El martes 4 de diciembre, tras una semana de receso, se reanudó el juicio por el crimen de Ferreyra. En esa audiencia declararon Pablo Villalba, un obrero tercerizado de la cooperativa Unión del Mercosur e integrante de la lista Bordó, y los policías Gabriel Berard, quien al momento del homicidio era subcomisario en la DGO; y Ángel Ponce, comisario que prestaba servicio en la Dirección de Servicios Especiales de la Superintendencia General de Transporte.
Villalba declaró que comenzó a trabajar a la cooperativa en 2009 por intermedio de su hermano, integrante de la lista Verde. “En los talleres estábamos nosotros y personal efectivo del Roca que hacía mantenimiento de vías, igual que nosotros (…) La diferencia más concreta que teníamos era la del sueldo. Nosotros realizábamos la misma tarea pero cobrábamos la mitad de lo que cobraba un efectivo”, señaló el testigo que aclaró que estaban “todos afiliados a la Unión Ferroviaria”.[1]
“En varias oportunidades nos acercamos a los delegados de los talleres para reclamar algunas condiciones que no se cumplían, como la entrega de ropa y el estado de los vehículos. Una de mis funciones era manejar la camioneta de la cuadrilla, que no tenía seguro ni estaba habilitada para el traslado de persona. Nunca tuvimos respuesta”, indicó.[2]
Villalba relató que en marzo de 2010 lo despidieron tras lesionarse el hombro y haber reclamado tener ART y no un seguro médico aunque el telegrama indicó como motivo una “reestructuración”.
“Le pedí una entrevista a (el acusado) Pablo Díaz, porque creí que, siendo afiliado a la UF, tenía la posibilidad de hablar con alguien del gremio para que intercediera por mí. Le pido telefónicamente la reunión un jueves y me cita para el lunes en las oficinas de Hornos 11. Ese mismo lunes, recibo el telegrama. Cuando llego a la reunión, me encuentro con que Díaz tiene el legajo de mi hermano en su escritorio. Sugirió que mi hermano y yo nos lastimábamos muy seguido, como una suspicacia, y me dijo que nos habían afiliado a la UF simplemente para acceder a los préstamos que daba el sindicato, pero que en estos problemas más particulares, entre las empresas y los trabajadores, no se iban a meter”, recordó.[3]
El testigo dijo que luego se dio cuenta que la “ccoperativa”, en realidad, pertenecía a la Unión Ferroviaria. Y que por ello “el sindicato se oponía al pase a planta de los tercerizados”.
También describió un episodio cuando se encontraba con su cuadrilla de trabajo y se presentaron los acusados Díaz y Arcorcel quienes, según Villalba, les dijeron que “si siguen jodiendo con el paso a planta, les vamos a pegar un tiro”.
Villalba explicó que durante los primeros meses de 2012 hubo más de 150 despidos entre las 22 tercerizadas de la línea Roca y que en julio, los tercerizados realizaron un corte de vías que duró unas nueves horas. A partir de allí, se abrió una negociación en el Ministerio de Trabajo aunque al cabo de 28 audiencias sólo fueron reincorporados 11 trabajadores. Entonces, los reclamos siguieron con bloqueos de boleterías, como los del 6 de septiembre cuando, de acuerdo al testigo, los ferroviarios se presentaron para impedir la protesta.
Respecto de los hechos del 20 de octubre, Villalba dijo que vio a Díaz impartir órdenes al grupo de los ferroviarios y tener una actitud “provocativa”, y que él participó de la protesta a favor de los tercerizados hasta que se produjo la primera agresión. “Era evidente que no iba a poder hacerse ningún corte. Me comuniqué por teléfono con los demás compañeros y me dijeron que ellos también se iban a retirar”, señaló.[4]
Por su parte, el subcomisario Berard contó que el día del crimen él no se encontraba de servicio en la DGO, por lo que sólo aportó datos generales sobre los procedimientos de dicha dirección. “El operador de radio (en este caso el acusado Conti) no puede ser desautorizado por nadie porque es la voz del Director y hasta del jefe de toda la policía”.[5]
Sobre el POC, el testigo dijo que se utiliza “si hay saturación en la frecuencia de radio” y que “es raro que un operador de la sala de situación indique cambiar de canal de comunicación”, en referencia a las grabaciones que mantuvo Conti con el imputado Garay, el subcomisario de de la seccional 30ra. que estaba en el lugar de los hechos.
A su turno, Ponce declaró: “Se preveía que (el 20 de octubre) iban a cortar las vías y que iba a haber dos grupos: los tercerizados y los ferroviarios. Los tercerizados iban a cortar las vías. Y cuando le preguntaron sobre los ferroviarios, dijo: “Teóricamente (sic) iban a confrontar con ellos”.[6]
En tanto, en la audiencia del viernes 7 de diciembre, uno de los testimonios fue el de Ángel Oga, un vecino de Barracas. “Yo vivía en la calle Luján, a pocos metros del puente Bosch, pero en sentido contrario a la avenida Vélez Sarsfield. Ese día (por el del crimen de Ferreyra) estaba en mi casa, haciendo refacciones. Fue después del mediodía, que escuché gritos. Yo estaba en la entrada, dentro de la casa, con tres personas más. Escuchamos gritos, voces, ruidos y salimos a mirar. En principio, había personas sobre Luján, pasando Santa María del Buen Ayre; serían unas 150 personas. Tenían carteles rojos del PO y estaban retrocediendo, iban hacia la avenida Vélez Sarsfield. Arriba de las vías, había personas insultándolos. Gritaban zurdos de mierda, los vamos a matar, cosas por el estilo. Incluso tiraban cascotes, pero por la distancia no los alcanzaban…”, declaró.[7]
“Al principio, yo veía en las vías a cuatro o cinco personas pero cuando bajaron eran bastantes. Había dos patrulleros en la esquina de Lujan y Santa María estacionados cruzando la calle. No vi uniformados pero alcancé a ver al menos una persona de traje con un handy arriba del puente. Entonces baja un grupo de las vías, pequeño, que habla con el personal policial. Tuvo que haber sido en ese momento –yo no lo vi, lo relacioné después- que un auto color borravino estaciona en la casa de al lado, como viniendo del lado del puente Bosch. Dobla, para y se queda ahí, con dos en ese momento. Cuando terminan las personas que bajaron de las vías terminan de hablar con los policías, la policía se retira y de este auto baja una persona con un bolso que yo –por muchos años de militancia, milito desde los 15 años y me formé en la resistencia peronista- pude identificar que, por la forma y el peso, llevaba armas”, indicó Oga.[8]
Según el testigo, estas personas se mezclaron luego con las que bajaban del terraplén. “Era una cantidad de gente importante -80 o 100 personas- y salen corriendo detrás del otro grupo”.
“Había como una división de tareas, aunque no oí a alguien impartiendo directivas. El grupo del PO intentó formar una defensa, llevaban palos, pero tuvieron que retroceder rápido. Ya estaban lejos de mi visión, como a 200 metros”, agregó.[9]
“Entonces escuché detonaciones de armas de distinto calibre. Reconozco eso porque milité en la resistencia peronista. No vi armas, solamente escuché los disparos. No sé cuantos, más de 10. Me concentré en ver la situación. Escuché tres tipos de tiros distintos: una 22, un arma semi automática y la otra no recuerdo”, precisó.[10]
De acuerdo al relato de Oga, “la policía reapareció después, ocho minutos más tarde” e “hicieron lo que hacen muchas veces: se quedaron a mirar”.
Luego del vecino, declaró el inspector Pablo Miño, quien era el encargado del grupo especial de combate de la policía y dijo que permanecieron sobre las vías en Avellaneda hasta que se produjo la primera agresión y que luego recibió la orden de desplazarse a la estación Constitución.
Seguidamente, declaró Fernando Cozzarín, jefe de calle de la comisaría 30ra. al momento del crimen y actualmente retirado de la Policía Federal. Este testigo contó que llegó al puente Bosch al mediodía y permaneció allí unos minutos durante los cuales no pudo entrevistarse con el subcomisario Garay porque éste “estaba hablando con cinco o seis personas de los manifestantes”.
Por su parte, Gustavo Carca, quien era el superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, declaró que las directivas generales para este tipo de actuaciones “no criminalizar la protesta” y que el mediodía del 20 de octubre lo llamó Lompizano para informarle que había un problema en la manifestación de ferroviarios y que después fue hasta su oficina para decirle que hubo “una gresca” entre dos grupos rivales y que había gente herida.
“Los heridos fueron a siete u ocho cuadras de Avellaneda. No se tomaron medidas antes de los heridos, porque se estaban desconcentrando, no había motivos”, dijo Carca, quien sostuvo que recién se enteraron de que había personas baleadas cuando recibieron el informe del Hospital Argerich.[11]
El crimen del militante XX
El jueves 22 de noviembre declaró Juan Pablo Schiavi, quien al momento del crimen de Ferreyra era el secretario de Transportes de la Nación, cargo que dejó de ocupar tras la denominada "Tragedia de Once".[1]
Durante la instrucción de la causa, la querella del PO había pedido imputar a Schiavi por sus presuntos vínculos con el grupo ferroviario encabezado por el acusado Pedraza, pero la Justicia no hizo lugar a ese requerimiento.
Al declarar en el juicio, Schiavi aseguró el trabajo tercerizado “se ajustaba a derecho” porque estaba contemplado en la forma de contratación que surgió en “los años 90” y afirmó que “el gobierno estaba trabajando sobre el tema”.[2]
El testigo dijo que alguna vez la Unión Ferroviaria pidió que se “normalizara” (sic) la situación de los tercerizados, aunque no recordaba si el sindicato lo hizo por algún canal formal. Y reconoció que las diversas audiencias y acciones de lucha llevadas adelante por los tercerizados corrían por cuenta de estos ya que estaban al margen de la Unión Ferroviaria.
Sobre el corte de vías anunciado para el 20 de octubre de 2010, Schiavi dijo: “Se planteó la posibilidad de prevención, sobre todo, porque se trata de un servicio eléctrico y cualquier corte puede traer aparejado la posibilidad de que alguien se electrocute”.[3]
En la misma audiencia declaró el gerente de Recursos Humanos de UGOFE, Héctor Messineo, quien dijo que su puesto abarcaba las funciones de “selección, la capacitación, la administración de los contratos colectivos de trabajo y con la administración de todo el personal de la línea”.[4]
“Yo podría estimar que ingresan entre un 80 y un 85% de postulados por los gremios. El resto, son por búsquedas específicas que hacemos de técnicos o por recomendaciones de la Secretaria de Transporte. También desde intendencias, diputados, senadores… Siempre hay recomendados y buscamos lo que más se adapta”, explicó.[5]
Sobre la “tercerización”, este testigo dijo que fue “necesaria” debido al déficit de empleados con el que se encontró UGOFE en la línea Roca, y “valoró” la “comprensión” de la Unión Ferroviaria al aceptarla porque “la política del sindicato era la no tercerización”.
Por su parte, Claudio Gutiérrez, un policía federal, declaró que él Integraba un grupo especial de combate y que el día del crimen estuvo desde temprano con su equipo sobre las vías de Avellaneda y que a media mañana los desplazaron a Constitución. Además, dijo que no vio a los ferroviarios sobre el terraplén ni presenció ninguna incidencia.
En tanto, en la jornada del martes 27 de noviembre, el primer testigo fue Ricardo Faranna, quien en octubre de 2010 se desempeñaba como Superintendente General de Transporte y había recibido un día antes informes de inteligencia sobre lo que podía llegar a pasar en el corte de vías anunciado para la mañana siguiente.
“La posibilidad de la presencia de la Unión Ferroviaria nunca se descartó. No teníamos la certeza, pero el servicio se montó teniendo en cuenta esa probabilidad”, declaró el testigo que admitió sabía que los ferroviarios no tenían “los mismos propósitos” que los tercerizados.[6]
Faranna contó que era la DGO la que ordenaba el envío de efectivos en base al análisis de la situación que su división realizaba y, en ese sentido, consideró que “la fuerza dispuesta (para el 20 de octubre de 2010) era suficiente para operar en esas circunstancias”.
Luego declararon Nicolás de Marco, Maximiliano Alegre y César Barrionuevo, tres policías de la División Exteriores de Video de la Policía Federal, compañeros de trabajo del imputado Villalba.
“Lo que hay que filmar son los incidentes. El jefe del servicio da las directivas, pero por una cuestión de lógica (sic), si el jefe de servicio está distraído y hay incidentes, uno graba”, explicó De Marco.[7]
Durante la instrucción de la causa, la querella del PO había pedido imputar a Schiavi por sus presuntos vínculos con el grupo ferroviario encabezado por el acusado Pedraza, pero la Justicia no hizo lugar a ese requerimiento.
Al declarar en el juicio, Schiavi aseguró el trabajo tercerizado “se ajustaba a derecho” porque estaba contemplado en la forma de contratación que surgió en “los años 90” y afirmó que “el gobierno estaba trabajando sobre el tema”.[2]
El testigo dijo que alguna vez la Unión Ferroviaria pidió que se “normalizara” (sic) la situación de los tercerizados, aunque no recordaba si el sindicato lo hizo por algún canal formal. Y reconoció que las diversas audiencias y acciones de lucha llevadas adelante por los tercerizados corrían por cuenta de estos ya que estaban al margen de la Unión Ferroviaria.
Sobre el corte de vías anunciado para el 20 de octubre de 2010, Schiavi dijo: “Se planteó la posibilidad de prevención, sobre todo, porque se trata de un servicio eléctrico y cualquier corte puede traer aparejado la posibilidad de que alguien se electrocute”.[3]
En la misma audiencia declaró el gerente de Recursos Humanos de UGOFE, Héctor Messineo, quien dijo que su puesto abarcaba las funciones de “selección, la capacitación, la administración de los contratos colectivos de trabajo y con la administración de todo el personal de la línea”.[4]
“Yo podría estimar que ingresan entre un 80 y un 85% de postulados por los gremios. El resto, son por búsquedas específicas que hacemos de técnicos o por recomendaciones de la Secretaria de Transporte. También desde intendencias, diputados, senadores… Siempre hay recomendados y buscamos lo que más se adapta”, explicó.[5]
Sobre la “tercerización”, este testigo dijo que fue “necesaria” debido al déficit de empleados con el que se encontró UGOFE en la línea Roca, y “valoró” la “comprensión” de la Unión Ferroviaria al aceptarla porque “la política del sindicato era la no tercerización”.
Por su parte, Claudio Gutiérrez, un policía federal, declaró que él Integraba un grupo especial de combate y que el día del crimen estuvo desde temprano con su equipo sobre las vías de Avellaneda y que a media mañana los desplazaron a Constitución. Además, dijo que no vio a los ferroviarios sobre el terraplén ni presenció ninguna incidencia.
En tanto, en la jornada del martes 27 de noviembre, el primer testigo fue Ricardo Faranna, quien en octubre de 2010 se desempeñaba como Superintendente General de Transporte y había recibido un día antes informes de inteligencia sobre lo que podía llegar a pasar en el corte de vías anunciado para la mañana siguiente.
“La posibilidad de la presencia de la Unión Ferroviaria nunca se descartó. No teníamos la certeza, pero el servicio se montó teniendo en cuenta esa probabilidad”, declaró el testigo que admitió sabía que los ferroviarios no tenían “los mismos propósitos” que los tercerizados.[6]
Faranna contó que era la DGO la que ordenaba el envío de efectivos en base al análisis de la situación que su división realizaba y, en ese sentido, consideró que “la fuerza dispuesta (para el 20 de octubre de 2010) era suficiente para operar en esas circunstancias”.
Luego declararon Nicolás de Marco, Maximiliano Alegre y César Barrionuevo, tres policías de la División Exteriores de Video de la Policía Federal, compañeros de trabajo del imputado Villalba.
“Lo que hay que filmar son los incidentes. El jefe del servicio da las directivas, pero por una cuestión de lógica (sic), si el jefe de servicio está distraído y hay incidentes, uno graba”, explicó De Marco.[7]
El crimen del militante XIX
La audiencia que se desarrolló el lunes 19 de noviembre tuvo entre los testigos que declararon a Marcelo Repetto, actual comisario de la Circunscripción III de la Policía Metropolitana pero que al momento del crimen de Ferreyra estaba a cargo de la Delegación Avellaneda de la Policía Federal.
El testigo declaró que fue solo al lugar donde se desarrollaba la manifestación a favor de los tercerizados en calidad de observador y vestido de civil ya que “no tomaba parte del operativo”.
Repetto contó que siguió a los manifestantes hasta que éstos cruzaron el Puente Bosch, donde terminaba su jurisdicción y que a la distancia alcanzó a ver que este grupo intentó alcanzar las vías pero fueron agredidos con “una lluvia de piedras que era incesante”.
“La cantidad de piedras que les tiraban desde el terraplén era impresionante. No vi que los de abajo tirase (…) Era imposible que pudieran subir a las vías. Para mí, era una especie de acto. No lo hubieran logrado jamás, por lo empinado del terreno y por los que los estaban esperando arriba”, señaló el comisario.[1]
El testigo dijo que luego vio a los manifestantes tomar por la calle Luján, cortada por patrulleros de la comisaría 30ra. y el arribo del grupo de los ferroviarios. “Los escuché que llegaron cantando y que los recibían con alegría”, indicó.[2]
Repetto agregó que observó como los ferroviarios descendieron del terraplén corrieron por la calle Luján y regresaron sin ninguna novedad, por lo que se retiró del lugar.
Luego, declaró Adolfo de Lucchi quien el día del crimen fue convocado a Avellaneda como brigadista de la División Belgrano de la Policía Federal, y al igual que Repetto, confirmó que el jefe del operativo era el acusado Mansilla, aunque él reportaba a Ferreyra, por otro de los efectivos imputados.
Este testigo afirmó que los efectivos presentes, unos 25, no sabían que iban a estar allí los ferroviarios y que ellos permanecieron sobre las vías.
Lucchi contó que a partir de las primeras agresiones, la Infantería dispersó a los manifestantes cuando éstos intentaron regresar hacia provincia “para mandarlos de nuevo para el lado de Capital”.[3]
Y agregó que luego de la desconcentración de los ferroviarios abandonó el lugar y que en un bar de Constitución recién se enteró del crimen.
También declararon los policías Juan Carlos Velazco –actualmente en disponibilidad- y Julio Fava –ya retirado-, quienes estaban de servicio en la estación Hipólito Yrigoyen.
Velazco dijo que vio llegar al lugar donde comenzaron los incidentes dos micros escolares, de color naranja, del cual “bajaron unas cuarenta personas que se presentaron como ferroviarios y subieron para la estación”.[4]
Por su parte, Fava declaró que se encontraba en el baño de la estación cuando vio al grupo que describió su compañero cruzar las vías para reunirse con otros ferroviarios y que informó ese desplazamiento por radio.
Este testigo también dijo que los acusados Mansilla, Ferreyra y Premuda bajaron de las vías por la estación Yrigoyen y se retiraron en móviles de la policía.
El último en declarar en esta audiencia fue Omar Povolo, quien prestaba servicio en Judiciales de la División Roca y era quien se contactaba con los jueces de turno en caso de se produjeran incidentes.
El testigo contó que hubo un gran despliegue policial en la estación Avellaneda y que se enteró de que hubo heridos de bala por los medios de prensa. También dijo que no conocía a los delegados de la Unión Ferroviaria y ubicó a Mansilla y Ferreyra como los responsables del operativo.
El debate continuó el martes 20 de noviembre cuando declararon tres efectivos de la seccional 30ra. de Barracas y el comisario Roberto Brondo, de la División de Planificación de Servicios de Reuniones Públicas, todos de la Policía Federal.
Los tres primeros policías, Lucas Varas, Pablo Donato y Guillermo Houlet., eran choferes de los móviles de la comisaría y contaron que trasladaron desde la seccional hasta Luján y Santa María del Buen Ayre al acusado Garay y a otros dos efectivos.
Estos testigos coincidieron en que fueron hasta ese lugar a raíz de una “incidencia” y “manifestación” y que una vez allí, sus encargados descendieron de los patrulleros y tomaron contacto con el grupo de los ferroviarios, aunque negaron que en ese momento supiesen que ya se había producido una primera agresión con los otros manifestantes.
También dijeron que recibieron dos órdenes: una, estacionar los móviles en 45 grados, y la otra, seguir al grupo agresor cuando éste perseguía a los manifestantes.
Contaron que al llegar a la calle Luján quedaron en medio de ambos grupos separados por unos cien metros, y que en ese momento ambos bandos intercambiaron insultos. Después, los ferroviarios –estos testigos dijeron no saber que eran “ferroviarios”- que estaban sobre las vías se reunieron con los que estaba debajo del puente y todos juntos corrieron a los manifestantes a los que sí reconocieron como del PO por las banderas y pancartas.
Entonces, estos policías aseguraron que pusieron en marcha los móviles y fueron detrás de los agresores, a la que uno de ellos describió como “horda”. Recorrieron unos 50 metros y finalmente vieron a ese grupo regresar hacia las vías y a los manifestantes correrlos hasta toparse con los patrulleros.
En ese momento, los testigos señalaron que no escucharon disparos ni advirtieron la presencia de periodistas en el lugar, y que se enteraron de que hubo heridos tras la desconcentración de ambos grupos.
A su turno, declaró el comisario Brondo, quien sostuvo que en la manifestación a favor de los tercerizados “la hipótesis de conflicto era nula”, por lo que se envió “un servicio básico”.[5]
“Entendíamos que era una movilización que no iba a tener mayor trascendencia”, dijo este testigo y agregó: “Lo que preveíamos era mandar una presencia policial para disuadir, por eventuales problemas con los usuarios. No teníamos prevista la presencia de los ferroviarios”.[6]
Brondo indicó que por el tipo de manifestación y al tratarse de Avellaneda, se dispuso la presencia de dos oficiales jefes, “por si alguno se tiene que correr a algún lugar”.
“Es muy amplio lo que puede ocurrir. Hay que estar en consulta permanente. Lo primero que hay que hacer, es entablar un diálogo con los manifestantes, para ver qué quieren (…) Lo que se trata es de dialogar con la gente, con el objetivo de mantener el orden público. Se presta mayor atención a los grupos más vulnerables. El superior presente en el lugar es el que debe garantizar que se cumpla. Ante cualquier incumplimiento, la DGO (por la Dirección General de Operaciones) tiene que disponer, tiene que actuar”, señaló.[7]
El testigo declaró que fue solo al lugar donde se desarrollaba la manifestación a favor de los tercerizados en calidad de observador y vestido de civil ya que “no tomaba parte del operativo”.
Repetto contó que siguió a los manifestantes hasta que éstos cruzaron el Puente Bosch, donde terminaba su jurisdicción y que a la distancia alcanzó a ver que este grupo intentó alcanzar las vías pero fueron agredidos con “una lluvia de piedras que era incesante”.
“La cantidad de piedras que les tiraban desde el terraplén era impresionante. No vi que los de abajo tirase (…) Era imposible que pudieran subir a las vías. Para mí, era una especie de acto. No lo hubieran logrado jamás, por lo empinado del terreno y por los que los estaban esperando arriba”, señaló el comisario.[1]
El testigo dijo que luego vio a los manifestantes tomar por la calle Luján, cortada por patrulleros de la comisaría 30ra. y el arribo del grupo de los ferroviarios. “Los escuché que llegaron cantando y que los recibían con alegría”, indicó.[2]
Repetto agregó que observó como los ferroviarios descendieron del terraplén corrieron por la calle Luján y regresaron sin ninguna novedad, por lo que se retiró del lugar.
Luego, declaró Adolfo de Lucchi quien el día del crimen fue convocado a Avellaneda como brigadista de la División Belgrano de la Policía Federal, y al igual que Repetto, confirmó que el jefe del operativo era el acusado Mansilla, aunque él reportaba a Ferreyra, por otro de los efectivos imputados.
Este testigo afirmó que los efectivos presentes, unos 25, no sabían que iban a estar allí los ferroviarios y que ellos permanecieron sobre las vías.
Lucchi contó que a partir de las primeras agresiones, la Infantería dispersó a los manifestantes cuando éstos intentaron regresar hacia provincia “para mandarlos de nuevo para el lado de Capital”.[3]
Y agregó que luego de la desconcentración de los ferroviarios abandonó el lugar y que en un bar de Constitución recién se enteró del crimen.
También declararon los policías Juan Carlos Velazco –actualmente en disponibilidad- y Julio Fava –ya retirado-, quienes estaban de servicio en la estación Hipólito Yrigoyen.
Velazco dijo que vio llegar al lugar donde comenzaron los incidentes dos micros escolares, de color naranja, del cual “bajaron unas cuarenta personas que se presentaron como ferroviarios y subieron para la estación”.[4]
Por su parte, Fava declaró que se encontraba en el baño de la estación cuando vio al grupo que describió su compañero cruzar las vías para reunirse con otros ferroviarios y que informó ese desplazamiento por radio.
Este testigo también dijo que los acusados Mansilla, Ferreyra y Premuda bajaron de las vías por la estación Yrigoyen y se retiraron en móviles de la policía.
El último en declarar en esta audiencia fue Omar Povolo, quien prestaba servicio en Judiciales de la División Roca y era quien se contactaba con los jueces de turno en caso de se produjeran incidentes.
El testigo contó que hubo un gran despliegue policial en la estación Avellaneda y que se enteró de que hubo heridos de bala por los medios de prensa. También dijo que no conocía a los delegados de la Unión Ferroviaria y ubicó a Mansilla y Ferreyra como los responsables del operativo.
El debate continuó el martes 20 de noviembre cuando declararon tres efectivos de la seccional 30ra. de Barracas y el comisario Roberto Brondo, de la División de Planificación de Servicios de Reuniones Públicas, todos de la Policía Federal.
Los tres primeros policías, Lucas Varas, Pablo Donato y Guillermo Houlet., eran choferes de los móviles de la comisaría y contaron que trasladaron desde la seccional hasta Luján y Santa María del Buen Ayre al acusado Garay y a otros dos efectivos.
Estos testigos coincidieron en que fueron hasta ese lugar a raíz de una “incidencia” y “manifestación” y que una vez allí, sus encargados descendieron de los patrulleros y tomaron contacto con el grupo de los ferroviarios, aunque negaron que en ese momento supiesen que ya se había producido una primera agresión con los otros manifestantes.
También dijeron que recibieron dos órdenes: una, estacionar los móviles en 45 grados, y la otra, seguir al grupo agresor cuando éste perseguía a los manifestantes.
Contaron que al llegar a la calle Luján quedaron en medio de ambos grupos separados por unos cien metros, y que en ese momento ambos bandos intercambiaron insultos. Después, los ferroviarios –estos testigos dijeron no saber que eran “ferroviarios”- que estaban sobre las vías se reunieron con los que estaba debajo del puente y todos juntos corrieron a los manifestantes a los que sí reconocieron como del PO por las banderas y pancartas.
Entonces, estos policías aseguraron que pusieron en marcha los móviles y fueron detrás de los agresores, a la que uno de ellos describió como “horda”. Recorrieron unos 50 metros y finalmente vieron a ese grupo regresar hacia las vías y a los manifestantes correrlos hasta toparse con los patrulleros.
En ese momento, los testigos señalaron que no escucharon disparos ni advirtieron la presencia de periodistas en el lugar, y que se enteraron de que hubo heridos tras la desconcentración de ambos grupos.
A su turno, declaró el comisario Brondo, quien sostuvo que en la manifestación a favor de los tercerizados “la hipótesis de conflicto era nula”, por lo que se envió “un servicio básico”.[5]
“Entendíamos que era una movilización que no iba a tener mayor trascendencia”, dijo este testigo y agregó: “Lo que preveíamos era mandar una presencia policial para disuadir, por eventuales problemas con los usuarios. No teníamos prevista la presencia de los ferroviarios”.[6]
Brondo indicó que por el tipo de manifestación y al tratarse de Avellaneda, se dispuso la presencia de dos oficiales jefes, “por si alguno se tiene que correr a algún lugar”.
“Es muy amplio lo que puede ocurrir. Hay que estar en consulta permanente. Lo primero que hay que hacer, es entablar un diálogo con los manifestantes, para ver qué quieren (…) Lo que se trata es de dialogar con la gente, con el objetivo de mantener el orden público. Se presta mayor atención a los grupos más vulnerables. El superior presente en el lugar es el que debe garantizar que se cumpla. Ante cualquier incumplimiento, la DGO (por la Dirección General de Operaciones) tiene que disponer, tiene que actuar”, señaló.[7]
El crimen del militante XVIII
El lunes 12 de noviembre declaró como testigo en el juicio por el crimen de Ferreyra la periodista del canal de noticias C5N, Gabriela Carchak, quien cubrió la manifestación y los incidentes previos al homicidio junto al asistente de cámara Polito, quien anteriormente ya había dado su versión de los hechos ante el tribunal.
La periodista aseguró que se trató de “una agresión” del grupo ferroviario contra los manifestantes, no de un “enfrentamiento” entre ambos grupos.
De acuerdo a la testigo, los manifestantes “no tenían nada, ni piedras, ni armas ni palos. Eran mujeres, gente grande con chicos que ya se retiraban del lugar cuando fueron agredidos”. [1]
La periodista contó cuando los agresores corrían a los tercerizados, un policía de civil se le acercó a ella y su equipo y les dijo que se fueran del lugar porque los “iban a matar a todos”.
Carchak indicó que fue un miembro del grupo de los ferroviarios con cuello ortopédico y otro de pelo largo, rubio y con colita, los que obligaron al camarógrafo a dejar de filmar lo sucedido ante la amenaza: “Te rompo todo”.
Por su parte, Gustavo Frias, también miembro del mismo equipo periodístico, declaró en igual sentido que la testigo y precisó que el grupo agresor lo integraban unas “cincuenta o sesenta personas” y coincidió en que el ataque se produjo cuando los manifestantes se estaban retirando.
Mientras que n la audiencia del día después, el imputado Uño solicitó declarar y le pidió perdón a la madre del militante asesinado.
En su descargo, el acusado admitió haber tirado piedras y perseguido los manifestantes pero aseguró ser inocente del crimen.
“La compadezco y le pido perdón. Yo estuve allí pero no maté a nadie”, dijo Uño en referencia de la madre de la víctima. [2]
Respecto de los incidentes, el picaboletos que prestaba servicios en la estación Claypole, dijo que tras impedir a pedradas que los manifestantes cortaran las vías se originó una persecución por las calles adyacentes al terraplén.
“Quería seguirlos, correrlos para que se vayan lejos”, relató el acusado que se reconoció con buzo negro en la primera fila del grupo de los ferroviarios que inició la persecución aunque aclaró que él no siguió corriendo y que nunca estuvo “delante de Favale”. [3]
Sobre el sindicado tirador, Uño admitió conocerlo ya que ambos son hinchas del club Defensa y Justicia, al tiempo que negó haber sido quien recogió las armas disparadas.
“Estoy acá por gil, por haber tirado una piedra”, afirmó el imputado y luego culpó al testigo protegido Alejandro Benítez de haberlo acusado falsamente.[4]
Por otro lado, en la jornada del jueves 15 de noviembre comenzó una seguidilla de declaraciones testimoniales de efectivos policiales, y entre los primeros estuvieron Rodolfo Alí, Marcos Brousson, Gastón Domec, Carlos Farías y Eduardo Barberán.
En octubre de 2010, Alí era director de la sala de situación de la Dirección General de Operaciones (DGO) de la Policía Federal pero el día del hecho no se encontraba en su puesto. De todos modos, el testigo aseguró que la DGO era responsable la estructuración y dirección del operativo policial sobre la manifestación en favor de los tercerizados.
Por su parte, Brousson, quien se desempeñaba en la Superintendencia de Transporte de la Policía Federal, declaró que él concurrió el día del crimen a Avellaneda por decisión propia ya que no había sido convocado para el operativo de seguridad.
“Los de la Unión Ferroviaria estaban ahí, defendiendo sus puestos de trabajo y su disidencia con el otro grupo”, afirmó el policía. [5]
Y agregó que el avance de los ferroviarios sobre los manifestantes fue “una bravuconada” y que se retiró junto a su compañero Mansilla, en referencia a uno de los policías acusados, ya que no la pareció “un incidente grave” esa primera agresión.
Por último, Brousson se contradijo ya que aseguró que el jefe del operativo era un tal Premuda –ya fallecido- cuando en la etapa de instrucción había dicho que fue su amigo Mansilla.
En tanto, Domec, Farías y Barberán, quienes prestaba servicios en la División Roca, coincidieron en sus respetivas declaraciones al afirmar que ninguno de ellos contaba con “trucking policial” –aparatos cuyos comunicaciones no quedan grabadas- y que todos sus llamados fueron por Nextel. También negaron haber sido el policía de civil que amenazó al equipo periodístico de C5N.
La periodista aseguró que se trató de “una agresión” del grupo ferroviario contra los manifestantes, no de un “enfrentamiento” entre ambos grupos.
De acuerdo a la testigo, los manifestantes “no tenían nada, ni piedras, ni armas ni palos. Eran mujeres, gente grande con chicos que ya se retiraban del lugar cuando fueron agredidos”. [1]
La periodista contó cuando los agresores corrían a los tercerizados, un policía de civil se le acercó a ella y su equipo y les dijo que se fueran del lugar porque los “iban a matar a todos”.
Carchak indicó que fue un miembro del grupo de los ferroviarios con cuello ortopédico y otro de pelo largo, rubio y con colita, los que obligaron al camarógrafo a dejar de filmar lo sucedido ante la amenaza: “Te rompo todo”.
Por su parte, Gustavo Frias, también miembro del mismo equipo periodístico, declaró en igual sentido que la testigo y precisó que el grupo agresor lo integraban unas “cincuenta o sesenta personas” y coincidió en que el ataque se produjo cuando los manifestantes se estaban retirando.
Mientras que n la audiencia del día después, el imputado Uño solicitó declarar y le pidió perdón a la madre del militante asesinado.
En su descargo, el acusado admitió haber tirado piedras y perseguido los manifestantes pero aseguró ser inocente del crimen.
“La compadezco y le pido perdón. Yo estuve allí pero no maté a nadie”, dijo Uño en referencia de la madre de la víctima. [2]
Respecto de los incidentes, el picaboletos que prestaba servicios en la estación Claypole, dijo que tras impedir a pedradas que los manifestantes cortaran las vías se originó una persecución por las calles adyacentes al terraplén.
“Quería seguirlos, correrlos para que se vayan lejos”, relató el acusado que se reconoció con buzo negro en la primera fila del grupo de los ferroviarios que inició la persecución aunque aclaró que él no siguió corriendo y que nunca estuvo “delante de Favale”. [3]
Sobre el sindicado tirador, Uño admitió conocerlo ya que ambos son hinchas del club Defensa y Justicia, al tiempo que negó haber sido quien recogió las armas disparadas.
“Estoy acá por gil, por haber tirado una piedra”, afirmó el imputado y luego culpó al testigo protegido Alejandro Benítez de haberlo acusado falsamente.[4]
Por otro lado, en la jornada del jueves 15 de noviembre comenzó una seguidilla de declaraciones testimoniales de efectivos policiales, y entre los primeros estuvieron Rodolfo Alí, Marcos Brousson, Gastón Domec, Carlos Farías y Eduardo Barberán.
En octubre de 2010, Alí era director de la sala de situación de la Dirección General de Operaciones (DGO) de la Policía Federal pero el día del hecho no se encontraba en su puesto. De todos modos, el testigo aseguró que la DGO era responsable la estructuración y dirección del operativo policial sobre la manifestación en favor de los tercerizados.
Por su parte, Brousson, quien se desempeñaba en la Superintendencia de Transporte de la Policía Federal, declaró que él concurrió el día del crimen a Avellaneda por decisión propia ya que no había sido convocado para el operativo de seguridad.
“Los de la Unión Ferroviaria estaban ahí, defendiendo sus puestos de trabajo y su disidencia con el otro grupo”, afirmó el policía. [5]
Y agregó que el avance de los ferroviarios sobre los manifestantes fue “una bravuconada” y que se retiró junto a su compañero Mansilla, en referencia a uno de los policías acusados, ya que no la pareció “un incidente grave” esa primera agresión.
Por último, Brousson se contradijo ya que aseguró que el jefe del operativo era un tal Premuda –ya fallecido- cuando en la etapa de instrucción había dicho que fue su amigo Mansilla.
En tanto, Domec, Farías y Barberán, quienes prestaba servicios en la División Roca, coincidieron en sus respetivas declaraciones al afirmar que ninguno de ellos contaba con “trucking policial” –aparatos cuyos comunicaciones no quedan grabadas- y que todos sus llamados fueron por Nextel. También negaron haber sido el policía de civil que amenazó al equipo periodístico de C5N.
El crimen del militante XVII
Miguel Toretta, delegado de la Lista Verde de la Unión Ferroviara en los talleres de Remedios de Escalada, declaró el martes 6 de noviembre en el juicio por el crimen de Ferreyra como testigo de las defensas.
Respecto del día del homicidio, el ferroviario contó: “A eso de las nueve de la mañana, me crucé con Amuchástegui (Aldo, delegado de la Unión Ferroviaria y quien ya declaró como testigo) que me dijo que había acto de presencia en Avellaneda, porque gente de partidos políticos (sic) quería cortar las vías. Como delegado, agarré una planilla de personal y recorrí el sector, preguntando quiénes querían ir”.[1]
Toretta precisó que salió de los talleres con un grupo de entre 80 y 100 empleados con un objetivo: “Mostrar que los ferroviarios no cortamos las vías”.[2]
Una vez en el lugar de la convocatoria, el testigo dijo que los manifestantes caminaban paralelos a las vías insultándolos, mientras que ellos observaban. Luego, aseguró que “fueron atacados” por ese grupo.
Sobre los hechos violentos finales que terminaron con el crimen del militante del PO, Toretta dijo que él permaneció sobre las vías, mientras los manifestantes ya estaban a dos o tres cuadras de allí, al tiempo que dijo desconocer por qué sus compañeros salieron a correr a ese grupo. “Los que fueron en la corrida me dijeron que como que se armó griterío y fueron todos corriendo. Corrieron 200 o 300 metros y se encontraron con los del Partido Obrero, encapuchados y con palos. Que cuando llegaron, el grupo avanzó. Se pelearon y luego volvieron. Escucharon disparos -que pensaron que eran bengalas ´tres tiros´- y se volvieron”, recordó.[3]
El testigo dijo, por último, que fue empleado tercerizado entre 1996 y 2006, y que pasó a planta permanente gracias al acusado Fernández, en tanto, describió al imputado Díaz como la “cabeza” de su grupo.
A Toretta, le siguieron los testigos Fernanda Chiappara y Jorge Valdez, quiénes declararon que ingresaron a trabajar al ferrocarril gracias al acusado Díaz, con quien dijeron mantener una relación a amistad de años.
Por su parte, Chiappara admitió que conocía al imputado Uño, sobre quien dijo es “un hombre de bien” que “nunca tuvo problemas” con nadie.
Mientras que en la audiencia del viernes 9 de noviembre declararon Gonzalo Fernández, un empleado ferroviario ex tercerizado y que al momento del crimen estaba despedido, Carlos del Papa y Marcelo Polito, asistente de cámara del equipo del canal de noticias C5N que estuvo en el lugar de los hechos.
Polito declaró que la periodista Gabriela Carchak le dijo que tenían que ir a Barracas porque se habían producido “incidentes” y que “había gente golpeada” en el marco de “un conflicto entre gente tercerizada y ferroviarios”.
“Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con la señora Elsa Rodríguez y otras personas más”, recordó el asisten de cámara y continuó: “Mientras hacíamos la nota, Mariano Ferreyra estaba al lado mío. En total, serían 50 personas las que había. Estaban golpeados, venían golpeados del lugar donde se produjo una emboscada o algo así, cerca de las vías. No había herido de sangre, pero había gente con machucones en la cara, golpes, palazos”.[4]
“Después de hacer las notas, nos fuimos a tomar imágenes cerca de la esquina. Enfocamos hacia las vías. Todavía no estábamos grabando, pero veíamos a través del display –la pantallita que tiene la cámara- que debajo de las vías había gente con palos, caños… había gente rompiendo baldosas”, indicó Polito.[5]
El testigo señaló que su equipo estaba en la puerta de la empresa Chevallier y los que juntaban piedras, unas setenta personas, a unos 120 metros, por lo que pensó que “la situación estaba medio pesada”.
Entonces, contó que se les acercó un hombre de 1,75 metros de alto, vestido de jean y camisa blanca y que llevaba un Handy, que les dijo que se tenían que retirar del lugar, por lo que supuso que era miembro de alguna “fuerza de seguridad”.
Polito dijo que se negó a irse, a lo que ese hombre le respondió: “Y yo te lo digo porque te van romper todo, la cámara, todo… Váyanse de acá”.[6]
“Había patrulleros y un carro de asalto, un camión azul que se abrió en el momento que viene esta gente desde las vías (…) Cuando veo que vienen, como enajenados y portando palos, retrocedimos unos pasos. Ahí vinieron a agredirnos, nos rodearon para que apaguemos cámaras, nos decían que no les demos cámara a estos negros de mierda, que nosotros estábamos con ellos”, relató.[7]
Y agregó: “Yo les pedía por mi hija que no me hagan nada, que estábamos trabajando… Nos rodearon y nos fueron empujando hacia Chevallier. Gabriela estaba un poquito más alejada, porque estaba despidiéndose de la gente a la que le había hecho la nota. Cuando ella ve que nos querían agredir, que nos están diciendo `apagá la cámara, no mirés, agachá la cabeza´, ella se acerca. Pensó que, siendo mujer y al ver que eran todos hombres, podría mediar. Se puso en el medio para que no nos golpearan, pero también la insultaron a ella. No se frenaron, digamos”.[8]
Polito describió a uno de sus agresores como “una persona de tez trigueña, de rulos y pelo largo, bajito, de 1,65 más o menos, que tenía una campera o ropa medio azul”; a otro como un hombre “canoso, que tenía un cuello ortopédico”; y a un tercero como “una persona alta, mayor, corpulenta, con pelo canoso, que vestía camisa a cuadritos, que estaba constantemente con la mano en la cintura, como queriendo sacar un arma”; lo que coincide con las características de los acusados Pipitó, González y Pérez.
El testigo dijo que en ese momento, los manifestantes estaban a unos 80 o 100 metros, retirándose, de espaldas a las personas que portaban palos y que a su equipo lo dejaron ponerse a resguardo en Chevallier, desde donde luego escuchó “detonaciones, piedras, vidrios, alarmas, gritos, llantos…”.
“Escuché al menos ocho detonaciones, todas distintas, como si fueran de distintas armas. Primero escuché tres juntas, luego otras dos seguidas y las últimas, que sonaron más fuerte, tres también”, precisó.[9]
“Cuando pudimos salir, la gente estaba desesperada. Nunca imaginamos esto. Gritaban ´mataron un pibe, mataron a un pibe´”, agregó Polito, quien dijo que después se acercó a una ambulancia en la que vio a Ferreyra “agonizando”.[10]
“Estaba muy mal, estaba muy blanco. No había manera de revivirlo. También grabamos a los otros heridos. Había una persona que tenía un disparo en la pierna; también estaba Elsa Rodríguez, herida de bala”, dijo el testigo que aseguró que no vio “presencia policial en ningún momento”.[11]
A su turno, el abogado Freeland le preguntó qué portaban los manifestantes. “Yo no vi ni gomeras ni palos ni gente con la cara tapada. Yo vi gente embarazada, criaturas. Era gente que se estaba manifestando”, contestó Polito.[12]
Mientras que el testigo Fernández admitió haber concurrido al lugar de los hechos con el grupo de los tercerizados y que sufrieron una primera agresión apenas cruzaron el puente Bosch, a raíz de los cuál se trasladaron unas dos cuadras y realizaron la asamblea en la que decidieron retirarse del lugar. “Cuando no estábamos retirando, vemos que ellos vienen bajando del terraplén”, contó.[13]
“(…) quedamos enfrentados a 30 metros de distancia más o menos. Ahí empezaron piedrazos de ellos, piedrazos de nosotros y, en ese momento, vemos que de atrás de un auto sale uno tirando. Viene del lado izquierdo hacia el medio de la calle. Era morrudito, de remera azul. No los conté, pero creo que hizo al menos tres o cuatro tiros”, indicó este testigo que señaló que alrededor del tirador se encontraban “todos juntos” los acusados Sánchez, Pipitó, Uño y González.[14]
Y añadió: “Cuando se quedaron sin balas, ellos corrieron hacia el terraplén y nosotros corrimos detrás suyo. Llegamos hasta dos patrulleros que estaban atravesados y no pudimos hacer nada. Les dijimos que nos agarraron a los tiros, que esto, que lo otro, pero no nos dieron una solución, ¿me explico? No había policía cuando se nos vinieron. Estábamos nosotros y ellos, nadie más”.[15]
Por su lado, Del Papa también dijo haber estado en el lugar de los hechos aunque no brindó demasiadas precisiones. Sólo dijo que escuchó “una única detonación” a sus espaldas y realizó una descripción del tirador que no coincidió con ninguna de las otras realizadas por otros testigos presenciales.
Respecto del día del homicidio, el ferroviario contó: “A eso de las nueve de la mañana, me crucé con Amuchástegui (Aldo, delegado de la Unión Ferroviaria y quien ya declaró como testigo) que me dijo que había acto de presencia en Avellaneda, porque gente de partidos políticos (sic) quería cortar las vías. Como delegado, agarré una planilla de personal y recorrí el sector, preguntando quiénes querían ir”.[1]
Toretta precisó que salió de los talleres con un grupo de entre 80 y 100 empleados con un objetivo: “Mostrar que los ferroviarios no cortamos las vías”.[2]
Una vez en el lugar de la convocatoria, el testigo dijo que los manifestantes caminaban paralelos a las vías insultándolos, mientras que ellos observaban. Luego, aseguró que “fueron atacados” por ese grupo.
Sobre los hechos violentos finales que terminaron con el crimen del militante del PO, Toretta dijo que él permaneció sobre las vías, mientras los manifestantes ya estaban a dos o tres cuadras de allí, al tiempo que dijo desconocer por qué sus compañeros salieron a correr a ese grupo. “Los que fueron en la corrida me dijeron que como que se armó griterío y fueron todos corriendo. Corrieron 200 o 300 metros y se encontraron con los del Partido Obrero, encapuchados y con palos. Que cuando llegaron, el grupo avanzó. Se pelearon y luego volvieron. Escucharon disparos -que pensaron que eran bengalas ´tres tiros´- y se volvieron”, recordó.[3]
El testigo dijo, por último, que fue empleado tercerizado entre 1996 y 2006, y que pasó a planta permanente gracias al acusado Fernández, en tanto, describió al imputado Díaz como la “cabeza” de su grupo.
A Toretta, le siguieron los testigos Fernanda Chiappara y Jorge Valdez, quiénes declararon que ingresaron a trabajar al ferrocarril gracias al acusado Díaz, con quien dijeron mantener una relación a amistad de años.
Por su parte, Chiappara admitió que conocía al imputado Uño, sobre quien dijo es “un hombre de bien” que “nunca tuvo problemas” con nadie.
Mientras que en la audiencia del viernes 9 de noviembre declararon Gonzalo Fernández, un empleado ferroviario ex tercerizado y que al momento del crimen estaba despedido, Carlos del Papa y Marcelo Polito, asistente de cámara del equipo del canal de noticias C5N que estuvo en el lugar de los hechos.
Polito declaró que la periodista Gabriela Carchak le dijo que tenían que ir a Barracas porque se habían producido “incidentes” y que “había gente golpeada” en el marco de “un conflicto entre gente tercerizada y ferroviarios”.
“Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con la señora Elsa Rodríguez y otras personas más”, recordó el asisten de cámara y continuó: “Mientras hacíamos la nota, Mariano Ferreyra estaba al lado mío. En total, serían 50 personas las que había. Estaban golpeados, venían golpeados del lugar donde se produjo una emboscada o algo así, cerca de las vías. No había herido de sangre, pero había gente con machucones en la cara, golpes, palazos”.[4]
“Después de hacer las notas, nos fuimos a tomar imágenes cerca de la esquina. Enfocamos hacia las vías. Todavía no estábamos grabando, pero veíamos a través del display –la pantallita que tiene la cámara- que debajo de las vías había gente con palos, caños… había gente rompiendo baldosas”, indicó Polito.[5]
El testigo señaló que su equipo estaba en la puerta de la empresa Chevallier y los que juntaban piedras, unas setenta personas, a unos 120 metros, por lo que pensó que “la situación estaba medio pesada”.
Entonces, contó que se les acercó un hombre de 1,75 metros de alto, vestido de jean y camisa blanca y que llevaba un Handy, que les dijo que se tenían que retirar del lugar, por lo que supuso que era miembro de alguna “fuerza de seguridad”.
Polito dijo que se negó a irse, a lo que ese hombre le respondió: “Y yo te lo digo porque te van romper todo, la cámara, todo… Váyanse de acá”.[6]
“Había patrulleros y un carro de asalto, un camión azul que se abrió en el momento que viene esta gente desde las vías (…) Cuando veo que vienen, como enajenados y portando palos, retrocedimos unos pasos. Ahí vinieron a agredirnos, nos rodearon para que apaguemos cámaras, nos decían que no les demos cámara a estos negros de mierda, que nosotros estábamos con ellos”, relató.[7]
Y agregó: “Yo les pedía por mi hija que no me hagan nada, que estábamos trabajando… Nos rodearon y nos fueron empujando hacia Chevallier. Gabriela estaba un poquito más alejada, porque estaba despidiéndose de la gente a la que le había hecho la nota. Cuando ella ve que nos querían agredir, que nos están diciendo `apagá la cámara, no mirés, agachá la cabeza´, ella se acerca. Pensó que, siendo mujer y al ver que eran todos hombres, podría mediar. Se puso en el medio para que no nos golpearan, pero también la insultaron a ella. No se frenaron, digamos”.[8]
Polito describió a uno de sus agresores como “una persona de tez trigueña, de rulos y pelo largo, bajito, de 1,65 más o menos, que tenía una campera o ropa medio azul”; a otro como un hombre “canoso, que tenía un cuello ortopédico”; y a un tercero como “una persona alta, mayor, corpulenta, con pelo canoso, que vestía camisa a cuadritos, que estaba constantemente con la mano en la cintura, como queriendo sacar un arma”; lo que coincide con las características de los acusados Pipitó, González y Pérez.
El testigo dijo que en ese momento, los manifestantes estaban a unos 80 o 100 metros, retirándose, de espaldas a las personas que portaban palos y que a su equipo lo dejaron ponerse a resguardo en Chevallier, desde donde luego escuchó “detonaciones, piedras, vidrios, alarmas, gritos, llantos…”.
“Escuché al menos ocho detonaciones, todas distintas, como si fueran de distintas armas. Primero escuché tres juntas, luego otras dos seguidas y las últimas, que sonaron más fuerte, tres también”, precisó.[9]
“Cuando pudimos salir, la gente estaba desesperada. Nunca imaginamos esto. Gritaban ´mataron un pibe, mataron a un pibe´”, agregó Polito, quien dijo que después se acercó a una ambulancia en la que vio a Ferreyra “agonizando”.[10]
“Estaba muy mal, estaba muy blanco. No había manera de revivirlo. También grabamos a los otros heridos. Había una persona que tenía un disparo en la pierna; también estaba Elsa Rodríguez, herida de bala”, dijo el testigo que aseguró que no vio “presencia policial en ningún momento”.[11]
A su turno, el abogado Freeland le preguntó qué portaban los manifestantes. “Yo no vi ni gomeras ni palos ni gente con la cara tapada. Yo vi gente embarazada, criaturas. Era gente que se estaba manifestando”, contestó Polito.[12]
Mientras que el testigo Fernández admitió haber concurrido al lugar de los hechos con el grupo de los tercerizados y que sufrieron una primera agresión apenas cruzaron el puente Bosch, a raíz de los cuál se trasladaron unas dos cuadras y realizaron la asamblea en la que decidieron retirarse del lugar. “Cuando no estábamos retirando, vemos que ellos vienen bajando del terraplén”, contó.[13]
“(…) quedamos enfrentados a 30 metros de distancia más o menos. Ahí empezaron piedrazos de ellos, piedrazos de nosotros y, en ese momento, vemos que de atrás de un auto sale uno tirando. Viene del lado izquierdo hacia el medio de la calle. Era morrudito, de remera azul. No los conté, pero creo que hizo al menos tres o cuatro tiros”, indicó este testigo que señaló que alrededor del tirador se encontraban “todos juntos” los acusados Sánchez, Pipitó, Uño y González.[14]
Y añadió: “Cuando se quedaron sin balas, ellos corrieron hacia el terraplén y nosotros corrimos detrás suyo. Llegamos hasta dos patrulleros que estaban atravesados y no pudimos hacer nada. Les dijimos que nos agarraron a los tiros, que esto, que lo otro, pero no nos dieron una solución, ¿me explico? No había policía cuando se nos vinieron. Estábamos nosotros y ellos, nadie más”.[15]
Por su lado, Del Papa también dijo haber estado en el lugar de los hechos aunque no brindó demasiadas precisiones. Sólo dijo que escuchó “una única detonación” a sus espaldas y realizó una descripción del tirador que no coincidió con ninguna de las otras realizadas por otros testigos presenciales.
El crimen del militante XVI
El martes 23 de octubre declaró como testigo en el juicio por el crimen de Ferreyra el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero mientras que el tribunal a cargo del debate prorrogó por seis meses las prisiones preventivas de los acusados del homicidio del militante del PO a los que se les vencían los dos años de plazo para estar detenidos sin sentencia.
“El sindicato es vertical, todas las decisiones las toma Pedraza”, afirmó Sobrero, quien encabezaba la Lista Bordó dentro Unión Ferroviaria, opuesta a la del ex titular del gremio e imputado del asesinato. El testigo también dijo que el sindicato prefería tener tercerizados que sumar nuevos afiliados y que antes del crimen del militante del PO la única vez que Pedraza aceptó incorporar a los mercerizados fue cuando acordó con Claudio Cirigliano, ex concesionario del ferrocarril Sarmiento.[1]
“Me consta la actitud que tuvieron contra los tercerizados, cuando empieza el conflicto en el Roca el gremio gestiona aumentos de salarios para tercerizados que incluso eran de otro gremio, como la UOCRA, pero no el pase a planta permanente, aunque todos cumplían con funciones ferroviarias”, afirmó Sobrero, quien en septiembre de 2011 estuvo detenido tras ser imputado de asociación ilícita por los incendios en el ferrocarril Sarmiento ocurridos en mayo de ese año en Ciudadela y Ramos Mejía aunque el delegado fue liberado días después por la “endeblez” de las pruebas en su contra y finalmente quedó sobreseído. [2]
En la misma jornada declaró Rubén Núñez, un empleado de la empresa de servicios de Seguridad Mapra SRl que hasta enero de 2011 estuvo contratada en el Roca y que el día del crimen trabajó en la estación Avellaneda, desde donde luego siguió al grupo de ferroviarios que se habían concentrado para evitar el corte de vías de los manifestantes.
“Iban con piedras, palos y botellas en las manos, siguiendo a los manifestantes. Ahí me fui. Me la vi venir”, declaró el testigo que agregó que luego de retirarse se enteró por la televisión que se había producido incidentes y que “ya hablaban de un muerto”.[3]
En tanto, en la audiencia del martes 30 de octubre, declaró Aldo Amuchastegui, un delegado de la Unión Ferroviaria que el día del crimen se movilizó junto a las vías del Roca donde, según él, fue agredido por el grupo de Ferreyra.
“Fueron los militante del Partido Obrero los que nos dieron un paliza bastante fuerte”, dijo el testigo que destacó que el acusado Díaz era “un buen delegado”.[4]
Amuchastegui, testigo propuesto por los defensores de los ferroviarios imputados, contó que al llegar al lugar vio a gente del PO “con la cara tapada” y “palos” y que los “agredieron con una lluvia incesante de piedras”.
Por último, este testigo admitió haber escuchado disparos de armas de fuego pero aseguró no haber visto los tiradores.
En similar sentido se expresó Ricardo Arias, del sector pinturería de los talleres de Remedios de Escalada, quien al declarar el jueves 1 de noviembre reconoció haber ido a la movilización junto a las vías donde se manifestaban los tercerizados y los militantes del PO donde admitió haber escuchado “cinco o seis detonaciones” pero que no vio a ningún tirador.
Ese mismo día declaró Verónica Del Anna, empleada de Ferrobaires, que dijo que al acusado Díaz lo encontraba habitualmente en el entrepiso de Constitución, donde funcionan las oficinas del sindicato, pero que tras el crimen de Ferreyra no lo volvió a ver por ese lugar. La testigo también negó la versión de Severo, quien había declarado que ella le contó sobre la reunión en el Museo Ferroviario de Avellaneda antes del homicidio.
Por su parte, la ex funcionaria de la subsecretaría de Transporte Ferroviario, Graciela Cavazza, declaró que el día del crimen se comunicó varias veces con el imputado Fernández a pedido del secretario del área, Juan Pablo Schiavi, sólo para verificar “si estaban dadas las condiciones para la prestación del servicio”.[5]
A su turno, Marcelo Suárez, empleado de los talleres de Remedios de Escalada, declaró que el acusado Díaz fue quien los convocó “para ir a Avellaneda a hacer acto de presencia y evitar corte de vías” el día del crimen pero que no vio nada de lo que sucedió con la víctima.
También declaró otro compañero de Suárez, que admitió haber sido convocado a la movilización de los ferroviarios a Avellaneda. “Cuando habíamos bajado de las vías, se ve que un grupo se amontonaba a dos cuadras, venía hacia nosotros y la multitud se fue hacia ellos. No escuché una orden de ir hacia allá, yo vi que iban y fui. Venían mujeres y chicos corriendo hacia nosotros y, de repente, se abren y había tres barreras de hombres con piedras, bulones y palos que nos querían matar. Me escondí atrás de tacho con cemento de 200 litros. Luego, cuando pude, salí y volví a las vías y a casa”, relató.[6]
El delegado Jorge Dotta declaro luego que el día del crimen él fue y volvió de Avellaneda desde Claypole en auto y junto a Gustavo Amarilla y el imputado Uño, y que recién se enteró de que había un muerto cuando regresaba y lo llamaron su esposa y madre para preguntarle qué había pasado.
Por su lado, el delegado jubilado Jorge Krazcowski declaró sobre la movilización de los ferroviarios: “Como se sabía que iba a haber corte, fuimos a impedirlo”.[7]
Krascowski negó que los mercerizados fuesen ferroviarios y que “los del PO se estaban retirando” cuando los agresores corrieron hacia ellos.
Por último, el testigo admitió que había visto al acusado Favale en septiembre de 2010 cuando se produjo un bloqueo de boleterías también en el marco del conflicto con los mercerizados.
“El sindicato es vertical, todas las decisiones las toma Pedraza”, afirmó Sobrero, quien encabezaba la Lista Bordó dentro Unión Ferroviaria, opuesta a la del ex titular del gremio e imputado del asesinato. El testigo también dijo que el sindicato prefería tener tercerizados que sumar nuevos afiliados y que antes del crimen del militante del PO la única vez que Pedraza aceptó incorporar a los mercerizados fue cuando acordó con Claudio Cirigliano, ex concesionario del ferrocarril Sarmiento.[1]
“Me consta la actitud que tuvieron contra los tercerizados, cuando empieza el conflicto en el Roca el gremio gestiona aumentos de salarios para tercerizados que incluso eran de otro gremio, como la UOCRA, pero no el pase a planta permanente, aunque todos cumplían con funciones ferroviarias”, afirmó Sobrero, quien en septiembre de 2011 estuvo detenido tras ser imputado de asociación ilícita por los incendios en el ferrocarril Sarmiento ocurridos en mayo de ese año en Ciudadela y Ramos Mejía aunque el delegado fue liberado días después por la “endeblez” de las pruebas en su contra y finalmente quedó sobreseído. [2]
En la misma jornada declaró Rubén Núñez, un empleado de la empresa de servicios de Seguridad Mapra SRl que hasta enero de 2011 estuvo contratada en el Roca y que el día del crimen trabajó en la estación Avellaneda, desde donde luego siguió al grupo de ferroviarios que se habían concentrado para evitar el corte de vías de los manifestantes.
“Iban con piedras, palos y botellas en las manos, siguiendo a los manifestantes. Ahí me fui. Me la vi venir”, declaró el testigo que agregó que luego de retirarse se enteró por la televisión que se había producido incidentes y que “ya hablaban de un muerto”.[3]
En tanto, en la audiencia del martes 30 de octubre, declaró Aldo Amuchastegui, un delegado de la Unión Ferroviaria que el día del crimen se movilizó junto a las vías del Roca donde, según él, fue agredido por el grupo de Ferreyra.
“Fueron los militante del Partido Obrero los que nos dieron un paliza bastante fuerte”, dijo el testigo que destacó que el acusado Díaz era “un buen delegado”.[4]
Amuchastegui, testigo propuesto por los defensores de los ferroviarios imputados, contó que al llegar al lugar vio a gente del PO “con la cara tapada” y “palos” y que los “agredieron con una lluvia incesante de piedras”.
Por último, este testigo admitió haber escuchado disparos de armas de fuego pero aseguró no haber visto los tiradores.
En similar sentido se expresó Ricardo Arias, del sector pinturería de los talleres de Remedios de Escalada, quien al declarar el jueves 1 de noviembre reconoció haber ido a la movilización junto a las vías donde se manifestaban los tercerizados y los militantes del PO donde admitió haber escuchado “cinco o seis detonaciones” pero que no vio a ningún tirador.
Ese mismo día declaró Verónica Del Anna, empleada de Ferrobaires, que dijo que al acusado Díaz lo encontraba habitualmente en el entrepiso de Constitución, donde funcionan las oficinas del sindicato, pero que tras el crimen de Ferreyra no lo volvió a ver por ese lugar. La testigo también negó la versión de Severo, quien había declarado que ella le contó sobre la reunión en el Museo Ferroviario de Avellaneda antes del homicidio.
Por su parte, la ex funcionaria de la subsecretaría de Transporte Ferroviario, Graciela Cavazza, declaró que el día del crimen se comunicó varias veces con el imputado Fernández a pedido del secretario del área, Juan Pablo Schiavi, sólo para verificar “si estaban dadas las condiciones para la prestación del servicio”.[5]
A su turno, Marcelo Suárez, empleado de los talleres de Remedios de Escalada, declaró que el acusado Díaz fue quien los convocó “para ir a Avellaneda a hacer acto de presencia y evitar corte de vías” el día del crimen pero que no vio nada de lo que sucedió con la víctima.
También declaró otro compañero de Suárez, que admitió haber sido convocado a la movilización de los ferroviarios a Avellaneda. “Cuando habíamos bajado de las vías, se ve que un grupo se amontonaba a dos cuadras, venía hacia nosotros y la multitud se fue hacia ellos. No escuché una orden de ir hacia allá, yo vi que iban y fui. Venían mujeres y chicos corriendo hacia nosotros y, de repente, se abren y había tres barreras de hombres con piedras, bulones y palos que nos querían matar. Me escondí atrás de tacho con cemento de 200 litros. Luego, cuando pude, salí y volví a las vías y a casa”, relató.[6]
El delegado Jorge Dotta declaro luego que el día del crimen él fue y volvió de Avellaneda desde Claypole en auto y junto a Gustavo Amarilla y el imputado Uño, y que recién se enteró de que había un muerto cuando regresaba y lo llamaron su esposa y madre para preguntarle qué había pasado.
Por su lado, el delegado jubilado Jorge Krazcowski declaró sobre la movilización de los ferroviarios: “Como se sabía que iba a haber corte, fuimos a impedirlo”.[7]
Krascowski negó que los mercerizados fuesen ferroviarios y que “los del PO se estaban retirando” cuando los agresores corrieron hacia ellos.
Por último, el testigo admitió que había visto al acusado Favale en septiembre de 2010 cuando se produjo un bloqueo de boleterías también en el marco del conflicto con los mercerizados.
El crimen del militante XV
Doce días después de haber desaparecido por unas 24 horas, Severo finalmente declaró como testigo en el juicio por el crimen de Ferreyra. “Vine acá a decir mi verdad”, dijo el ferroviario apenas se sentó frente al Tribunal vistiendo un chaleco antibalas y protegido por tres gendarmes.[1]
Respecto del homicidio, el testigo declaró que el día anterior al hecho hubo una reunión en el Museo Ferroviario Bonaerense, en Avellaneda, con “gente de Ferrobaires y de la Unión Ferroviaria” pero que nunca supo qué se habló en ese encuentro, aunque aclaró que en ese lugar se hacían reuniones “para generar algo, como si había que salir a manifestar o a un acto político”.[2]
“El 20 sucede algo horrible, mi vivienda es tiroteada, se me acercan ferroviarios a contar lo sucedido y a través de otro, Ricardo Guardo, me entero que Benítez fue convocado para ir a Avellaneda a ´sacar a esos zurdos´", dijo Severo en referencia a Alejandro Benítez, un testigo protegido.[3]
Severo relató que la madrugada posterior al crimen recibió en su casa de Gerli una nota manuscrita con datos sobre quién había sido el autor de los disparos que mataron al joven militante del PO.
También dijo que un empleado que había sido subordinado suyo en las oficinas de la empresa en Constitución, apodado “Muqueño”, guardaba armas supuestamente provistas por “algunas bandas de Ferrobaires” en una precaria casa en los terrenos del ferrocarril, que le había dado como vivienda tras dormir en un vagón.
-¿Qué tiene que decir de José Pedraza? -preguntó el abogado Froment al testigo.
-Tengo que decir que tuvo una responsabilidad o irresponsabilidad después del 90´, de querer ser empresario y eso llevó a ferroviarios a perder puestos, a que se tercerizara, lo sabíamos todos, nos dejó a 50.000 sin trabajo por los arreglos que tenía con Carlos Menem.
-¿Que los ramales se cerraran era responsabilidad de Pedraza o del gobierno de turno? –continuó el letrado hasta que el tribunal le indicó que no avanzara con esa pregunta.
-Me refiero a que no fuimos defendidos, nos entregaron. Él como dirigente gremial tendría que habernos cubierto y no dijo nada.
En la misma jornada declaró Lucas Lescano, quien dijo que le ofrecieron 50 pesos por dos redoblantes y un repique para concurrir al desalojo de los manifestantes que cortaban las vías el día del crimen a favor de los mercerizados.
“Un conocido de un campeonato de fútbol al que le dicen `Chavo` me ofreció esa plata por cada instrumento para tocar como murga. Como yo la necesitaba fui”, dijo el testigo y agregó que lo “levantaron” en un micro que pasó a unas cuadras de su casa en Florencio Varela y que los dejó junto a las vías en Avellaneda.[4]
Lescano declaró que no se unió al grupo de loa ferroviarios aunque, según los pesquisas, en uno de los videos se los ve junto al acusado Favale. Sin embargo, el testigo negó conocerlo aunque admitió que era de su padre un Nextel desde el que se realizaron 32 llamadas al aparato del imputado y 36 desde el de éste al suyo después del crimen.
En tanto, en la audiencia del jueves 18 de octubre, el empleado ferroviario Marcelo González identificó al acusado Favale como el autor del disparo que mató a Ferreyra y también complicó al imputado Díaz al ubicarlo en la escena del crimen dando órdenes y arengando a los trabajadores que habían convocado.
“Yo lo ví al loco de mierda este, disculpe la expresión, pero es un loco de mierda, disparar y al chico agarrándose la panza”, contó el testigo en referencia a Favale, sobre quien dijo que era conocido entre los ferroviarios y que el comentario era que trabajaba como “custodio” del delegado Díaz.[5]
“Yo solo escuché las detonaciones de Favale, porque lo tenía al lado”, afirmó el testigo y añadió que tras los disparos lo escuchó gritar en dirección a Díaz: “¿Viste que le di en la panza?”.[6]
Respecto de Díaz, González contó que cuando se encontraban en Avellaneda, el delegado los trató de “cagones” porque no bajaban de las vías para agredir a los manifestantes. Después, dijo, se produjo la primera serie de hechos violentos y la movilización se trasladó a Barracas donde vio que “de repente llegó un grupo” cuyos integrantes “venían eufóricos”, y entre ellos reconoció a Favale.
González explicó que para ese momento los manifestantes ya estaban a unas tres cuadras de ellos, por lo que “la idea era correrlos para que se asusten”. Además, dijo que él llevaba un ladrillo en una mano pero que lo soltó cuando se produjo una nueva pelea.
“Corrí y mientras retrocedo, lo vi patente, uno de los chicos del PO se agarró la panza y se tiró para atrás, yo después me entero que el chico este era Mariano”, indicó el testigo y agregó que luego se fueron del lugar sin que la policía intentara detener a nadie y que al día siguiente, en el trabajo, “era un silencio total, la gente estaba asustada”.[7]
Otro de los acusados, el “Payaso” Sánchez, también quedó comprometido cuando en la jornada del lunes 22 de octubre, el testigo protegido Diego Cardías describió a uno de los tiradores con características fisonómicas muy similares a las suyas. Este testigo dijo que vio a esta persona disparar cinco veces justo antes de que Ferreyra cayera baleado.
También contó que antes de ir ala convocatoria ferroviaria en Avellaneda, pasó por la estación de Remedios de Escalada donde vio al delegado Díaz organizando a un grupo de trabajadores
Respecto del homicidio, el testigo declaró que el día anterior al hecho hubo una reunión en el Museo Ferroviario Bonaerense, en Avellaneda, con “gente de Ferrobaires y de la Unión Ferroviaria” pero que nunca supo qué se habló en ese encuentro, aunque aclaró que en ese lugar se hacían reuniones “para generar algo, como si había que salir a manifestar o a un acto político”.[2]
“El 20 sucede algo horrible, mi vivienda es tiroteada, se me acercan ferroviarios a contar lo sucedido y a través de otro, Ricardo Guardo, me entero que Benítez fue convocado para ir a Avellaneda a ´sacar a esos zurdos´", dijo Severo en referencia a Alejandro Benítez, un testigo protegido.[3]
Severo relató que la madrugada posterior al crimen recibió en su casa de Gerli una nota manuscrita con datos sobre quién había sido el autor de los disparos que mataron al joven militante del PO.
También dijo que un empleado que había sido subordinado suyo en las oficinas de la empresa en Constitución, apodado “Muqueño”, guardaba armas supuestamente provistas por “algunas bandas de Ferrobaires” en una precaria casa en los terrenos del ferrocarril, que le había dado como vivienda tras dormir en un vagón.
-¿Qué tiene que decir de José Pedraza? -preguntó el abogado Froment al testigo.
-Tengo que decir que tuvo una responsabilidad o irresponsabilidad después del 90´, de querer ser empresario y eso llevó a ferroviarios a perder puestos, a que se tercerizara, lo sabíamos todos, nos dejó a 50.000 sin trabajo por los arreglos que tenía con Carlos Menem.
-¿Que los ramales se cerraran era responsabilidad de Pedraza o del gobierno de turno? –continuó el letrado hasta que el tribunal le indicó que no avanzara con esa pregunta.
-Me refiero a que no fuimos defendidos, nos entregaron. Él como dirigente gremial tendría que habernos cubierto y no dijo nada.
En la misma jornada declaró Lucas Lescano, quien dijo que le ofrecieron 50 pesos por dos redoblantes y un repique para concurrir al desalojo de los manifestantes que cortaban las vías el día del crimen a favor de los mercerizados.
“Un conocido de un campeonato de fútbol al que le dicen `Chavo` me ofreció esa plata por cada instrumento para tocar como murga. Como yo la necesitaba fui”, dijo el testigo y agregó que lo “levantaron” en un micro que pasó a unas cuadras de su casa en Florencio Varela y que los dejó junto a las vías en Avellaneda.[4]
Lescano declaró que no se unió al grupo de loa ferroviarios aunque, según los pesquisas, en uno de los videos se los ve junto al acusado Favale. Sin embargo, el testigo negó conocerlo aunque admitió que era de su padre un Nextel desde el que se realizaron 32 llamadas al aparato del imputado y 36 desde el de éste al suyo después del crimen.
En tanto, en la audiencia del jueves 18 de octubre, el empleado ferroviario Marcelo González identificó al acusado Favale como el autor del disparo que mató a Ferreyra y también complicó al imputado Díaz al ubicarlo en la escena del crimen dando órdenes y arengando a los trabajadores que habían convocado.
“Yo lo ví al loco de mierda este, disculpe la expresión, pero es un loco de mierda, disparar y al chico agarrándose la panza”, contó el testigo en referencia a Favale, sobre quien dijo que era conocido entre los ferroviarios y que el comentario era que trabajaba como “custodio” del delegado Díaz.[5]
“Yo solo escuché las detonaciones de Favale, porque lo tenía al lado”, afirmó el testigo y añadió que tras los disparos lo escuchó gritar en dirección a Díaz: “¿Viste que le di en la panza?”.[6]
Respecto de Díaz, González contó que cuando se encontraban en Avellaneda, el delegado los trató de “cagones” porque no bajaban de las vías para agredir a los manifestantes. Después, dijo, se produjo la primera serie de hechos violentos y la movilización se trasladó a Barracas donde vio que “de repente llegó un grupo” cuyos integrantes “venían eufóricos”, y entre ellos reconoció a Favale.
González explicó que para ese momento los manifestantes ya estaban a unas tres cuadras de ellos, por lo que “la idea era correrlos para que se asusten”. Además, dijo que él llevaba un ladrillo en una mano pero que lo soltó cuando se produjo una nueva pelea.
“Corrí y mientras retrocedo, lo vi patente, uno de los chicos del PO se agarró la panza y se tiró para atrás, yo después me entero que el chico este era Mariano”, indicó el testigo y agregó que luego se fueron del lugar sin que la policía intentara detener a nadie y que al día siguiente, en el trabajo, “era un silencio total, la gente estaba asustada”.[7]
Otro de los acusados, el “Payaso” Sánchez, también quedó comprometido cuando en la jornada del lunes 22 de octubre, el testigo protegido Diego Cardías describió a uno de los tiradores con características fisonómicas muy similares a las suyas. Este testigo dijo que vio a esta persona disparar cinco veces justo antes de que Ferreyra cayera baleado.
También contó que antes de ir ala convocatoria ferroviaria en Avellaneda, pasó por la estación de Remedios de Escalada donde vio al delegado Díaz organizando a un grupo de trabajadores
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