Favale como el tirador”. [9]
El jueves de la misma semana alegaron los defensores de los acusados Alcorcel, González y Pérez que, al igual que los abogados de los otros imputados, pidieron la absolución.
Las letradas Sandra Arce y Ana Piñones dijeron que no existían pruebas en contra de Alcorcel, que ninguno de los imputados era el asesino de Ferreyra y que la causa se trataba de un "plan ideado luego de cometido el crimen porque "necesitaban un pez gordo, pero para eso antes tenían que pasar por un cardúmen de pececitos". [10]
Por su parte, Daniela Grisetti, defensora de González, negó que el acusado haya amenazado a los periodistas de C5N para que dejaran de filmar los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010.
Mientras que el abogado de Pérez, Mario Laporta, trató de refutar los dichos del testigo, José Sotelo, quien comprometió a su defendido.
El viernes 15, alegaron los abogados Oscar Igounet y Cintia Maio, defensores de Uño, quienes sostuvieron la inocencia del acusado; y los letrados Raúl Bednarz y Pablo Karklins, representantes del imputado Mansilla, que señalaron que no hubo abandono de persona y que la policía "hizo lo que tenía que hacer".
Luego, en la jornada del martes 19, Carlos Ignacio Ríos y Alexia Federica Dimiropoulos, defensores del policía Ferreyra, dijeron compartir con la acusación del PO que el hecho ventilado en el debate se trató de "un crimen político" pero sostuvieron que el lineamiento del supuesto "plan criminal" fue "oscuro" y que debió ser mejor precisado.
También señalaron que ambos acusados "ignoraban los intereses laborales y económicos que estaban detrás de este conflicto" y negaron que hayan cometido abandono de persona ya que los manifestantes eran "jóvenes", tenían "palos y gomeras" y, por ende, no se hallaban en un "estado de indefensión". [11]
En base a lo expuesto, los letrados solicitaron la absolución del acusado.
Por su parte, el letrado Hilario Lagos, defensor del subcomisario Echavarría, también reclamó la absolución, habló del "desconocimiento" que había en la DGO sobre lo que realmente ocurría en Barracas y se quejó de que la "política" entró al caso. [12]
El jueves de la misma semana comenzó su alegato la defensa de Garay, a cargo del abogado Mariano Maciel, quien culminó al día siguiente junto a las de los letrados Jorge Luis Del Valle Alvarez Berlanda y Valeria Corbacho, letrados de los acusados Conti y Villaba, y todos solicitaron la absolución.
Por último, el martes 26 de marzo concluyó la etapa de alegatos con la exposición de la defensa del policía Lompizano que sostuvo que el acusado no tuvo ninguna relación con los hechos y que "nada hacía suponer" lo que ocurriría minutos después de las 13.30 de aquel el 20 de octubre de 2010, "ni la presencia de ferroviarios, ni el primer enfrentamiento".[13]
Sobre los llamados entre Fernández y el acusado Díaz, en tanto, Freeland explicó que “hablaban de fútbol, porque uno es de Independiente y el otro de Racing”.[4]
Por su parte, Gustavo D´Elia, defensor de Sánchez, sostuvo que se “desmorona” la hipótesis de que hubo “un plan criminal” que planteó al Ministerio Público Fiscal cuando la Fiscalía decidió no acusar a Uño y Pérez, y afirmó que el testigo protegido Carlos Díaz que complicó a su defendido era, en realidad, “un arrepentido”. [5]
Mientras que en la audiencia del viernes 8, Mario Frenzel y Claudio Armando, los defensores de los acusados Díaz y Pipitó, respectivamente, también pidieron que ambos sean absueltos.
Frenzel señaló que la movilización a favor de los mercerizados, “acompañada de una militancia constante” y el “activismo periodístico” hicieron que “la hipótesis del complot de la burocracia sindical fuera receptada sin ninguna oposición”, y que “la omisión del Estado” fue “la causa principal” del crimen de Ferreyra.[6]
Sobre cómo ocurrieron los hechos, este defensor también sostuvo, al igual que los abogados del resto de los acusados, la versión de la “riña”.
A su turno, Armando negó todos los cargos que pesaban sobre Pipitó y dijo que el equipo periodístico de C5N tenía "problemas emocionales" y buscó "quince minutos de fama”.[7]
El martes 12, realizó su alegato la defensora de Favale, María Florencia Hegglin, quien pidió la absolución del imputado al asegurar “toda la acusación se basa en prueba testimonial”.[8]
“No hay imágenes de Favale disparando”, afirmó la letrada que cuestionó los testigos que complicaron a su defendido ya que consideró que “desde el comienzo de la causa se instaló a Favale como el tirador”. [9]
El jueves de la misma semana alegaron los defensores de los acusados Alcorcel, González y Pérez que, al igual que los abogados de los otros imputados, pidieron la absolución.
Las letradas Sandra Arce y Ana Piñones dijeron que no existían pruebas en contra de Alcorcel, que ninguno de los imputados era el asesino de Ferreyra y que la causa se trataba de un "plan ideado luego de cometido el crimen porque "necesitaban un pez gordo, pero para eso antes tenían que pasar por un cardúmen de pececitos". [10]
Por su parte, Daniela Grisetti, defensora de González, negó que el acusado haya amenazado a los periodistas de C5N para que dejaran de filmar los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010.
Mientras que el abogado de Pérez, Mario Laporta, trató de refutar los dichos del testigo, José Sotelo, quien comprometió a su defendido.
El viernes 15, alegaron los abogados Oscar Igounet y Cintia Maio, defensores de Uño, quienes sostuvieron la inocencia del acusado; y los letrados Raúl Bednarz y Pablo Karklins, representantes del imputado Mansilla, que señalaron que no hubo abandono de persona y que la policía "hizo lo que tenía que hacer".
Luego, en la jornada del martes 19, Carlos Ignacio Ríos y Alexia Federica Dimiropoulos, defensores del policía Ferreyra, dijeron compartir con la acusación del PO que el hecho ventilado en el debate se trató de "un crimen político" pero sostuvieron que el lineamiento del supuesto "plan criminal" fue "oscuro" y que debió ser mejor precisado.
También señalaron que ambos acusados "ignoraban los intereses laborales y económicos que estaban detrás de este conflicto" y negaron que hayan cometido abandono de persona ya que los manifestantes eran "jóvenes", tenían "palos y gomeras" y, por ende, no se hallaban en un "estado de indefensión". [11]
En base a lo expuesto, los letrados solicitaron la absolución del acusado.
Por su parte, el letrado Hilario Lagos, defensor del subcomisario Echavarría, también reclamó la absolución, habló del "desconocimiento" que había en la DGO sobre lo que realmente ocurría en Barracas y se quejó de que la "política" entró al caso. [12]
El jueves de la misma semana comenzó su alegato la defensa de Garay, a cargo del abogado Mariano Maciel, quien culminó al día siguiente junto a las de los letrados Jorge Luis Del Valle Alvarez Berlanda y Valeria Corbacho, letrados de los acusados Conti y Villaba, y todos solicitaron la absolución.
Por último, el martes 26 de marzo concluyó la etapa de alegatos con la exposición de la defensa del policía Lompizano que sostuvo que el acusado no tuvo ninguna relación con los hechos y que "nada hacía suponer" lo que ocurriría minutos después de las 13.30 de aquel el 20 de octubre de 2010, "ni la presencia de ferroviarios, ni el primer enfrentamiento".[13]
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